Ex
funcionarios de Carlos Bustamante son señalados de intento de despojo y allanamiento.
La denuncia penal incluye al Juez de lo Civil, Juan Ortega Veiga (sobrino de
otro ex jurídico municipal) y un actuario, quienes tomaron por sorpresa un
terreno de miles de metros, en el cual Municipio y Gobierno Federal planean
desarrollar. Roberto Ordorica y Saray Suárez son, entre otros, acusados de
encabezar la estafa para apropiarse de parte de “El Monumento”
Durante la
administración priista de Carlos Bustamante en Tijuana, el propietario de un
terreno de más de 450 hectáreas (4 millones y medio de metros cuadrados) buscó
regularizar y urbanizar su propiedad a través del Ayuntamiento. Meses después,
los funcionarios municipales serían los mismos que pretenden adueñarse del
predio.
Quienes el trienio
pasado recibieron los documentos y la información respecto al predio ubicado en
la zona conocida como “El Monumento”, encabezan hoy un litigio privado para
apoderarse de una gran extensión de tierra colindante con el segundo acceso a
Playas de Tijuana.
Roberto Ordorica,
Saray Suárez y Juan Ortega Veiga son,
entre otros, los señalados de liderar el fraude millonario.
A principios de
2013, el entonces equipo jurídico del alcalde de Tijuana, Carlos Bustamante,
adquirió información del predio por medio de Gustavo Almaraz, amigo y compadre
del priista, quien había sido contratado como gestor por el dueño del predio,
para tramitar la regularización, pues dentro del terreno hay dos colonias y
habitantes que, por tratarse de invasiones, carecen de escrituras legales.
Por ello, Almaraz
-quien también fue beneficiado en la anterior administración como comisionista-
es señalado por los afectados de haber sido parte de la estafa con la que
intentan apoderarse de una gran extensión de tierra.
Una vez iniciado el
trabajo de gestoría de Almaraz en la pasada administración, Roberto Ordorica,
ex director jurídico del XX Ayuntamiento de Tijuana, atendió a los abogados de
Manuel Prieto Crespo, dueño del predio que corresponde al 20 por ciento de lo
que fue “El Monumento”, extensión territorial de más de 2 mil 250 hectáreas que
se adquirió a principios de Siglo XX. Se trata de 2 mil 250 hectáreas que
abarcaban desde lo que ahora se conoce como Playas de Tijuana, hasta la
colindancia con Rosarito y hacia el Este, con la zona San Antonio de los
Buenos.
LOS EX JURÍDICOS
Según los
denunciantes, Roberto Ordorica y Guadalupe Saray Suárez León (ex jefa del
departamento Jurídico de Administración Urbana), atendieron personalmente y
recibieron la documentación, a fin de regularizar y urbanizar el predio.
Pero al término de
la administración de Bustamante –detallan los abogados– tanto Ordorica como
Suárez se convirtieron en representantes legales y virtuales de Jorge Humberto
Padilla Villavicencio, quien ahora se dice dueño de gran parte del predio,
sustentándose en que lo compró a un tercero.
Los abogados
afectados aseguran que Padilla Villavicencio es solo un empleado en el despacho
del ex director jurídico: “La parte actora (el supuesto comprador) es abogado y
labora en el despacho del licenciado Roberto Ordorica” asegura el apoderado del
predio.
El caso es que los
ex funcionarios de Bustamante representan un juicio de sucesión de bienes entre
Padilla y el supuesto vendedor, Alonso Camacho León. En poco tiempo, este
juicio caminó y el Juez Noveno de lo Civil sentenció dar posesión al presunto
comprador (Padilla) contra Prieto, el legítimo propietario, de acuerdo a
documentos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En resumen, Juan Carlos
Constantino Ortega Veiga, juez en materia civil del Poder de Justicia del
Estado, ordenó a Camacho León entregar a Padilla el terreno del cual no es
dueño, ignorando el juez los documentos legales que avalan a Manuel Prieto como
el dueño de las 40 hectáreas en litigio.
La sentencia de la
SCJN que acredita como dueño a Manuel Prieto, data del 10 de octubre de 2013 y
se desprende de la inconformidad número 9/2013, así como del juicio de amparo
promovido el 11 de septiembre de 2009 en el Juzgado Cuarto de Distrito en el
Estado.
Tanto en la Comisión
para la Regularización de la Tendencia de la Tierra (CORETT) como en el
Ayuntamiento de Tijuana, reconocen a Manuel Prieto como dueño de ese terreno y
no a Camacho León, quien supuestamente vendió al cliente de Saray Guadalupe,
que a su vez –señalan– contrató a los ex funcionarios de Bustamante.
