EL ACUSADOR, ACUSADO

Elier Lizárraga

El Ministerio Público mantiene abierta una averiguación previa contra el administrador de la PGJE, donde se le acusa de despojo y daños dolosos, ya terminó las indagatorias, pero se niega a consignar. Andrés Avelino Inzunza Suffo, coordinador administrativo de la Procuraduría General de Justicia del Estado, despojó ilegalmente a una familia de un terreno comprado originalmente por Manuel Beltrán López y María del Rosario Sánchez Inzunza, para lo que se valió de un contrato de compra falso y la presunta complicidad del Ministerio Público. La demanda fue interpuesta ante la Agencia del Ministerio Público el 15 de mayo de 2009 por Manuel Beltrán López y María del Rosario Sánchez Inzunza, quienes le compraron dos terrenos a Guadalupe Amézquita el 10 de marzo de 2005, según consta en el contrato de compraventa. Sin embargo, tres años más tarde, sin permiso de los dueños del terreno y a pesar de que este estaba cercado, Avelino Inzunza irrumpió en ellos argumentando que era el dueño legítimo y mostrando los documentos citados. Todo lo anterior consta en la averiguación previa CLN301/2009 de la Agencia Segunda del Ministerio Público del Fuero Común, en la cual está en calidad de indiciado por los delitos de despojo, daños dolosos y lo que resulte. Según el expediente, en un estudio realizado por un perito externo a la Procuraduría de Justicia, queda de manifiesto que la documentación presentada por el funcionario es falsa. También hace constar que la tierra de la cual dice ser el dueño legítimo no corresponde a las dimensiones que indica el contrato mostrado por él ante el agente del Ministerio Público. Todas las supuestas pruebas que presentó para acreditar su propiedad fueron refutadas. Presentó, entre lo más sobresaliente, un recibo por 22 mil pesos a nombre de Guadalupe Amézquita, por concepto de compraventa del terreno, los planos del futuro fraccionamiento, la escritura pública número 2135, de fecha 15 de diciembre de 1987. “Con relación al recibo por concepto de compraventa, carece de verdad. Lo único que yo puedo observar y darme cuenta es una falsificación, ya que es completamente falso que yo le haya vendido al señor Avelino Inzunza, ya que yo ni siquiera lo conocía. Desconozco el contenido de ese recibo”, indicó Amézquita ante el Ministerio Público. A pesar de lo anterior, el expediente no ha sido consignado ante un juez para que este determine su culpabilidad o inocencia. Uno de los auxiliares de la agencia informó que ya no hay más diligencias por realizar para demostrar la veracidad o falsedad de las pruebas, pero la investigación quedó detenida en noviembre de 2011, cuando se realizó el estudio que acreditó la propiedad a favor de los ofendidos. Mal comportamiento Según consta en la declaración ministerial de Guadalupe Amézquita, vendedora de los terrenos, Inzunza Suffo apareció un día en su domicilio preguntando por el precio de los terrenos, a lo que ella respondió que, si quería comprarlos, tendría que ir con los verdaderos dueños, pues ya no le pertenecían a ella. “Él me insistía en que yo le pusiera el precio, que pagaría lo que yo quisiera por ellos pero aún así le dije que no eran míos. Él me dijo que tenía mucho dinero, que hasta era dueño de trailers, a lo que yo le contesté que no anduviera diciendo mentiras porque una persona que es empleado estatal y tiene un salario no puede darse ese lujo”, indica la documentación. A pesar de la indicación, el funcionario de la Procuraduría desde 2007 ingresó en los predios, en los cuales no había mayor construcción que la barda mencionada para protegerlos del acceso de terceros, y empezó a construir una nueva cerca. Luego de estos hechos, familiares de los afectados se acercaron a Andrés Inzunza Suffo para saber por qué había entrado. En el testimonio ante el Ministerio Público, Amézquita indica que el coordinador administrativo ni siquiera conocía la ubicación exacta de los terrenos. Por otro lado, la vendedora manifestó que Avelino Inzunza se valió de su puesto en la PGJE para ingresar a los terrenos, pues mostrando su identificación fue que ingresó al predio y destruyó la barda que habían levantado Manuel Beltrán y María del Rosario Sánchez. En abril de 2008, haciendo caso omiso a las indicaciones de que el terreno pertenecía a alguien más, personas que se identificaron como trabajadores de Inzunza