El alcalde prófugo
de Iguala es acusado de desaparición forzada, lesiones y omisiones. En 2012, el
funcionario se había amparado, bajo el argumento de que agentes de la PGR
pretendían detenerlo. El gobernador no renunciará y pidió se realice una
consulta popular de revocación de mandato, mientras que el Presidente Peña
Nieto declaró que la investigación terminará “tope donde tope”
Con marchas en las
principales avenidas y ciudades del país, miles de mexicanos manifestaron su
repudio ante los abominables actos violentos que en el Estado de Guerrero
costaron la vida a estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, poniendo al
descubierto la podredumbre en los distintos niveles de gobierno de esa entidad.
La desaparición de
43 normalistas, el hallazgo de fosas clandestinas con cuerpos humanos y la
tardanza en la identificación de esos restos, presumiblemente de los jóvenes
buscados, exacerbaron las emociones de toda una nación solidarizada con las
movilizaciones estudiantes, maestros, indígenas, ciudadanos comunes y las
familias de las miles de personas desaparecidas en México. “¡Vivos se los
llevaron, vivos los queremos!”, fue el grito unánime.
De hecho, desde que
el 4 de octubre de 2014 se localizaron los enterramientos humanos en las
inmediaciones de Iguala, el lamento social creció exponencialmente. La noticia
se propagó en los principales diarios del mundo, al grado que la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) y Amnistía Internacional (AI) exhortaron a las
autoridades mexicanas esclarecer los hechos. Lo mismo ha sucedido con el
gobierno de los Estados Unidos y la Organización de los Estados Americanos
(OEA), entre otros.
En tanto, esto
ocurre con las tareas de búsqueda de los desaparecidos, con la esperanza de que
los cadáveres hallados no sean de los normalistas, mientras la crisis política
se agudiza en Guerrero ante la desmarcación del Gobierno Federal sobre los
sucesos.
El alcalde de
Iguala, José Luis Abarca Velázquez, así como el director de la Policía local,
Francisco Salgado, están en calidad de prófugos y ya se solicitaron órdenes de
aprehensión en su contra por omisiones, lesiones y desaparición forzada.
EL MACABRO HALLAZGO
El Estado de
Guerrero no es ajeno al fenómeno de las desapariciones forzadas y a las del
crimen organizado. Tan solo en el
municipio de Iguala, antes de estos hechos, en los primeros nueve meses del año
se habían localizado unos 30 cuerpos inhumados clandestinamente en este tipo de
sepulcros.
Sin embargo, el
impacto que tuvo el hallazgo de seis fosas en la colonia Pueblo Nuevo, luego de
los violentos hechos del 26 de septiembre, cuando tres normalistas que se
manifestaban fueron asesinados, otros 17 resultaron lesionados y 43
desaparecidos, fue brutal y ha despertado clamor a nivel internacional para
exigir justicia.
Cientos de
estudiantes por una parte, y autoridades municipales, estatales y federales por
otra, ya realizaban tareas de búsqueda cuando el sábado 4 de octubre se
descubrieron las tumbas anónimas. Entonces la Procuraduría General de la
República anunció que ejercería la facultad que la Ley le confiere para atraer
la investigación del caso, por lo que envió a peritos forenses de la
dependencia y a expertos argentinos en este tipo de enterramientos.
A pesar de que ese
mismo día, Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC),
informó que se contaría con los resultados de los peritajes a la brevedad y que
días después el procurador general de la nación, Jesús Murillo Karam, se
trasladara hasta Guerrero para encabezar las pesquisas, aún no se tiene certeza
de la identidad de las víctimas, ni de los móviles de la masacre. Podrían
tardar entre 15 días y dos meses.
Fue el procurador
estatal, Iñaky Blanco, quien en una rueda de prensa confirmó que policías
municipales participaron en el homicidio de los normalistas de Ayotzinapa. El
hoy prófugo director policial, Francisco Salgado, ordenó la detención y un
sujeto apodado “El Chucky”, jefe de plaza del grupo criminal “Guerreros
Unidos”, dispuso su ejecución. De los 28 cadáveres localizados en las fosas,
algunos están fragmentados y otros incinerados.
