Se acababa de conocer la noticia de que habían dejado en libertad a
Rafael Caro Quintero, cuando el gobierno de los Estados Unidos
desempolvó un expediente de 1987, donde una corte federal de California
lo acusa de conspiración para traficar mariguana y cocaína, de secuestro
y de asesinato. Coacusados son, por cierto, en este proceso, Inés
Calderón Quintero, muerto en Culiacán en marzo de 1988, Miguel Félix
Gallardo, preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano y Ernesto
Fonseca Carrillo, Don Neto.
Con los papeles en la mano, el gobierno norteamericano solicitó a su
par en México la detención preventiva de Caro Quintero con fines de
extradición. Así, a menos de una semana de haber obtenido su libertad
inusitada, el llamado en sus tiempos “Narco de narcos” se convirtió de
nuevo en un prófugo de la justicia.
Un juez de California ya había decretado el carpetazo del caso
Enrique Camarena Salazar, su agente de la DEA asesinado en México en
1985 y cuya autoría le achacaron a Rafael Caro, junto con Ernesto
Fonseca Carrillo, que busca ahora el beneficio de la libertad por
razones humanitarias, aunque sus salidas de la cárcel son frecuentes
desde hace años.
¿Que pretende el sistema judicial norteamericano al reactivar, 26
años después, un proceso contra Rafael Caro Quintero? ¿O no es el
sistema de justicia sino el poder central de los Estados Unidos? Si es
éste último podría pensarse hasta en un asunto más relacionado con el
orgullo gringo que con la justicia. Me mataste una gente y así sea 28
años después te siento en el banquillo.
Si es el sistema judicial, nadie pensará otra cosa que lo que
pretenden los jueces es llenarse los bolsillos de dólares en un proceso
del que Caro saldría librado en poco tiempo. La forma en que las cortes
norteamericanas han resuelto varias acusaciones contra narcotraficantes
de nuestro país da para que se hubieran ganado ya el cuestionamiento de
la opinión pública de los mexicanos, de los medios y del propio
Gobierno.
Pero no es así y, por el contrario, la autoridades mexicanas siguen
surtiendo de narcotraficantes detenidos las cortes de los Estados
Unidos, donde los acusados pactan su libertad logrando sentencias más o
menos cómodas y hasta ridículas, en algunos casos, como la de Sandra
Ávila Beltrán, con aceptaciones de culpabilidad y multas millonarias de
por medio.
Ahí está el caso de Javier Torres Félix el JT, que fue sellado en una
corte de California y nunca se supo en qué condiciones logró una
sentencia mínima —ocho años y se le consideró el tiempo que había estado
en cárceles mexicanas. Hace algunos meses salió de prisión y fue
deportado a México, donde fue detenido para ser juzgado por cargos que
aquí tenía pendientes.
Otra buena negociación con la justicia gringa fue la de Francisco
Rafael Arellano Félix, quien, tras ser extraditado en el 2006, fue
liberado y deportado a México en febrero del 2008.
Héctor Luis Palma Salazar, el Güero Palma, fue extraditado a Estados
Unidos el 2007 y en el 2009 fue sentenciado a 16 años de prisión. El
Güero Palma saldrá libre el 16 de julio del 2016, pues, igual que en la
mayoría de los casos, el juez le reconoció parte de los años que pasó en
prisiones mexicanas.
Juan José Quintero Payán es otro de los beneficiados por el “rudo”
gobierno norteamericano, pues, extraditado en 2010, saldrá libre en
abril de 2018, a pesar de que fue considerado como el segundo hombre en
importancia del cártel de Juárez, después de Amado Carrillo Fuentes.
Está pendiente el juicio contra Vicente Zambada Niebla, quien fue
arrestado en México en marzo del 2009 y extraditado en febrero de 2010.
El hijo de Ismael Zambada alegó “autoridad pública” por parte del
Gobierno de Estados Unidos, quien reconoció haber tenido encuentros con
el Vicentillo, previo a su detención. Y a partir de esa defensa,
desconocida hasta entonces, el juicio se entrampó y es hora de que no
inicia siquiera, lo cual hace suponer que, efectivamente, la familia
Zambada estuvo traficando drogas en acuerdo con el Gobierno
norteamericano.
Bola y cadena
¿PARA QUÉ QUIEREN A CARO? ¿Qué quieren exhibir los gringos? ¿A quién?
¿Venganza y escarmiento después de 28 años? ¿Por qué antes no
solicitaron su extradición? ¿Se lo va a entregar el Gobierno mexicano?
No creo. Y entonces tendrán que secuestrarlo, como lo hicieron con
Humberto Álvarez Machain, el médico que mantuvo con vida a Enrique
Camarena para que lo siguieran torturando. Si lo encuentran.
Sentido contrario
MÁS ALLÁ DE SI LA PROPUESTA de Enrique Peña Nieto para reformar Pemex
es privatizante o no, por lo pronto parece estar sirviendo para
unificar a la izquierda. Ya era hora de que al menos en algo estuvieran
de acuerdo… al menos por unos días.
Humo negro
MALOVA SE QUEDÓ SOLO con el apoyo, hasta ahora, del PRD, lo cual lo
vuelve muy vulnerable. Apestado en un buen sector del PRI, abaratará su
oferta con el Gobierno federal, que ahora lo tiene en un puño. Para lo
que se ofrezca.
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