Tabasco HOY inicia una serie de trabajos periodísticos que buscan documentar la forma en que se ejecutó el saqueo.
Héctor Tapia / Candelario Robles
Este primer serial, compuesto en dos entregas, narra los retiros
millonarios que diariamente se hacían desde la Secretaría de Finanzas y
revela el pasadizo secreto entre la bóveda y las oficinas de José Manuel
Sáiz Pineda.
En un viejo edificio que pasa inadvertido en la avenida “Paseo de la
Sierra” y que por seis años fue el centro de operaciones de José Saiz
Pineda, se fraguó el robo a los tabasqueños, según consta en las
declaraciones de personas relacionadas en la Averiguación Previa
DGI-067/2013 de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Tabasco (PGJET).
La información de la que tuvo conocimiento Tabasco HOY revela que el
dinero desaparecido se extraía de la cuenta 004536070406 de Bancomer,
denóminada “deudores diversos”, misma que se utilizaba para asignarle
recursos a las dependencias estatales.
El dinero era solicitado al banco mediante llamadas telefónicas, hechas
personalmente por Alejandro Villegas Aparicio, director de la Tesorería
de la Secretaría de Finanzas, durante el gobierno de Andrés Granier
Melo. “El recurso se solicitaba en fajos de billetes de denominaciones
de mil y 500 pesos”.
Las solicitudes bancarias se hacían con 48 horas de anticipación para
que el dinero fuera enviado a través del servicio de protección de
valores de la empresa Cometra a las oficinas de la Secretaría de
Finanzas.
Cabe señalar que las denominaciones de billetes se exigían como mínimo
de 500 pesos. El propio Villegas llegó a reclamar al banco que las
fracciones solicitadas por él eran de mil y 500, no de 200 pesos como en
muchas ocasiones les entregaron, según se asienta en una declaración.
A partir del 2010 que llega Alejandro Villegas como Tesorero en
sustitución de Luis Rovirosa, es cuando inician a entregar los soportes
de pólizas bajo estrictas medidas de confidencialidad y ordena que “sólo
él daría instrucciones sobre los movimientos bancarios y llevaría
personalmente los soportes en sobres sellados”.
Auditores externos revisaron desorden
Por lo menos dos empresas de auditores fueron contratados en 2012 para
realizar un arqueo al manejo de las cuentas de la Secretaría de
Finanzas, según reveló el propio expediente 067.
Las empresas son la Price Water House, Cooper y Deloitte mismas que
realizaron trabajos de auditoria a las operaciones presupuestales y
financieras del estado.
Los trabajos se inciaron en los meses de octubre y noviembre del año
pasado, pero al momento se desconocen sus resultados públicamente. Estas
empresas ya habían trabajado con anterioridad con la pasada
administración, a la que le hicieron trabajos de planeación y corridas
financieras.
Manipulaban el sistema
Según las declaraciones asentadas en el expediente 067, las cantidades
“millonarias o exhuberantes” solicitadas mediantes los oficios de la
Subsecretaría de Egresos (cuyo titular era Miguel Angel Contreras
García) y que se hacían a través de la Tesorería, siempre manejaron el
concepto de “pagos diversos de esta Secretaría”, sin precisar la
aplicación exacta, mientras que en los demás trámites sí se precisaba el
concepto. Las disposiciones millonarias para pagos en efectivo se
realizaban hasta dos veces por mes.
José Andrés Clemente Priego, quien se desempeñaba como auditor de la
cuenta de “deudores diversos”, declaró que el dinero se disponía sin
soporte documental, e incluso “crearon una clave ficticia dentro del
sistema de intranet interno denominado Oracle”, con el fin de evitar que
los movimientos millonarios fueran detectados.
“Esta clave ficticia fue creada por el departamento de informática con
el objetivo de que se creara (sic) una póliza que englobara o pudiera
justificar los saldos de todo el ejercicio 2012”, agrega Clemente Priego
en su comparecencia, donde además asegura que se negó a hacerlo pero
que esto no impidió que se realizara la justificación ficticia de los
saldos a “deudores diversos”.
Por otra parte según la declaración voluntaria de Leoncio Lorenzo
Gómez, director de Contabilidad Gubernamental en el sexenio pasado, “los
montos de los retiros siempre eran menores a tres millones de pesos,
nada más que se hacían entre 20 y 23 oficios para ser retirados dichos
montos el mismo día”.
Más adelante, en su declaración Leoncio Lorenzo, quien está detenido
desde el pasado 21 de marzo de 2013 en el Centro de Readaptación Social
del Estado (Creset), hace una revelación que asombra: “El gran total que
tengo registrado de esta clase de retiros es 2 mil 628 millones 816 mil
999 pesos”.
La enorme cantidad de recursos públicos que según Leoncio fue retirada
de la cuenta “deudores diversos” fue cargada a varias dependencias de
enero a diciembre de 2012 con los siguientes montos: Procuraduría
General de Justicia, 1 mil 044 millones 821 mil 148 pesos; Secretaría de
Seguridad Pública, 1 mil 568 millones 944 mil 578 pesos; la Secretaría
de Educación, 15 millones 51 mil 273 pesos.
En descargo a las acusaciones que pesan en su contra, el contador
Gubernamental de Granier argumentó en su declaración del 19 de febrero
del 2013 ante la Dirección de Responsabilidades Administrativas de la
Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado, a la cual acudió por
cuenta propia, que desde el mes de enero del año 2012 advirtió a su
superior Alejandro Villegas de la falta de soportes en los retiros
bancarios.
“Sin embargo él (Alejandro Villegas) se limitaba a decir: ‘después te
los doy’, y así fue todo el año, nunca me dio nada”, aseguró el ahora
indiciado.
(TABASCO HOY / Héctor Tapia / Candelario Robles/ 30 de Octubre 2013)
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