De abril de 2011 a la fecha, ni un dedo han movido los munícipes para
investigar a Rosa Delia Cota Montaño, Yuan Yee Cunningham y José Manuel Murillo
Peralta por desvío de fondos documentado bajo auditoría.
La excepción ha sido
Tano Pérez, quien el 4 de febrero presentó las primeras 7 denuncias penales en
contra de funcionarios de la anterior administración, vinculados a graves actos
de corrupción.
Gerardo Zúñiga Pacheco
Transcurrieron los meses de abril de 2011 a lo que va de febrero de este año,
y las promesas de campaña de los alcaldes priistas y perredistas de investigar
el saqueo y enriquecimiento ilícito de sus antecesores, parecieran haberse
perdido en el tiempo.
Peor aún, en vísperas de la contienda electoral federal, los
mandatarios prefirieron guardar bajo llave los resultados de las auditorías
antes de poder deslindar responsabilidades penales en contra de los ex alcaldes
del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rosa Delia Cota Montaño, Yuan
Yee Cunningham y José Manuel Murillo Peralta.
El silencio de los ediles del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), Esthela Ponce Beltrán y Jorge Avilés Pérez, y del PRD, Guillermo
Santillán Meza, no sólo es preocupante para la mayoría de los sudcalifornianos,
sino sospechoso.
Hasta cierto punto, el callar los convierte en cómplices de un
saqueo que quedó acreditado y oportunamente documentado en el resultado de las
famosas y cacaraqueadas auditorías, y que, para desgracia y mala fortuna de los
ciudadanos, no quedaron en nada ni tampoco llegaron a la justicia, a fin de que
los responsables fueran procesados por el desvío de millones de pesos.
Los nuevos alcaldes, como Jorge Avilés Pérez, de Loreto, hoy por
hoy prefieren movilizar estructuras priistas y empleados del Ayuntamiento
pagados con dinero público -como en su momento lo hiciera su antecesor
perredista, lo cual criticó una y otra vez- para eventos de corte político, como
el realizado el domingo 5 de febrero a favor del priista Isaís González Cuevas,
precandidato a senador y líder nacional de la Confederación Revolucionaria de
Obreros y Campesinos (CROC), en vez de actuar en contra del ex edil Yuan Yee
Cunningham, quien en virtud de la impunidad y de las “facilidades”, salió
huyendo de Loreto con las bolsas repletas de billetes.
El de Mulegé, Guillermo Santillán Meza, es un caso muy similar. En
vez de llamar a cuentas a su antecesor del PRD, José Manuel Murillo Peralta y su
ex tesorera, Santa Apodaca, acusados públicamente de un sinnúmero de desvíos,
pierde su tiempo en una lucha estéril en contra del delegado municipal de
Guerrero Negro, Benjamín Arce, a quien le impuso un secretario general para que
“mande y ordene” en la delegación; hasta le retiró el mando de la Policía como
una estrategia de asumir el control político de la segunda delegación más
importante de Baja California Sur.
Para colmo, el edil perredista está
enfrascado en un pleito con trabajadores municipales, a quienes retrasa el pago
de su sueldo, después de las compensaciones que en las últimas semanas, han sido
la causa de paros escalonados de empleados del Ayuntamiento.
En tanto, Esthela Ponce Beltrán prefiere concentrarse en la
organización del carnaval de La Paz y pagar millones de pesos en artistas, como
el cantante Espinoza Paz, en vez de actuar penalmente en contra de la líder del
PRD y su hoy aliada Rosa Delia Cota Montaño, a quien el 20 de diciembre de 2011,
prácticamente y de manera sospechosa, exoneró de cualquier culpa, bajo el
argumento que “… las auditorías no habían reflejado desvío de recursos públicos,
pero sí inconsistencias en trámites y comprobaciones en la realización de obras
públicas en el municipio”.
Paralelamente, la alcaldesa paceña promueve a figuras políticas
como la de su secretario general del Ayuntamiento, Francisco Martínez Mora, al
que impulsa como precandidato a diputado federal del Distrito 2 por el PRI, y
quien tendría que enfrentar a Jesús Flores Romero, ex líder del tricolor en Los
Cabos, en un proceso interno.
Las promesas
Las grandes expectativas que habían generado los hoy alcaldes
están terminando por esfumarse, porque hasta ahora -y a dos meses de cumplir su
primer año de gobierno-, no han sido capaces de consumar su principal promesa de
campaña: “Encarcelar a quienes saquearon y se enriquecieron con dinero
público”.