Durante las
investigaciones no solo se mantiene a 26 policías locales y cuatro presuntos
sicarios de la organización delictiva dentro del penal estatal de Acapulco,
sino que fueron aseguradas 15 patrullas y 228 armas de fuego de la comandancia
de Iguala. Esta situación motivó la presencia inicial del Ejército en los
patrullajes y el posterior arribo de la Gendarmería Nacional, que se hace cargo
de la seguridad en la región.
CONMOCIÓN INTERNACIONAL
Con más energía que
los pronunciamientos realizados por la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), llegaron a México noticias de las reacciones de organismos y
gobiernos de otras latitudes del mundo, exigiendo se aclaren los hechos de
Ayotzinapa y se haga justicia.
Antes de que se
conociera del descubrimiento de fosas con cadáveres, la ONU condenó de forma
enérgica las agresiones y desaparición de los 43 normalistas, calificando los
sucesos como “uno de los más terribles de los tiempos recientes”, e hizo un
llamado humanitario a quienes tuvieran en su poder a los estudiantes para que
los liberaran inmediatamente o informaran de su paradero.
Conocido el hallazgo
de los cuerpos de quienes podrían ser los desaparecidos, Amnistía Internacional
exigió a las autoridades mexicanas una investigación completa y profunda sobre
la tragedia, así como continuar con la búsqueda de los jóvenes,
independientemente de las pesquisas sobre las fosas clandestinas de Iguala.
Por su parte, Human
Rights Watch (HRW) urgió al gobierno de México no demorar en el proceso de
identificación genética de los cadáveres localizados en Pueblo Viejo para que
establezca a la brevedad cuántos de ellos pudiesen ser los estudiantes de
Ayotzinapa. De igual manera, exhortó a las autoridades a contar con un sistema
de alerta temprana para evitar futuras tragedias como la que hoy agravia a
decenas de familias.
También el
Departamento de Estado de los Estados Unidos demandó a los gobernantes de este
país no solo aclarar el caso y deslindar responsabilidades, sino que ofrezcan
una respuesta judicial y un castigo ejemplar contra todos aquellos que resulten
responsables de la masacre, “sin importar si son civiles, policías o
militares”.
En tanto, la Organización de Estados Americanos, a
través de su secretario general, José Miguel Insulza, calificó como “inhumano y
absurdo” lo sucedido en Iguala, y afirmó que la desaparición y posible matanza
de los normalistas “enluta no solo a los mexicanos, sino a todos los países de
las Américas”.
Respecto a los
reclamos internacionales, el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio
Meade, consideró que México transparenta sus investigaciones y está
comprometido a que no haya espacio a la impunidad, por lo que el caso “será
resuelto conforme a derecho”.
LOS POLÍTICOS Y EL CRIMEN ORGANIZADO
Con el alcalde
perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, en calidad de prófugo, todas
las miradas del mundo se han enfocado sobre la persona del gobernador Ángel
Aguirre Rivero, como el político y autoridad que debe responder por la
desaparición y matanza de los estudiantes. Diversos sectores han solicitado su
renuncia y que sea procesado penalmente por omisión.
A través de un
mensaje, Aguirre Rivero afirmó que no solicitará licencia al cargo, pues sus
críticos no conocen la realidad de lo que sucede en Guerrero, y propuso una
consulta nacional sobre revocación de mandato, que sea organizada por el
Instituto Nacional Electoral y determine si tiene que renunciar o no. “Hemos
trabajado hasta donde ha sido posible'”, dijo el gobernador.
Días antes de este
mensaje, Ángel Aguirre tuvo que salir al paso sobre señalamientos realizados en
un video grabado a la supuesta suegra del alcalde de Iguala, en el que se
evidencia que los miembros de la familia Pineda Villa y los “Guerreros Unidos”
habían financiado su campaña para la gubernatura. El material audiovisual,
donde se aprecia a una mujer vendada del rostro, fue calificado como apócrifo
por las autoridades federales.
