En su toma de protesta, el también conocido como “Tano” Pérez
habría prometido rendición de cuentas de todos aquellos que, aprovechándose de
su cargo y abusando del poder, se enriquecieron lícitamente.
Textualmente citó: “Estoy recibiendo una administración pública,
sumida en el más profundo descrédito social, producto de un marcado desaseo en
las finanzas públicas, donde la corrupción, intolerancia, incapacidad y la falta
de voluntad, han sido la constante en estos tres años de gobierno
municipal”.
Encarrerado, el edil panista expuso que afortunadamente para los
comundeños, la administración de Joel Villegas Ibarra había terminado y, por lo
tanto, las cosas iban a cambiar, pero amagó que revisaría a profundidad todas y
cada una de las cuentas, para después adelantar: “Nos llevará tiempo, pero vamos
a reunir todas las pruebas y, con el resultado de la auditoría, vamos a
determinar el grado de responsabilidad de cada funcionario saliente; y de
encontrarse culpabilidad en el desvío de recursos públicos, haremos que se
aplique todo el peso de la Ley, porque como lo dije en campaña, no nos
temblará la mano para denunciar sí existen actos de corrupción en la
anterior administración, y exigiremos al Congreso del Estado que se finquen
responsabilidades también a diputados anteriores que irresponsablemente
autorizaron créditos millonarios a la administración que se va”.
Es así como, hoy por hoy, sus promesas de campaña se están
cristalizando, a excepción de todos los ediles que entraron, ya que según datos
recabados por ZETA, es cuestión de horas o días para que los
primeros en la lista, denunciados penalmente por el alcalde Venustiano Pérez
Sánchez, comiencen a ser citados a declarar.
Ellos son:
1. Joel Villegas Ibarra, ex alcalde de
Comondú.
2. Julio Vega Pérez, ex secretario general de
Gobierno.
3. Sergio Avilés Mendoza, ex tesorero
municipal.
4. Arturo Peña Valles, ex sindico municipal.
5. Elpidio Martínez Delgado, ex gerente del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SAPA).
6. Enrique Bojórquez Cárdenas, ex administrador
del SAPA.
7. Antonio Espinoza Estrada, ex director de
Ingresos de la tesorería municipal.
Como responsable de salvaguardar el patrimonio y la Hacienda
pública del Ayuntamiento de Comondú, el síndico municipal Héctor Misael Solís
fue el responsable de radicar las denuncias penales en contra de los ex
servidores públicos, acusando a sus antecesores del delito de peculado, ya que
-según se explica en una de las denuncias- se apropiaron indebidamente de poco
más de 60 millones de pesos, pertenecientes al Ayuntamiento de Comondú,
aprovechándose que se encargaban del control y custodia del dinero.
Pero eso no parece importarle mucho al ex edil del Partido de la
Revolución Democrática (PRD), pues cuando las querellas se presentaban
formalmente en la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Especializado
en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE), Joel Villegas Ibarra se encontraba acompañado de sus
hijos Antonio y Joel, tomándose unas bebidas embriagantes en el bar
Mundos de La Paz, localizado en las calles Revolución, esquina Manuel
Márquez de León.
Las denuncias
Las siete denuncias presentadas en contra de los ex funcionarios
derivan del desvío de dinero destinado a obra pública, donde todos los señalados
manotearon e hicieron su agosto, sobre todo respecto a una parte del recurso del
crédito bancario de los 67 millones 680 mil 054 pesos que el Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) otorgó al Ayuntamiento de Comondú el 16 de
octubre de 2009.
El contrato del préstamo fue autorizado por regidores de la
anterior administración, en las sesiones de Cabildo 25 y 2, del 18 de mayo, y
del 5 de junio del 2009, y el cual posteriormente fue validado el 30 de
septiembre por los diputados a través del Decreto número 1806, publicado en el
boletín oficial del gobierno del estado de Baja California Sur.
En la solicitud aparecen las firmas de Joel Villegas Ibarra, ex
presidente municipal, Julio Vega Pérez, ex secretario general y Sergio Avilés
Mendoza, ex tesorero, donde claramente se estableció que el dinero solicitado
sería para los siguientes conceptos: Construcción de pavimento de concreto
hidráulico, construcción de pavimento asfáltico, rehabilitación de calles,
saneamiento hidráulico; saneamiento sanitario, alumbrado público, nomenclatura,
edificaciones y obras de protección, así como equipo y maquinaria.
Sin embargo, la auditoría elaborada por el gobierno del panista
Venustiano Pérez Sánchez arrojó como resultado que parte del dinero de ese
crédito no fue utilizado, tal como estaba previsto en el contrato. De hecho el
recurso fue desviado a cuentas bancarias de amigos, familiares y hasta ex
funcionarios.
Otra parte se gastó en compras y supuestas obras, a pesar de que
existía un apartado que contemplaba sustituir uno o más proyectos asociados al
destino de dinero, siempre y cuando BANOBRAS recibiera una solicitud de
autorización previamente por escrito, pero la administración de Joel Villegas
Ibarra desvió el destino del dinero.
Fue así que se detectaron “terribles
sobreprecios y alteraciones a gran escala” en los supuestos gastos ejercidos sin
autorización del Banco Nacional, según explicó el alcalde del PAN a
ZETA.
Las irregularidades más graves respecto al manejo de ese dinero,
fueron las encontradas en la supuesta adquisición de camas hospitalarias, pago
de mano de obra del programa de ahorro y subsidio Tu Casa, construcción
de 50 recámaras adicionales del programa Tu Casa, edificación de la
segunda etapa de ciclopista en la colonia Pioneros de Ciudad Constitución;
además del programa de rescate de espacios públicos, Programa Hábitat
2009, reparación de bordos, sincronización, suministro e instalación de
controladores automatizados con sensores y reubicación de cuatro semáforos
dentro de Ciudad Constitución.
De igual manera, la elaboración de proyecto de
recuperación de playa La Curva, de Puerto San Carlos, Baja California Sur.
Una vez entregada la información bancaria y tras haber cotejado
cada uno de los movimientos de la cuenta número 65-50253014-3 del banco
Santander de la sucursal 4557 de Ciudad Constitución, en la
investigación contable se detectó un sinnúmero de traspasos a cuentas personales
de ex funcionarios del Ayuntamiento de Comondú.
Los rastreos se hicieron a través de transferencias bancarias de
la CLABE 014042655025301439 hacia otras cuentas del mismo banco y de otras
instituciones, y ya en la investigación contable y revisión de datos, se
descubrió que pertenecen a amigos, familiares y ex funcionarios del gobierno de
Joel Villegas Ibarra.
En esas denuncias no se descarta que el delegado de BANOBRAS, Luis
Benito Ruiz Bogarain, vaya a ser citado a declarar porque, como responsable de
verificar el destino del dinero, “no cumplió con su obligación de dar
seguimiento, y tampoco indagó sobre la aplicación de los recursos ejercidos al
amparo del contrato; comprobación contemplada como obligatoria en la cláusula
décima cuarta, a partir de la disposición del dinero.
A decir de algunos funcionarios de la nueva administración
municipal, el funcionario bancario “… jamás solicitó a probar ante ninguna
autoridad que las obras y adquisiciones establecidas dentro del contrato con
recursos del crédito, fueron licitadas conforme establecen las disposiciones
legales. Evadieron la ley impunemente, solapados por instancias federales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario