Delegado y subdelegado confirman que no hay reporte
del accidente; realizarán inspección la semana entrante…
Una vez que
se mida el impacto ambiental generado por ese compuesto químico, se
determinarán las sanciones correspondientes que van desde una sanción
administrativa hasta una denuncia penal
Claudio
Tiznado y Omar de la Vara
La canadiense
Timmins Gold que opera la Mina San Francisco en la comunidad de Estación Llano
en Santa Ana podría hacerse acreedora a una sanción administrativa y una
denuncia penal una vez que se mida el impacto ambiental causado por el derrame
de cianuro ocurrido el pasado 4 de abril de 2010, declaró el Subdelegado de
Inspección Industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(Profepa).
Héctor Guadalupe
Duarte Guzmán, dijo que a lo anterior se le sumará el agravante de omisión por
parte de la empresa, quien tampoco informó a la Profepa de la contingencia
ocurrida. El incidente sucedió en el periodo de Carlos Quiroz Narváez, quien ya
falleció, actualmente el titular de esa dependencia es Jorge Carlos Flores
Monge.
“No estuvimos enterados, no nos avisaron de
esa emergencia que tuvieron, lo que vamos hacer es una visita de inspección
exhaustiva en materia de impacto ambiental y de residuos peligrosos para ver
esa situación y cómo la atendieron, y por qué no avisaron a las autoridades”,
afirmó, “no es común que no avisen, es lo que se nos hace raro, por lo general
ante cualquier emergencia nos avisan por pequeña que esta sea, porque de alguna
otra forma nos enteramos y entonces las sanciones son más fuertes”.
De acuerdo al
artículo 414 del Código Penal Federal, en lo que respecta a omisión por daños
al medio ambiente, se impondrá hasta 9
años de prisión y de 300 a 3 mil días de multa al que ilícitamente o sin
aplicar las medidas de prevención y seguridad realice actividades de
producción, almacenamiento, tráfico, importación y exportación, transporte,
abandono, desecho, descarga o realice cualquier otra actividad con sustancias
consideradas peligrosas.
El artículo 416 del
mismo Código, establece que se impondrá de uno a 9 años de prisión y de 300 a 3
mil días de multa al que ilícitamente descargue, deposite o infrinja, autorice
u ordene aguas residuales, líquidos químicos o bioquímicos, desechos o
contaminantes en los suelos, subsuelos, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos o
demás depósitos o corrientes de agua, que cause un riesgo o daño a los recursos
naturales, flora o fauna, a la calidad del agua a los ecosistemas o al
ambiente.
El subdelegado de
Inspección Industrial dijo que a más tardar el próximo martes se realizará una
visita a la empresa en mención para hacer una revisión exhaustiva sobre el caso
del derrame y todo lo que tiene que ver con su operación en materia ambiental;
después de hacer la verificación se determinará si se entabla una denuncia penal
o si solo se le impone una sanción administrativa, o bien si aplican las dos
situaciones.
“Nosotros tenemos
personal para hacer las inspecciones normales y en este caso se le ordenará a
la mina que haga una evaluación del sitio, para que ellos contraten una empresa
especializada de muestreos a profundidades, que determinen si hubo
contaminación”, expuso, “pero primero tenemos que circunstanciar y comprobar el
hecho de que hubo un derrame y con base
en eso si se requiere hacer algún programa de remediación del sitio pues lo
tendrán que hacer”.
Cuando se realiza
una visita a una empresa nunca se le avisa porque se les puede poner en
antecedente y en caso de que se tenga algo que esconder se tiene la oportunidad
de hacerlo, pero en este caso en base a lo que salió publicado en Dossier
Político ya deben estar esperando la inspección de Profepa, apuntó.
La dependencia
federal cuenta con un programa voluntario de certificación ambiental donde ya
algunas empresas del ramo minero están inscritas, pero no es el caso de la Mina
San Francisco, reveló, que además no está certificada en manejo del cianuro.
El esquema de
certificación ambiental es voluntario y las auditorías se hacen por medio de
auditores externos no con personal de Profepa, y además es voluntario para el
que quiera entrar, sostuvo.
En caso de que una
empresa acepte regirse por dicho programa, la Profepa le hace la auditoría y si
hay desviaciones u omisiones en el cumplimiento de la regulación ambiental se
hace un plan para corregirlo y una vez corregido se certifica a la empresa.
Duarte Guzmán apuntó
que en el caso de la Mina San Francisco nunca se habían tenido reportes sobre
este tipo de problemas en esa empresa, pues el tipo de quejas tenían que ver
con el polvo, que en su momento se atendió, pues este inconveniente lo generaba
un prestador de servicios que procesaba material.
A la fecha, después
de tres días de que Dossier Político publicara la nota sobre el derrame de
cianuro de sodio en dicha empresa, puntualizó aún no ha habido contacto entre
Profepa y los directivos de la minera.
CONFIRMA DELEGADO: NO HAY REPORTE DEL ACCIDENTE
Por su parte,
entrevistado por el reportero de casa, Omar de la Vara, el delegado en Sonora
de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Jorge Carlos Flores
Monge, reconoció que no tenía conocimiento de contaminación por cianuro de una
mina canadiense instalada en Santa Ana, fue hasta que leyó la información en
Dossier Político que tomaron nota del caso y este viernes acudirán inspectores
a revisar la citada mina.
“Efectivamente como
lo mencionas, no teníamos conocimiento alguno hasta que vimos el reportaje en
Dossier Político, después vimos una aclaración por parte de los mineros; sin
embargo, nosotros no escatimamos nada, inmediatamente nos abocamos al caso y
vamos a enviar una inspección general, no nada más sobre la emergencia que
relatan, sino toda la operación de la mina, sus permisos, sus documentos y cómo
está operando en la actualidad”, destacó a Dossier Político
Advierte el Delegado
que si en la inspección, la cual podría durar días, se encuentran indicios de
contaminación se exigirá una evaluación sobre algún derrame si lo hubo, si ya
se remedió el sitio, pero aun cuando ya esté subsanada la situación, se le
exigirá una explicación, una valoración a la empresa y por qué no se reportó en
su momento.
El funcionario
consideró que la única forma que no hubiera responsabilidades a la mina sería
que fuera un manejo normal de sus actividades diarias, de otra manera no, se
debió informar de manera inmediata a las autoridades:
“La única forma que
se aceptaría como válida que no se reportó, es que no hubiera sido una
emergencia, que hubiera sido un manejo normal de sus actividades cotidianas, un
manejo adecuado y que se haya mal
interpretado que se haya mal informado es la única manera en que nosotros, no
veríamos responsabilidades, siendo de otra
forma, aunque hubieran remediado bien y hubiera caído, de todas maneras
incurren en una responsabilidad”, expuso a DP el funcionario federal.
El delegado asegura
que una cuando la empresa minera tuviera todo el equipo y lo necesario para
contrarrestar una emergencia, está obligada legalmente a dar aviso a las
autoridades para que en conjunto se evalúe la situación y se dé un resolutivo
de la inspección y de las consecuencias:
“Si hubo
contaminación debe de haber algo ahí, por eso vamos a pedirle a ellos mismos
bajo nuestra supervisión aún que nos diga que no hay, que no lo hubo, tienen la
obligación de permitirnos el acceso y nosotros junto con ellos hacer una
evaluación tomar muestras si es necesario.
Aun cuando ellos lo
hayan hecho, todo lo que tengamos que hacer para deslindar cualquier tipo
responsabilidad, tendrán que hacerlo ellos también y bajo nuestra supervisión”
Jorge Carlos Flores
Monge adelantó que las sanciones a la empresa minera podría ser desde una amonestación
con apercibimiento en una falta menor que hayan incurrido o una sanción
económica que podría ir desde los 30 días de salario mínimo hasta los 50 mil
días de salario mínimo, es decir 3 millones de pesos.
Según Profepa,
existen 100 minas en Sonora, se han revisado el 60% y de las cuales seis han sido clausuradas por faltas graves,
filtraban contaminantes al ambiente o no contaban con sus documentaciones en
regla.
El Delegado hizo un
llamado a los sonorenses que viven cerca de las industrias mineras para que
denuncien cualquier irregularidad en el departamento de quejas y denuncias de
la Profepa ubicadas en Solidaridad y Colosio en el edifico de GNP seguros, se
atenderán de manera inmediata.
El lunes, Dossier
Político publicó que más de 2 mil habitantes de la comunidad de Estación Llano
en el Municipio de Santa Ana, se hallan en alerta ante el riesgo de una posible
contaminación de los mantos acuíferos que abastecen el agua para esa comunidad,
a causa de un derrame minero de entre 50 mil a 60 mil litros de cianuro de
sodio.
Dicha dispersión
ocurrió al interior de la Mina San Francisco ubicada a menos de un kilómetro de
ese centro de población el pasado 4 de abril de 2010, revelan pruebas
documentales en manos del reportero Claudio Tiznado.
Un formato de
reporte de investigación de contingencia ambiental al que tuvo acceso Dossier
Político (DP), revela que este hecho provocado por la negligencia de tres
trabajadores de esa empresa, que aconteció hace poco más de tres años, nunca
fue dado a conocer a la opinión pública por parte de la empresa minera.
Se desconoce si el
actual director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Enrique Martínez
Preciado y el ex delegado de la Comisión Nacional del Agua (CNA) en esa época,
Florencio Díaz Armenta, así como el alcalde de Santa Ana en el trienio
2009-2012, Luis Alfredo Bernal Ainza tuvieron acceso a esta información por
parte de la empresa contaminante.
También se ignora si
los ex delegados de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(Profepa), Ernesto Munro López y Rodolfo Flores Hurtado, de la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) supieron de esta contingencia,
pues cuando esto sucedió ellos eran los responsables de dichas dependencias en
la Entidad.
Esta hallazgo que
viene de nuevo a cimbrar a la minería en Sonora y a confirmar que los derrames
de sustancias peligrosas son frecuentes en esta industria, se suma al accidente
ocurrido hace un mes en que un camión cisterna que transportaba cianuro de
sodio se volteara en el kilómetro 167 en el tramo Hermosillo-Yécora derramando
de 2 mil 500 a 3 mil litros de ese compuesto.
El documento en
manos de DP, detalla técnicamente que el pasado 4 de abril de 2010 a las 03:00
am en el área de patios de lixiviación donde se sitúa un “cárcamo de rebombeo”,
que es una especie de máquina para bombear que va a parar a un depósito de líquidos,
los empleados encargados de supervisarlo, de nombres José Eduardo Navarrete y
Erick Mendoza Rivera cometieron una grave omisión al abandonar sus puestos de
trabajo sólo por irse a cenar, pues delegaron la responsabilidad que a ellos
les competía a un tercero que apenas llevaba mes y medio trabajando y que
descuidó la encomienda al ganarle el sueño.
Dicho trabajador de
nombre Ricardo Rendón Bernal, que tenía como encomienda checar los niveles del
cárcamo cuyo contenido se vierte en otras pilas o cisternas para separar el oro
de otros metales a través del cianuro, se desatendió de la tarea que le fue
otorgada y no se percató de que los niveles de los contenedores superaron su
área perimetral derramándose las soluciones que contenían el mortal compuesto químico
por espacio de media hora.
Lo peor de todo este
incidente, y que además deja al descubierto la falta de seguridad industrial en
este tipo de empresas, es que Rendón Bernal a pesar del descuido ni siquiera
fue el que avisó del accidente a sus jefes inmediatos, pues el que detectó el
derrame fue otro supervisor de nombre Enrique Villanueva que trabajaba en otra
área.
En la descripción
del evento que se explica en la bitácora de trabajo se establece textualmente
lo siguiente: “Dado que la solución llegó al entronque que comunica hacia la
mina y trituración, se pudo haber derramado aproximadamente un máximo de 60
metros cúbicos o lo equivalente a 60 mil litros de cianuro de sodio…”.
La cantidad
derramada expuesta en el reporte de investigación de contingencia ambiental de
la empresa que opera la empresa canadiense Timmins Gold es aritméticamente
superior en 20 veces a la que se vertió
accidentalmente en la sierra de Sonora a mediados de agosto pasado.
(DOSSIER
POLITICO/ Claudio Tiznado y Omar de la Vara / 2013-09-19)
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