Suffo irrumpieron en el lugar sin dar explicaciones de los motivos que los llevaron a realizar tal acción. Eugenia Beltrán, hija de Manuel Beltrán, explicó que un sujeto conocido como el Panter o el Arqui fue quien ingresó en el solar con la intensión de derribar los muros, pero desistió ante la explicación de Guadalupe Amézquita, quien le indicó que los dueños eran los compradores originales, no Avelino Inzunza. No fue hasta un año más tarde, en abril de 2009, que se derribó el muro por órdenes del funcionario, quien apareció en el lugar portando una identificación oficial y se valió de ella para agredir a la vendedora. “Nosotros vimos que la actitud de él fue muy prepotente, muy alzado. Yo le miré el gafete pero no le puse mucha atención porque queríamos arreglar de buena manera”, manifestó. Acercamientos En un primer intento por negociar pacíficamente la propiedad del terreno, Eugenia Beltrán le pidió a Avelino que comprobara con documentación que él era el verdadero dueño del predio, según declaró a Ríodoce. “Usted no nos ha comprobado quién se los vendió. Los terrenos son de nosotros mientras usted no compruebe con documentos, pero si le gustaron, páguelos, haga las cosas como se deben hacer, porque no se vale que un servidor público haga lo que usted está haciendo”, le indicó a Avelino, quien mantuvo su posición hostil ante los hechos. Posteriormente intentó comprarle el predio al precio que fueron comprados en 2005, cuando costó 60 mil pesos, pero una evaluación realizada por personal de la PGJE arrojó que el valor en ese momento había ascendido hasta más de 120 mil pesos. A pesar de que la familia se negó a aceptar el pago, Avelino levantó una fachada para evitar que alguien ingrese al solar. Meses más tarde de que se interpusiera la denuncia ante el Ministerio Público, el coordinador administrativo de la Procuraduría se citó nuevamente con la familia para advertirles que “ni le moviéramos, que no le íbamos a ganar el caso”. Con toda impunidad, les advirtió que no pagaría más dinero de lo que había costado originalmente el terreno, por lo que los familiares decidieron continuar con la denuncia. Actualmente el solar está protegido por una barda de más de dos metros, y el frente, con el número 2016 y una fachada modernista, resguarda el acceso de extraños. Por dentro puede observarse una construcción en la que hay algunas plantas y una pared que divide en dos el solar, dejando espacio para una casa y una especie de patio. La “víctima” En 2007, Andrés Avelino Inzunza demandó a Ricardo Fuentes Milán, exdirector de Fiscalización de Gobierno del Estado, por extorsión, pues le pedía 10 mil pesos por permitirle ingresar a territorio sinaloense un tráiler de procedencia extranjera. La demanda tuvo éxito y Fuentes Milán actualmente se encuentra recluido en el módulo 2 del Cecjude de Culiacán, esperando sentencia. Inzunza admitió que le pagó los 10 mil pesos al exfuncionario, incurriendo también este en un acto de corrupción. Sin olvidar que ambos son culpables de un crimen, Fuentes Milán fue aprehendido a siete meses de que la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas interpusiera una denuncia en su contra por desmantelamiento ilegal de 400 vehículos embargados por Gobierno del Estado, así como la venta de sus partes. A Avelino no se le ha consignado a pesar de que hay pruebas de que despojó ilegalmente a Manuel Beltrán de su propiedad y presentó documentación falsa para ello. Hace casi cinco meses que se realizó la última diligencia, con la cual se demostró que el solar no le pertenecía y el expediente no ha sido consignado ante un juez para su procesamiento judicial. Ríodoce intentó en múltiples ocasiones entrevistar al funcionario de la PGJE para conocer su versión de los hechos más allá de su declaración ministerial, pero el personal que labora en su oficina informó que hace más de una semana no se presenta a trabajar. El departamento de prensa informó que la gestión de entrevista no ha tenido éxito. Ríodoce habló a su oficina y su secretaria dijo que estaba en una llamada, que si se deseaba esperar en la línea. Unos minutos después dijo al reportero que “…el Licenciado no se encuentra”. Juan Pablo Yamuni, jefe de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, aseguró que no se está llevando ninguna investigación en su contra, pues no hay elementos que así lo justifiquen.