Lo dijeron una y otra vez en plena campaña y lo ratificaron en su
toma de protesta, y a la vuelta del tiempo, no respondieron a las expectativas
creadas, lo que se está tomando como “una soberana tomada de pelo” para los
electores.
El tema central de los discursos de Esthela Ponce Beltrán, Jorge
Avilés Pérez y Guillermo Santillán Meza en su toma de protesta, fue la
corrupción de sus antecesores y el deslinde de responsabilidades en contra de
quienes, bajo el amparo del poder, se enriquecieron inexplicablemente durante
tres años de gobiernos perredistas.
En los eventos que arrancaron el 25 y terminaron el 29 de abril
del año pasado, los ediles de La Paz, Loreto y Mulegé ofrecieron un “nuevo
trato” a los habitantes, en los que no predominara la simulación, apatía y
arrogancia que caracterizó a Rosa Delia Cota, Yuan Yee Cunningham y José Manuel
Murillo Peralta.
El primero en prometer fue el de Loreto, Jorge Avilés Pérez, en
cuyo discurso expresó que, en el marco de transparencia, haría una revisión
exhaustiva de las cuentas públicas que estaba dejando su antecesor, y de haber
elementos de prueba, “… se habrán de deslindar responsabilidades”.
La segunda en hablar de la rendición de cuentas fue Esthela Ponce
Beltrán, alcaldesa de La Paz, quien de arranque advirtió: “No se permitirá que
se repita la historia negra de corrupción y excesos de poder en la
administración pública”.
En presencia de su antecesora, la priista externó: “Los paceños no
queremos ser mudos testigos de cómo unos cuantos se enriquecen con dinero
público, mientras la mayoría sufre carestía y desempleo. Por eso no debemos
desdeñar que el pueblo quiere y debe tener cuentas claras, y nosotros tenemos el
deber de ver lo que recibimos y cómo lo recibimos”.
Ponce anunció entonces una auditoría, además de que se ajustaría a
los procedimientos contables y financieros para tener la certeza y seguridad de
que “nadie, absolutamente nadie, se burle de la Ley”.
El tercero y último en comprometerse fue el alcalde de Mulegé,
Guillermo Santillán Meza, quien de entrada afirmó que en un plazo de 60 días,
informaría el estado en que recibía la administración, y hasta juró por sus
padres “que no fabricaré culpables, pero tampoco solaparé a nadie”.
Presionado por la ciudadanía, Santillán declaró que “lo que
encuentre, y como lo encuentre, los habitantes de Mulegé van a saberlo, y
enviaré a las instancias correspondientes los documentos probatorios que
acrediten o que les informen, y que sean ellos quienes procedan; en
consecuencia, que sirva de ejemplo para que todos sepan que la Ley se respeta en
Muelgé y se respetan las instituciones, y a quienes no hagan bien las cosas,
desde ahorita les digo que deberán asumir la responsabilidad de sus actos”.
Discursos, poses y palabras que los vientos se llevaron, ya que
nada de lo que se prometió entonces, se ha cumplido a la fecha. Por el
contrario, alcaldes como la priista Esthela Ponce Beltrán hasta cambiaron de
parecer, y en un evidente pacto con los perredistas, por aquello del intento de
los millonarios créditos de diciembre pasado, exoneraron a sus antecesores, como
es el caso de Rosa Delia Cota Montaño.
El 20 de diciembre de 2011, la alcaldesa del PRI sorpresivamente
descartó que el Ayuntamiento paceño interpusiera denuncia penal o civil en
contra de la hoy líder del PRD.
“Las auditorías no han reflejado desvío de recursos, pero sí
ciertas inconsistencias en trámites y comprobaciones, como obras públicas que se
pagaron anticipadamente y estaban inconclusas”, afirmó, para complementar: “En
algunos casos los contratistas regresaron el dinero porque se venció el plazo de
la entrega de obra, por lo que estas irregularidades de alguna manera fueron
resarcidas”.
La alcaldesa no vio más que “fallas administrativas y falta de
comprobaciones de pagos” que -a su juicio- no reunían las características o
elementos de un desvío de recursos públicos, sin embargo, entregaría un informe
a la Contraloría General del Estado, a fin de que “sea la instancia la que
comente o diga lo que a su juicio corresponda”.