Por su parte,
investigaciones realizadas por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional
(CISEN) detallan que José Luis Abarca Velázquez estaría vinculado con grupos
del crimen organizado que operan en la Zona Norte de Guerrero y que se
identifican con el Cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Según el informe, el
alcalde con licencia, a través de su esposa y cuñados, “sirvió a este capo de
lavador y prestanombres, pudo levantar en pocos años una fortuna considerable”.
Presuntamente Abarca sobornó al dirigente del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) para conseguir su postulación a la presidencia municipal de
Iguala.
Investigaciones de
ZETA lograron ubicar un juicio de amparo promovido por el funcionario en fuga.
El documento data de 2012, cuando José Luis Abarca presentó la demanda de
garantías 231/2012 ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero,
con residencia en Iguala de la Independencia. El quejoso temía que ya existiera
un mandamiento de captura en su contra, pues así se desprende del acto
reclamado a la PGR y a la SEIDO, entre otras autoridades:
“Se reclama, de
todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables, sean en
calidad de ejecutoras y ordenadoras; se reclama, la orden de presentación,
ejecución de orden de aprehensión o arraigo, dictada en mi contra que tiene en
su poder, haciéndose notar que ignoro la naturaleza jurídica más la misma es
tendente a la privación de mi libertad personal (…)”.
En un testimonio
real o falso, Abarca hacía saber al juez que ya lo buscaban, “(…) y que se
pretende ejecutar en persona por elementos que dijeron son policías federales
en coordinación con elementos de la Policía Federal en el Estado de Guerrero,
quienes manifestaron portar orden para privarme de mi libertad, no
especificando, en momento alguno, la naturaleza de la orden, menos aun
identificándose o mostrarme documento alguno que contuviere la orden que dice
portar”.
El juez federal de
Iguala resolvió que no era competente para conocer del juicio de amparo, en
razón de que las autoridades señalan que tenía su residencia en Chilpancingo o
en el Distrito Federal, y el asunto fue remitido para su conocimiento ante un
juez similar de la capital guerrerense, donde se dictó el sobreseimiento del
juicio porque todas las autoridades negaron que existieran los actos reclamados
por el quejoso.
El procurador
general de la República, Jesús Murillo Karam, enfatizó que se investiga a todos
los involucrados en el asunto para esclarecer los hechos y llegar “hasta donde
tengamos que llegar”.
INDIGNACIÓN Y SOLIDARIDAD
El miércoles 8 de
octubre marcó un precedente más en la expresión del hartazgo social en México,
y en más de 80 ciudades del territorio nacional, miles de personas salieron a
las calles en solidaridad con los estudiantes de Guerrero, y cansados de la
violencia que se vive en sus comunidades, se manifestaron pacíficamente.
En los movimientos
se vio por igual a líderes sociales mezclados con políticos, amas de casa,
familias completas, indígenas, estudiantes y maestros. Las marchas
transcurrieron sin acarreados y sin incidentes, salvo la insólita agresión en
la Ciudad de México al fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, por
pertenecer al mismo partido que el del prófugo alcalde con licencia de Iguala.
El hecho no pasó a mayores.
El rector general de
la Universidad de Guadalajara, Izcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, participó en
estos actos de apoyo y se sumó a la condena por los brutales hechos de Guerrero:
“La solidaridad plena con los estudiantes de Ayotzinapa, tengo muchos años
tratando con ellos y la verdad no tengo sino que expresar mi reconocimiento
personal a… a su espíritu de lucha”.
Por su parte, María
Guadalupe Morfín Otero, ex comisionada para el Caso de las Muertas de Juárez y
ex presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, expuso que
las lecciones que dejan estos hechos son que “ningún partido, en la República
Mexicana, ninguno. De izquierda, derecha, centro, colores que sean…
blanquiazules, rojos, variopintos, verdes, amarillos, anaranjados… ninguno debe
tener jamás en adelante la desfachatez de ofrecernos candidaturas
impresentables como en este caso fue la del presidente municipal de Iguala, hoy
prófugo junto con su esposa, a quien pretendía dejar de sucesora”.
Morfín Otero
complementó: “No queremos gubernaturas impresentables tampoco, como en este
caso está siendo la del gobernador de Guerrero y como ésta es, también, en
muchos sentidos la del gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila”.
El presidente de la
Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Alberto Galarza, destacó que la
violencia en este país alcanza todos los rincones y la seguridad de todos es
constantemente amenazada. Sobre lo ocurrido en Iguala consideró: “Hoy, está
clarísimo, son 43 estudiantes que estaban manifestándose, movilizándose, en
Guerrero. Y 43 estudiantes que fueron secuestrados por la propia Policía
Municipal y entregados a los grupos de delincuencia organizada. De ese tamaño
es el problema que se está viviendo, y claro que no podemos dejarlo pasar, yo
creo que ningún ciudadano de este país”.
IGUALA, “CRIMEN DE ESTADO”: PACHECO
El miércoles 8 de
octubre, las manifestaciones en protesta y solidaridad con los 43 estudiantes
normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, desde el 27 de septiembre,
reunieron en 25 estados de la República Mexicana y 14 países de América y
Europa, a cientos de miles de personas.
Con el apoyo de
organizaciones civiles y a través de las redes sociales, se declaró el día como
de “movilización nacional”, a petición de familiares y amigos de los
desaparecidos, así como de estudiantes de la Escuela Normal Fronteriza de
Ayotzinapa.
Desde Guerrero,
estado donde sucedió la desaparición y masacre de estudiantes, hasta la Ciudad
de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, entre otras, miles de personas
marcharon y exigieron al Gobierno Federal resolver el caso.
En la marcha del
Distrito Federal, que inició en el Ángel de la Independencia para terminar en
el Zócalo, bajo el nombre de “Ayotzinapa, Compartimos tu Dolor”, estuvieron
presentes familiares de los normalistas que frente a la Suprema Corte de
Justicia y de Palacio Nacional, gritaron sus consignas acompañados de por lo
menos 20 mil personas, según reportes de prensa.
En la misma
manifestación destacó el trato hacia Cuauhtémoc Cárdenas, líder moral del
Partido de la Revolución Democrática, que al intentar dar su posicionamiento
sobre el caso, fue agredido con objetos y corrido a punta de empujones,
escupitajos y gritos de “traidor”.
En Baja California,
ciudadanos de Mexicali y Tijuana atendieron el llamado. En la capital, menos de
cien manifestantes se concentraron en los alrededores de la Casa de Gobierno,
convocados por la organización Unidos por los Desaparecidos en Baja California.
La respuesta a la
convocatoria nacional de manifestación en Tijuana, movilizó a unas 600 personas
que se concentraron en la Glorieta Cuauhtémoc, encabezada por el Frente Único
de Lucha de Baja California.
La intención de los
manifestantes por llegar a la Garita de San Ysidro se consolidó, a pesar de los
intentos de elementos de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal (SSPM)
por frustrar la marcha.
Estudiantes,
trabajadores y padres de familia exigían al Gobierno Federal que los alumnos de
la Normal Fronteriza al norte de Guerrero sean encontrados con vida, y que las
autoridades asuman su responsabilidad con las familias y víctimas.
“¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos!…
Maestros normalistas, ¡estamos con ustedes!”, eran las consignas de apoyo.
En relación a los
hechos, Marco Antonio Pacheco, líder del Movimiento Magisterial de Resistencia,
señaló que se trata de un “crimen de Estado, un problema que dejaron crecer y
que se saliera de control”.
El dirigente de los
maestros disidentes expresó que los hechos de Guerrero son parte de un
salvajismo sangriento con mella del Gobierno Federal.
Aproximadamente a
las siete de la tarde del miércoles 8, los manifestantes se enfilaron por
Avenida Paseo de los Héroes con la intención de llegar a la Garita de San
Ysidro, escoltados por elementos de la Secretaria de Seguridad Pública
Municipal.
Pero a la altura de
la Plaza Pavilion, cerca de 20 patrullas con medio centenar de elementos
policiales trataron de tapar el paso, formando una valla humana que los
estudiantes trataron de burlar caminando por carriles alternos, pero las
unidades se movilizaron para bloquear todos los accesos.
Durante el proceso
de cruzar la barrera de policías, tres oficiales intentaron someter a un joven,
mientras otros impedían grabar lo ocurrido a ZETA, golpeando la mano del
reportero.
Otro intento por
caminar en dirección a la Garita Internacional de San Ysidro fue frustrado por
elementos de la SSPM, tanto oficiales activos como de la Policía Comercial,
donde de nuevo hubo jaloneos y acusaciones de ciudadanos que aseguraron haber
sido agredidos.
Posteriormente, un
oficial buscó dialogar con uno de los dirigentes de las organizaciones y con
Marco Antonio Pacheco para detener la marcha, sin embargo, los manifestantes lo
impidieron. La plática se llevó a cabo entre una comitiva de policías y
Pacheco, quien fue jalado hacia atrás de la valla humana sin que dejaran
acceder a la prensa, salvo algunos reporteros que ya se encontraban en el lugar
documentando los hechos, pero que también fueron alejados por la Policía,
evitando que pudieran grabar.
Pacheco regresó a la manifestación para informar un acuerdo
entre las autoridades que les permitieron caminar por un carril hacia la
“Línea”, para no afectar a los conductores que cruzarían la frontera.
Un cordón conformado
por aproximadamente cien oficiales, algunos con equipo antimotines, otros del
grupo de Operaciones Especiales y varios agentes del control fronterizo, evitaban el acceso a la garita, que fue menos
accidentado.
Los manifestantes
llegaron al lugar y comenzaron los discursos. Calificaron el hecho como un
logro y gritaron consignas a favor de los estudiantes de Ayotzinapa, prendieron
velas y cantaron el Himno Nacional Mexicano.
Una de las escenas
de esos momentos fue la de un joven llorando hablándole a un policía sobre la
inseguridad que se vive en el país.
Los inconformes
permanecieron un rato en el lugar, dando por terminada la marcha a las 8:30 pm.
De acuerdo a lo
informado a ZETA, oficialmente no existe un registro de agresiones ni detenidos
durante la marcha. La SSPM no dio un
número exacto de policías y patrullas movilizadas, solamente el titular de la
Policía Comercial, Antonio Oviedo, dio a conocer que 11 vehículos y 22 de sus
elementos apoyaron en las tareas de resguardo. (Ismael Ruiz)
PEÑA NIETO, EL PRESIDENTE REBASADO POR LA VIOLENCIA
El año pasado, para
estas fechas, el tema que ocupaba las primeras planas de la prensa internacional
cuando se hablaba de México eran las reformas estructurales que Enrique Peña
Nieto y su gobierno pondrían en marcha en los próximos meses.
Incluso en febrero
de 2014 la revista norteamericana Time colocó al Presidente mexicano en su
portada para la edición Latinoamérica como el responsable de estar “Salvando a
México”.
Y fue apenas el 23
de septiembre cuando el primer mandatario fue reconocido por la Appeal of
Conscience Foundation con el Premio al Estadista Mundial.
Pero el cada vez más
confirmado fusilamiento masivo ocurrido en Tlatlaya, Estado de México, la
desaparición de 48 normalistas en Iguala, Guerrero, y la masacre de otros
normalistas, unos a balazos, otros desollados, bastaron para que esa promesa de
un mejor futuro para la vorágine empresarial de Estados Unidos y Europa se
esfumara, y en vez de pintar un país rumbo al progreso sostenido, en estos días
los principales diarios del vecino país cuestionan al gobierno peñanietista que
primero ensalzaron.