En el entramado del
caso, un dato más: el juez Juan Carlos Constantino Ortega Veiga es sobrino de
Héctor Manuel Veiga Galindo, ex director jurídico de lo Contencioso en la
administración de Carlos Bustamante. Estaba bajo las órdenes de Roberto
Ordorica.
Otro agravante fue
cuando el actuario Jaime Hernández Lucero, adscrito al Juzgado Noveno, se
presentó en el predio para darle posesión al supuesto comprador, el 28 de
agosto, y los apoderados del terreno exhibieron documentos que los acreditaban
como dueños, según costa en una grabación proporcionada por los afectados.
Sin embargo,
acompañado de Saray Suárez (también subordinada de Ordorica en la
administración municipal), el actuario concluyó la diligencia y dio –según las
actas– posesión a Padilla Villavicencio.
Ese día elementos de
la Policía Municipal de Tijuana, desalojaron algunos bienes en la zona
colindante con el segundo acceso a Playas.
Esta es la versión
de Jesús Quezada y Virginia Anaya Vidales, apoderados de Manuel Prieto Crespo,
quienes mostraron y proporcionaron documentos y copia de la denuncia penal bajo
el número de expediente 8926/14/211/AP, por el delito de allanamiento de morada
contra el actuario y el juez.
El intento de
despojo se da justo cuando el Ayuntamiento y la CORETT realizan un convenio con
el propietario para regularizar y ejecutar un programa social en beneficio de
miles de familias.
Por ello, que se
deduzca que la gente de Bustamante esté detrás de esta supuesta invasión, haría
pensar en una zancadilla para Jorge Astiazarán al impedir su “gran proyecto”.
De ello, el secretario del Ayuntamiento, Bernardo Padilla, solo atina a
reflexionar: “Qué casualidad… está muy raro”.
EXPEDITA JUSTICIA DE UNA JUEZ
En 2013, Guadalupe
Saray Suárez León, ex jurídico de Administración Urbana en el XX Ayuntamiento
de Tijuana, fue la encargada de dar trámite a la petición de Prieto Crespo para
regularizar los asentamiento humanos que ahí se han dado y el resto del
polígono no afectado.
Ella misma se
apersonó el pasado 28 de agosto en el mismo predio junto con el actuario Jaime
Hernández Lucero, como abogada privada y para desalojar a los trabajadores de
Manuel Prieto, encargados de vigilar el terreno.
Para que la abogada
llegara ese día a tomar posesión, el juez Juan Carlos Ortega Veiga, sobrino de
otro ex compañero suyo en el jurídico, dictó la sentencia con celeridad.
Según el expediente
1046/201-A en el Juzgado Noveno Civil, la demanda de Jorge Padilla, supuesto
comprador, contra Camacho León (supuesto propietario), fue admitida el 6 de
septiembre de 2013, pues este último nunca le entregó el terreno, el cual,
además, no ha terminado de pagar.
En el documento
explican que el contrato privado entre las dos personas se firmó el primero de
julio, y establece que, para perfeccionar “… el cumplimiento del contrato se
requiere que se firme y entregue la posesión material del predio”. A partir de
esto empezaría el periodo de tres años de duración del contrato, que fue por 25 mil pesos anuales por “una superficie de
369,186.700 m2”.
El detalle es que
dicha superficie que colinda con la carretera del segundo acceso a Playas, se
encuentra dentro de un predio mayor, propiedad de Prieto, según explicó el
perito ingeniero, Alfredo Montiel.
En el contrato
también se manifiesta que las partes celebrarían escritura pública una vez
pagado. Por eso la demanda en el Juzgado Noveno, en los representantes del
supuesto dueño ofrecieron el peritaje de Héctor R. Morales Grajeda, el cual
informó que el terreno se encontraba inmerso en una propiedad mayor de Alfonso
Camacho León, y no en el de Manuel Prieto.
En una forma pronta
y expedita que rara vez se observa en un juicio de esta naturaleza, el juez
dictó sentencia el 21 de enero de 2014, cuatro meses después de admitir la
demanda, ordenando la sucesión de bienes. Por ello, el 27 de agosto, el
actuario junto con otro perito, de nombre Jorge Israel Ruiz Chavira, ubicó el
predio a entregar.
En el lugar, según
la grabación, Virginia Anaya, apoderada del predio, le exhibía documentos al
actuario para advertirle que el inmueble que pretendía entregar a Jorge Padilla
era propiedad de su cliente, una persona ajena a la demanda.
