martes, 14 de febrero de 2012

ORDENA CORONEL EJECUTAR DESERTORES EN NUEVO CASAS GRANDES

Reforma
Distrito Federal– Un Coronel de Infantería del Ejército Mexicano está bajo proceso penal por ordenar en enero de 2010 la tortura, ejecución e incineración de dos desertores que, presuntamente, abandonaron las Fuerzas Armadas para integrarse al cártel de La Línea.


Se trata del Coronel Elfego José Luján Ruiz, quien en la época de los hechos era el Comandante del 35 Batallón de Infantería adscrito a Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.


Los desertores se llamaban Mario Alberto Guerrero León, "El Janos", y Mario Alberto Peralta Rodríguez, "El Capulina", según consta en la causa penal 181/2010 del Juzgado Quinto Militar adscrito a la Primera Región.


Al menos 15 elementos al mando del coronel narraron en sus declaraciones a fiscales militares que Luján Ruiz les ordenó "trabajar" a los desertores para que aportaran información sobre La Línea.


Cuando ambos confesaron que pertenecían a ese grupo criminal, tras ser sometidos a tortura con descargas eléctricas, el teniente a cargo de los interrogatorios llamó al coronel.


"Le solicité instrucciones", declaró, "y recuerdo que me ordenó: 'se tienen que deshacer de la basura', y recuerdo que le pregunté la forma en que lo deberíamos hacer, a lo que dicho jefe me contestó: 'mátenlos'".


Acompañado por otros cinco elementos, el teniente llevó a los desertores a un paraje en la carretera donde fueron asfixiados con bolsas de plástico en la cabeza.


"Se ordenó al personal que juntara leña y colocara los cuerpos sobre ésta, y procedí a bañar ambos cadáveres con veinte litros de gasolina, misma que había pedido en el tren de transportes para el vehículo", narró otro de los tenientes acusados, cuyos nombres fueron censurados en la versión pública de los documentos judiciales consultados.


"Recuerdo que procedí a prenderles fuego para incinerarlos", agregó.


Pero la Fiscalía de Chihuahua descubrió los restos poco después, la Procuraduría General de Justicia Militar activó una investigación en febrero de 2010, y el 24 de marzo de ese año un juez castrense dictó formal prisión contra los involucrados, incluido Luján Ruiz.


La captura de "El Capulina" y "El Janos" fue precedida por varios incidentes de intimidación contra familiares de militares, por parte de supuestos sicarios de La Línea, que exigían el cese de operativos.


"Todo ello sirvió como mecanismo de temor fundado que existía entre todo el personal de ser sujetos de algún mal en su persona como en la de sus familias, situación que motivó bajo la orden del Coronel Luján que se actuara justificadamente de la manera en que ya fue señalado", declaró uno de los tenientes.


El nombramiento de Luján como Coronel de Infantería fue ratificado por la Cámara de Diputados el 23 de enero de 2008, luego de que el Presidente Felipe Calderón lo ascendió en noviembre de 2007.


En diciembre de 2009, Luján encabezó un operativo en Buenaventura, Chihuahua, que resultó en denuncias de organismos de derechos humanos sobre la desaparición forzada de dos personas, presuntamente a manos de la unidad militar encabezada por el Coronel.


A diferencia de otros casos de abusos y ejecuciones a cargo de mandos militares en el norte de Chihuahua, el expediente del coronel Luján y sus subordinados aún no ha sido enviado a la Suprema Corte de Justicia para que determine si el proceso en su contra debe ser desahogado ante un juez civil.


Documentan crímenes


De diciembre de 2006 a diciembre de 2011, la CNDH ha emitido 31 recomendaciones por ejecuciones extrajudiciales dirigidas a la Sedena, Marina y Secretaría de Seguridad Pública federal, principalmente, relacionadas con hechos que dejaron un saldo total de 47 civiles muertos.


Dos de las recomendaciones se registraron en 2007; 5, en 2008; 2, en 2009; 8, en 2010, y 14, en 2011.


Según el derecho internacional humanitario, una ejecución extrajudicial se define como el homicidio de manera deliberada de una persona por parte de un servidor público que se apoya en la potestad de un Estado para justificar el crimen.


A raíz de la difusión de una serie de abusos cometidos por personal militar en Ojinaga, Chihuahua, la CNDH reabrió una serie de expedientes sobre violaciones a los derechos humanos en ese estado de la República.


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