La
bancada priista maniobró para frenar la Comisión Especial de Ayotzinapa, que
preside la diputada panista María Guadalupe Murguía Gutiérrez en San Lázaro.
Durante su primer mes de trabajos, sus integrantes tuvieron encuentros
informales con diversos funcionarios y recabaron información sustantiva que
puso en aprietos al gobierno federal y al Ejército. Eso los animó a solicitar
autorización para que las siguientes reuniones fueran comparecencias en forma…
Pero intervino el priista César Camacho y vino el cerrojazo.
MÉXICO,
D.F. (Proceso).- Inesperados e incómodos, los primeros resultados de la
Comisión Especial de Ayotzinapa pusieron en evidencia, por vez primera, la
posible inacción y responsabilidad de las autoridades federales durante el
ataque, muerte y desaparición de los 43 normalistas la noche del 26 de
septiembre de 2014.
Y
ahora, de manera coincidente, se pretende “limitar” el trabajo de los
integrantes de esa instancia legislativa encabezada por la diputada panista
María Guadalupe Murguía Gutiérrez, impidiéndole “llamar a comparecer” a
funcionarios de alto rango presuntamente implicados en el caso.
En
su primer mes de actividades, la comisión logró encuentros “informales” con los
secretarios de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos; de la Marina,
almirante Vidal Francisco Soberón Sanz; de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong; con el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero y con el exfiscal
de esa entidad, Iñaky Blanco.
De
esas reuniones surgieron revelaciones sustantivas: Osorio Chong y el director
general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Eugenio Ímaz
Gispert, por ejemplo, admitieron que se enteraron “en tiempo real” del ataque a
los normalistas.
Aguirre
Rivero, por su parte, reveló incluso que el 26 se septiembre de 2014 pidió
apoyo a la Zona Regional Militar, mientras Blanco acudió al 27 Batallón de
Infantería y a la Policía Federal. Ninguna de las dos peticiones fue atendida,
según expusieron.
Luego
de esos encuentros, el 21 de octubre, la Secretaría de Servicios Parlamentarios
de la Cámara de Diputados envió un oficio a Murguía Gutiérrez para notificarle
que “no posee facultades de control evaluatorio”; es decir, que no cuenta con
atribuciones para llamar a comparecer a ningún funcionario.
La
diputada Araceli Damián González, de Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena) e integrante de ese órgano legislativo, externa su preocupación por el
cerrojazo:
“Quienes
consideren que la comisión está siendo incómoda o que haya información que no
sea conveniente dar a conocer por estar protegiendo a algunos de los posibles
involucrados, o que hayan incurrido en omisiones en su actuar, ahora tienen la
posibilidad de negarnos la información”.
(Fragmento
del reportaje que se publica en la revista Proceso 2035, ya en circulación)
(PROCESO/
JESUSA CERVANTES/ 31 DE OCTUBRE DE 2015)
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