Un día después, con
policías municipales, los bienes que estaban dentro del predio fueron remolcados
y la diligencia concluyó. Sin embargo, los trabajadores y cuidadores regresaron
junto con los bienes. La posesión no se consumó.
“A OJO DE BUEN CUBERO…”
Jesús Quezada,
director del despacho que representa a Manuel Prieto, califica las acciones del
juez como “fraudulentas” e “irregulares”; incluso el acuerdo del juez fue
ejecutado días antes de que surtiera efecto.
Sobre el encargado
de ubicar el predio, Quezada recuerda: “Hubo un perito que a ojo de buen
cubero, dijo ‘es de aquí hasta allá’”.
El día que el juez
intentó dar posesión a Jorge Padilla, policías municipales arrestaron a
trabajadores de Manuel Prieto que estaban en el lugar, acusados de “invadir” la
propiedad.
Según Quezada, es
ilegal por parte del juez emitir una sentencia afectando a quien es dueño del
predio y que no fue llamado a juicio. Además, señala al supuesto vendedor,
Camacho León, como alguien que “siempre ha querido invadir estos terrenos”.
De los funcionarios
del Poder Judicial, Quezada denuncia que actuaron “con una notoria impunidad y
con una línea del juez que yo he visto pocas veces en mi carrera como abogado…
he visto cosas tan audaces, pero no de este tipo”.
Por ello, prosiguen
con una denuncia penal contra el juez y el actuario, y con un amparo y una
queja en el Consejo de la Judicatura.
Pero el abogado sabe
de dónde viene la transacción, pues recuerda que los jurídicos de Bustamante,
Saray Suárez y Roberto Ordorica, obtuvieron información privilegiada.
“Presumo que es un
grupo político. En la administración pasada, no se llegó a ningún acuerdo
porque los tiempos no nos dieron, y tampoco la voluntad fue del todo
transparente. Ellos tenían pleno conocimiento que el predio era propiedad de
Manuel Prieto, las personas que intentaron desalojarnos, son personas de la
administración pasada”, relata Quezada, y amplía: “Tenían pleno conocimiento
que nosotros ya estábamos en estas gestiones, nos recibieron documentos, estuvieron
revisándolos en mesas de trabajo; no llegamos a ningún convenio, pero la
intención era otra”.
El supuesto
comprador, Jorge Padilla, quien llegó con su abogada, descendió de un carro con
placas de Estados Unidos. Al acercarse ZETA, regresó al vehículo y manualmente,
levantó su ventana. “De qué reportaje, yo no sé…”, respondió al pedirle su
declaración. La mujer se interpuso entre el reportero y Padilla para decir,
repetidamente, “yo soy su abogada”. Se le explicó la elaboración de este
reportaje, pero ambos se negaron a dar información.
ORDORICA: MI DESPACHO NO HA INTERVENIDO
El ex jurídico del
Ayuntamiento declaró a ZETA que ni su persona ni su despacho tienen alguna
injerencia en el caso, y niega la relación virtual: “Estoy enterado de que hubo
ahí un intento de tomar posesión, pero ese siempre ha sido el conflicto de toda
esa área, hay muchos que se dicen los dueños”.
El ex funcionario
niega que el comprador sea su empleado, y que su función en el caso, terminó
cuando salió del Ayuntamiento. De Saray, dice, ella ejerce de manera
profesional.
Ordorica acepta que
durante su titularidad en la Dirección Jurídica en el Ayuntamiento, recibió y
conoció a los abogados de Prieto para regularizar parte de la zona: “Ese
expediente estaba bajo seguro, porque tenían unos movimientos medios raros”.
Luego se refiere al
caso: “Ellos me señalan porque yo estuve cuando ellos fueron al Ayuntamiento,
ellos hicieron una inscripción de partidas de una serie de fracciones de
terrenos con un precio muy barato, y Catastro y el Registrador Público
cancelaron esas operaciones; es todo un conflicto”.
Por último, Ordorica
aseguró que los Prieto no pueden acreditar realmente ser dueños, pese a que la
CORETT sí lo reconozca: “Yo tengo mis dudas, porque nunca nos pudieron acreditar
al 100 por ciento que fueran los titulares. Manuel Prieto adquirió veinte por
ciento de esa zona, pero no está definido dónde, hay una definición que ellos
manipularon a través de un perito que trajeron posteriormente a decir ‘ésta es
la fracción’, pero eso está viciado”.
Por su lado, Gustavo
Almaraz niega relación con el juicio que intentó dar posesión a un tercero.
Asegura a ZETA que él aceptó ser gestor de manera transparente en el proyecto
de regularizar, y que cuando se definió improcedente concluir el proyecto, no
supo más.