En su portada del
jueves 9 de octubre, en el diario Los Angeles Times se leía el encabezado
“Alcalde fugitivo es un símbolo de muchos males”, seguido por un reportaje que
expone al mundo lo que muchos ya señalaban:
Enrique Peña Nieto y
su gestión enfrentan una tormenta política motivada por la ausencia de
autoridad, el lento reaccionar ante la creciente violencia en estados sumamente
complejos como Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Tamaulipas, por citas algunos; y
una negligencia a la hora de ofrecer soluciones que levantan la sospecha de
colusión con el crimen organizado.
En este sangriento
contexto, ni la captura de Héctor Beltrán Leyva “El H” o de Vicente Carrillo
Fuentes “El Viceroy” bastan para distraer a la opinión pública de los hechos
cometidos por un Estado mexicano que no solo deja morir a sus jóvenes, además,
no puede evitar el señalamiento cada vez más encolerizado de la sociedad civil
de la participación activa en sucesos como la desaparición de los estudiantes
de Iguala, que a la fecha ha arrojado cadáveres mutilados y la indignación
colectiva, incluso en otros continentes, esos mismos que en tiempos no tan
pasados, aplaudían el regreso de este PRI a la Presidencia de la República.
Pero en el ínter, el
Partido Revolucionario Institucional no es el único que está perdiendo. A pesar
de la huida del secretario de Educación, Emilio Chuayffet, la nula presencia
del procurador Jesús Murillo Karam ante la nación, un Miguel Ángel Osorio Chong
que ni siquiera puede atender el otro caos estudiantil generado por el IPN
precisamente con el trasfondo de la Reforma Energética, y un Enrique Peña Nieto
que por primera vez en su administración se dirige a los mexicanos para tratar
un tema de seguridad, la factura de Iguala también se la están cobrando al PRD.
De ahí la urgencia
de los perredistas de pedir perdón por un alcalde extraído de su militancia
como el hoy desaparecido munícipe de Iguala, José Luis Abarca, y de paso por el
gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, quien ya dejó en claro que a pesar de
los pesares, no abandonará el cargo que ocupa en un país donde nadie renuncia
por vergüenza, mucho menos si se trata de dejar atrás un cargo público o una
carrera política de dudosa procedencia.
Los cuestionamientos
por parte de medios de los Estados Unidos, de Europa y por un reducido círculo
de intelectuales, críticos y periodistas en México, se basan en el análisis de
la realidad mexicana. Un país con más de la mitad de su población viviendo en
la pobreza, con un debilitado estado de derecho, escasas oportunidades de
desarrollo, altos niveles de corrupción, complicidad entre las corporaciones
policíacas y los criminales, particularmente los narcotraficantes; contexto que
lleva a develar una terrible realidad, el Estado mexicano ha sido rebasado por
la violencia y el terror.
Lo sucedido en
Iguala, como antes en Tlatlaya, en Michoacán, en Tamaulipas o en Veracruz, por
ejemplificar con algunos estados, es producto del crecimiento del crimen
organizado y el narcotráfico, hasta alcanzar la complicidad y colaboración de
instituciones de la fuerza pública.
El Presidente
Enrique Peña Nieto se concentró en la aprobación en el Poder Legislativo, de
sus once reformas estructurales, y en el ínter, fue rebasado por el crimen
organizado y el narcotráfico, de la mano de la corrupción en las corporaciones
policíacas. El presunto fusilamiento de sospechosos en Tlatlaya por parte de
elementos del Ejército, y la matanza y desaparición de estudiantes normalistas
en Iguala a manos de policías municipales, son dos ejemplos de lo contaminado que
está el sistema de prevención, procuración y administración de la justicia en
México.
Temas en los que
Peña Nieto no ha querido entrar de frente, ni invertirle, ni tocarlos en
discurso alguno.
(Gabriela
Olivares Torres/Adela Navarro Bello)
(SEMANARIO
ZETA/ LUIS CARLOS SÁINZ MARTÍNEZ/ 13 DE OCTUBRE DEL 2014 A LAS 15:38:03)
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