Las pruebas
Los alcaldes de La Paz, Loreto y Mulegé gastaron miles de pesos en
costosas auditorías que autorizaron y pagaron para detectar toda la corrupción,
desvío de recursos y abusos de poder de sus antecesores, y cuyos resultados no
han servido ni siquiera para recuperar parte del dinero saqueado, menos aún para
encarcelar a los culpables.
En el caso de La Paz, se detectó que 152 personas ajenas a la
administración municipal cobraron jugosos préstamos que oscilan entre 15 mil y
165 mil pesos, y que a pesar de las promesas de la alcaldesa priista, que
obligaría a los beneficiarios a regresar ese dinero público, hasta hoy no ha
podido, o, de plano, no ha querido hacer justo eso.
Ponce tampoco ha recuperado el dinero que no comprobaron los
antecesores, y que suma algunos millones de pesos con los que bien se podrían
iniciar obras de remodelación e iluminación de calles, banquetas, jardineras,
parques, señalización, grafiti, reparación de camiones recolectores de basura y
de patrullas; hasta la construcción de obras de infraestructura urbana.
En el caso de Loreto, en septiembre de 2011, el alcalde Jorge
Avilés Pérez declaró en entrevista con ZETA que el monto de lo
saqueado por su antecesor fue de 140 millones de pesos, según el resultado de la
investigación contable elaborada del primero de enero de 2010 al 30 de abril de
2011 por el despacho Vega Prieto y Asociados.
El edil del PRI mostró y exhibió pruebas de este desvío de dinero
público y hasta se dijo sorprendido de que en sus 25 años como servidor público,
nunca había presenciado “un acto de rapiña y pillería tan descarado, como el
cometido por el ex alcalde del PRD, Yuan Yee, el cual derivó hasta en un recorte
de 3.7 millones de pesos mensuales por parte del gobierno federal, como castigo
por haber dado mal uso a los recursos federales”.
El alcalde se quejó de que no quedó ni la sombra de los 44
millones de pesos que en 2009 fueron autorizados para obras de infraestructura y
equipamiento, ya que lo único que encontraron fue doble comprobación de gastos
de ese dinero de obras y equipos que no aparecieron por ningún lado, salvo las
facturas entregadas.
En el caso de Mulegé, la auditoría ordenada por el perredista
Guillermo Santillán Meza en contra de su antecesor arrojó de entrada un desvío
de 15 millones de pesos.
Los auditores detectaron once fondos que no registraban
movimientos desde 2009, en algunos casos de dos administraciones anteriores, la
del priista Marco Antonio Núñez Rosas y la del perredista Pedro Osuna López, las
cuales estaban a cargo de ex empleados y cuyos fondos económicos ya habían sido
retirados, o simplemente no existían. El dinero depositado en esas cuentas
fluctuó entre 500 pesos hasta 20 mil pesos.
La lista de involucrados es encabezada por la hoy diputada del
PRD, Edith Aguilar Villavicencio, seguida de Martín Ignacio Ibarra Zúñiga,
Margot García García, Santa Apodaca Peralta, Apolonio Ávalos Campos, Óscar Girón
Soto, Luis Torres Gutiérrez, Juan Guillermo Villa Bastida, José Ignacio Campoy
Aguilar y Jorge Marrón Pacheco.
Asimismo, los auditores detectaron fondos no registrados en la
administración de Guillermo Santillán Meza, como el caso del cajero Martín
Martínez Romero, quien tiene en su cuenta mil pesos del erario.
Las 30 cuentas bancarias a nombre del Ayuntamiento de Mulegé en
los bancos Bancomer y Banamex, registran -según auditores- un
sobregiro de 4 millones 292 mil 336 pesos con 38 centavos.
En la auditoría, los contadores consideraron la desaparición de 15
millones 191 mil 049 pesos con 12 centavos que estaba en un fondo en poder de
recaudadores como un caso “muy delicado y grave”.
En la revisión no apareció por
ningún lado, es decir, se desconoce el destino del dinero, por lo que se
procedió formalmente a solicitar la comprobación, aclaración o el reintegro de
recursos públicos, empezando por los ex funcionarios de las últimas dos
administraciones, que representan el 57 por ciento y 23 por ciento de una lista
de 19 personas.
Sin embargo, tal saqueo resulta insuficiente para que los alcaldes
cumplan sus promesas de campaña, lo que podría acarrear un voto de castigo en
las futuras elecciones, tanto locales como federales.
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