“A la hora de la
hora, la sentencia que traían (Prieto y sus abogados) estaba sostenida en un
negocio sumamente ambiguo, estaba muy difícil, en Obras Públicas dijeron que
eran demasiado problemas, en Catastro igual”, recuerda.
“Hasta ahí llegamos,
porque los documentos de ellos no me satisfacían”, y concluye: “No tengo nada
que ver en ese juicio, mis años de litigante dejaron de existir hace treinta
años, inicié la regularización, no se pudo y me hice a un lado”.
“ESTÁ MUY RARO”: SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Bernardo Padilla,
secretario del Ayuntamiento, explica que el municipio y la CORETT llevan meses
en trabajos para regularizar esa zona, pues hay invasiones que con la voluntad
del dueño, se les otorgará títulos de propiedad.
Lo dice parado sobre
el terreno donde el actuario se había presentado: “Hay un programa de la mano
con la CORETT, sabemos que la CORET llegó a buenos términos con el dueño,
Manuel Prieto, quien ganó al Gobierno del Estado en la Suprema Corte.
Por eso nos hace
ruido que ahorita recientemente resultan más dueños”, sospecha el secretario,
quien además, revela que próximamente se inauguraría el segundo acceso a Playas
en presencia del Presidente de la República.
Padilla considera el
nuevo intento de despojo “una afectación de obra pública, de un interés
comunitario. A nosotros como municipio
nos toca la parte obligada en la regularización, el tema de protección
civil, revisar que todo entre en Catastro, generar un plan de desarrollo para
la zona. Para nosotros es muy importante esta zona como Lomas de Matamoros, que
próximamente se van entregar las escrituras en manos del municipio”.
Asimismo, el
funcionario indica que la regularización de la zona es un proyecto del alcalde:
“Estábamos muy contentos, muy emocionados de anunciar próximamente este
proyecto, no lo hicimos porque lo teníamos como uno de los anuncios próximos a
determinar ante la ciudadanía, esperemos que no pase a más”.
BC: 60% DE LAS TIERRAS EN LA IRREGULARIDAD
En palabras de
Gilberto Covelli, delegado de la CORETT, es “muy, muy común” que en Tijuana,
personas vendan terrenos de los que no son dueños, lo cual “es un fraude y un
delito”. Estima que “más del 50 por
ciento de la tierra en Tijuana carece de títulos de propiedad o de escrituras,
en el Estado una cifra similar, a excepción del sur de Ensenada, a partir de
Maneadero hasta San Quintín, más del 80 por ciento”.
Covelli confirma que
el convenio se firmó con Manuel Prieto y con el Ayuntamiento para regularizar
el terreno que intentaron despojarle. Que procedieron al acuerdo a partir de la
resolución de la Suprema Corte.
El funcionario
federal asegura que en cuanto esté la autorización por parte del Ayuntamiento,
iniciarán la regularización de al menos mil familias que ya construyeron dentro
del terreno: “Hay un convenio con el Ayuntamiento y con Manuel Prieto, en el
cual nos comprometemos a hacer frente a todos los trabajos que nos compete de
cartografías, de levantamientos, de investigación sobre el predio para
regularizarlo”.
En este convenio, el
propietario les entregó el dominio del predio para poder transferir la propiedad a los que ya estén
ahí asentados. Se calcula que en más de 45 hectáreas, en al menos 10 existen
habitantes. Algunos compraron de buena fe a terceros que no eran dueños, otros
invadieron, como es el caso de la colonia Osuna Millán.
El representante de
CORETT resalta que el beneficio de la regularización alcanzará a todos; podrán
tener una escritura que avale la propiedad, el Ayuntamiento tendrá mayores
ingresos por parte del predial y otros impuestos, y los servicios municipales
alcanzarán aquella zona.
Del dueño -explican
sus abogados-, el acuerdo es ceder la zona afectada, siempre y cuando ya no se
permitan más invasiones como en la anterior administración estatal. Incluso la
CORETT ingresará al menos 11 millones de pesos por el costo de las escrituras
que pagarán los habitantes.
Mientras en el
Ayuntamiento dicen seguir adelante con el proyecto, en CORETT no se detendrán
al menos que algún tribunal así se los ordene; en tanto, los abogados de Prieto
irán hasta las últimas consecuencias contra los ex funcionarios de Bustamante,
contra el juez y el actuario que pretendieron despojarle de “El Monumento”.
“EL MONUMENTO”… HISTORIA DEL CAOS
Largos y viejos
litigios rodean la zona conocida como “El Monumento”: diversos dueños,
acusaciones, juicios, invasiones y denuncias contra el Gobierno del Estado por
confiscar y expropiar de manera irregular. Se trata de lo que fue un terreno
nacional, en una superficie de 2 mil 252 hectáreas, ubicado al norte de Playas
de Tijuana, casi medio siglo antes de que Baja California se fundara como
estado.
“El Monumento” se
desprendió de la federación en diciembre de 1909, el Gobierno Federal emitió un
título de propiedad (lo vendió) a Juan R. Platt, fundador de casinos y socio de
los ex presidentes de México, Abelardo L. Rodríguez y Plutarco Elías Calles.
Según el título de
propiedad, aquel monumental terreno que abarcaba gran parte de lo que es el
Oeste de Tijuana, fue vendido en 1945 a Guillermo Vallejo Leal y,, años
después, éste lo dejó en herencia a su esposa, María Luisa de Villa de Vallejo.
La ex mujer de
Vallejo terminó cediendo a uno de sus yernos, Manuel Prieto Crespo, el 20 por
ciento de todo “El Monumento” (a cambio de que administrara sus bienes), que
son las 45 hectáreas que la Suprema Corte les reconoció.
El resto se fue en
compraventas, invasiones, litigios y traslapes. La zona de Playas se fraccionó
y comercializó, otra área se convirtió en colonias populares, en tanto, otras
superficies cobraron en dueños y posesionarios. Por ejemplo, Amelia Moreno
Ackerman, José Macías, Francisco Javier de la Herrán, Salvador Vargas Lazarit,
Carlos Borja Robles, Rosario Arreola de Salmán, y una constructora de nombre
Construvisión, por citar algunos.
En 2004, el entonces
gobernador Eugenio Elorduy Walther emitió dos decretos expropiatorios que
afectaron la parte rústica que quedaba de “El Monumento”; más de 75 hectáreas
pasaron al dominio del Gobierno del Estado.
Según el acuerdo
emitido por el ex mandatario, fue una expropiación de 7 millones 479 mil 348
metros cuadrados, es decir, más de 74 hectáreas y uno más de 988 mil metros
cuadrados. El proyecto era regularizar y desarrollar asentamientos urbanos.
En el proceso de
expropiación, hubo dueños a quienes se les indemnizó. En mayo de 2006, el
gobierno ya había iniciado obras dentro del terreno, entre éstas, el acceso
carretero a Playas de Tijuana, que justo atraviesa el predio de Manuel Prieto,
a quien no se le indemnizó, según consta en el amparo promovido por él mismo en
2009.
Ese mismo año, la
administración estatal de José Guadalupe Osuna Millán tuvo que echar abajo el
decreto de expropiación, al no concluir el proyecto ni darle utilidad pública,
argumento con el que se expropió.
Con meses de
diferencia, Osuna Millán emitió otro decreto expropiatorio para el terreno
donde ya se había construido el acceso a Playas, entonces Manuel Prieto y sus
abogados demandaron al gobierno para que les indemnizara.
En 2010, la Juez
Cuarto de Distrito en Baja California reconoció a Manuel Prieto como
propietario. El caso pasó al Tribunal Colegiado para posteriores
inconformidades y revisiones. Finalmente, concedido el amparo y reconocido
Manuel Prieto como el único propietario, el colegiado determinó procedente el
incidente de inejecución de sentencia: que el Gobierno del Estado no indemnizó
ni restableció el predio que se había apoderado, de tal forma que se convirtió
en una confiscación y no en una expropiación.
Según el documento
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (inconformidad 9/2013), el Tribunal Colegiado turnó, el 16
de marzo de 2012, a una revisión a la SCJN, la cual correspondió al ministro
Sergio Salvador Aguirre.
La Segunda Sala de
la Suprema Corte resolvió el caso; luego de consideraciones y determinaciones,
el 10 de octubre de 2013, la Corte reconoció a Manuel Prieto como a quien el
Gobierno del Estado de Baja California deberá indemnizar por la construcción
del segundo acceso a Playas. En la sentencia se puede leer: “Del análisis de
las constancias del fallo protector, se advierte que se concedió el amparo y
protección de la justicia federal a la parte quejosa (Prieto, por medio de
Jesús Quezada), por virtud de que fue objeto de confiscación el predio, del cual
acreditó contar con la propiedad”.
Pasará tiempo para
que el Gobierno del Estado pague al dueño del predio varios millones de pesos,
para que otra parte sea regularizada y posteriormente urbanizada, y de esa
manera, el capítulo del conflictivo “Monumento” llegue a su fin.
(SEMANARIO
ZETA/ REPORTAJEZ/ Isaí Lara Bermúdez/ 13 de Octubre del 2014 a las 07:26:00)
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