Desde
el pasado 11 de noviembre el mayor Francisco Pérez Chávez está en
huelga de hambre en protesta contra la violación a sus derechos humanos.
Preso desde 2008 en Mazatlán, el militar tomó esa medida para llamar la
atención sobre su caso: alega que lo condenaron a 25 años de cárcel sin
prueba alguna, violando todas sus garantías, porque se atrevió a
señalar a altos mandos castrenses como cómplices del crimen organizado.
Su asunto sigue sin ser revisado e incluso la CNDH decidió mirar para
otro lado cuando se le pidió su ayuda.
MÉXICO, D.F.
(Proceso).- Por la ineficacia de la huelga de hambre que ha sostenido
desde el pasado 11 de noviembre y ante el inminente riesgo de sufrir un
coma diabético, el mayor Francisco de Jesús Pérez Chávez –recluido desde
enero de 2008 en la prisión militar de Mazatlán acusado de
“delincuencia organizada”– ha pensado en ponerle fin a su ayuno.
Días
antes de iniciar su protesta había denunciado al juez de la III Región
Militar, coronel Carlos Méndez Donato, por delitos contra la
administración de la justicia y, por ende, por privación ilegal de la
libertad.
Tras varias solicitudes a la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) para que interviniera, al segundo día de su
protesta recibió en la prisión militar a Víctor Sánchez, de la Tercera
Visitaduría.
El encuentro fue infructuoso: el representante de la
CNDH se negó a conocer del caso y a levantar una queja por violación a
sus derechos humanos y garantías individuales; argumentó que estaba
impedido de intervenir por tratarse de un asunto meramente
jurisdiccional.
El 11 de noviembre, en un documento enviado al
director de la Prisión Militar Número 5, Pérez Chávez le informó del
inicio de su protesta contra la política del gobierno federal de violar
sus derechos humanos al mantenerlo “ilícitamente” preso seis años sin
fundamento alguno, razón por la cual se declaró “preso político”.
“He
recurrido al propio Tribunal Federal en aras de que se restituya ese
derecho primordial que es la libertad. He perdido familia, se ha
menoscabado gravemente mi salud y las autoridades federales y militares
se han coludido para alargar más aún ese injustificado proceso penal que
se me sigue”, expuso en el texto.
Ese mismo día la mayor Ana
Soledad Martínez Pérez hizo de su conocimiento el riesgo de emprender el
ayuno: “Actualmente presenta diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 y
gota con buen control; sin embargo la situación que ha decidido llevar a
cabo lo predispone a descontrol metabólico”.
Al siguiente día el
director de la prisión, el general Rogelio Carlos Nophal Balderas, con
el oficio 11953 le informó que por instrucciones de la Dirección General
de Justicia Militar diariamente se realizaría la videograbación del
trato otorgado por el centro penitenciario y le advertía que debía
seguir los recursos legales que la ley le confería para su proceso, pues
dicha actitud (de ayuno) ponía en peligro su salud.
Demanda juicio al juez
En la historia del Ejército ésta es la segunda vez que un militar se declara en huelga de hambre.
El
primero en hacerlo fue el teniente coronel Hildegardo Basilio Gómez,
quien en abril de 2007 protestó así contra los abusos cometidos por la
justicia militar.
Y en contraparte es la primera ocasión en que un
juez militar enfrenta responsabilidad jurídica por omisiones cometidas
en su actuar judicial.
En su denuncia presentada el pasado 6 de
noviembre –cinco días antes de iniciar la huelga de hambre– contra el
juez Méndez Donato, Pérez Chávez expuso ante el procurador de Justicia
Militar, Jesús Gabriel López Benítez:
“Desde el 26 de enero de
2008 fui privado ilegalmente de mi libertad en mi centro de trabajo (…)
en la Novena Región Militar con sede en Culiacán, Sinaloa; desde
entonces he sido sujeto a un proceso penal plagado de violaciones a mis
derechos humanos y a mis garantías individuales. Quedé a disposición del
juez séptimo de Distrito del Ramo Penal de Guadalajara, Jalisco, quien
se declaró incompetente.
“Después de más de ocho meses que tardó
en resolverse un conflicto competencial, con fecha 3 de julio de 2008 se
radicó mi proceso ante el juez cuarto de Distrito con sede en Culiacán,
Sinaloa, iniciando la causa penal 99/2008-1, por lo que, una vez
agotada ésta y declarado visto el proceso, con fecha 30 de noviembre de
2011 se me dictó sentencia condenatoria de 25 años de prisión, igual que
a mis compañeros”, continúa.
“Inconformes, hicimos valer el
recurso de apelación. El 17 de mayo de 2012 el Tribunal Colegiado de
Circuito con sede en Culiacán, Sinaloa, dentro del toca penal número
85/2012, declaró insubsistente la sentencia recurrida y ordenó la
reposición del procedimiento, indicándose específicamente las pruebas a
desahogar.
“Inconformes con dicho fallo, mis coprocesados Humberto
Solís Galicia y Humberto Ramírez López Cornejo interpusieron el juicio
de garantías número 49/2012 ante el Tribunal Unitario del Décimo Segundo
Circuito con residencia en Mazatlán, el cual el 9 de noviembre de 2012
negó el amparo. En desacuerdo, interpusieron el recurso de revisión,
que fue resuelto a su favor, teniendo como resultado que el Juzgado
Cuarto de Distrito declinó la competencia a favor del juez militar
adscrito a la Tercera Región Militar de la Sedena, remitiendo el
expediente original.
“Posterior a esto la misma autoridad, por
auto de fecha 22 de julio de 2013, dicta un acuerdo en atención al
telegrama con número de folio 264699 remitido por el juez militar
adscrito a la Tercera Región Militar, hace del conocimiento que el día
11 de junio del año en curso aceptó la competencia por razón del fuero
en la causa penal 99/2008-1 y en la que dicho juez militar le solicita
ordene el traslado del suscrito y de mis coprocesados al lugar de
residencia de dicho juez militar.
“Así las cosas, desde el 10 de
septiembre del presente año me encuentro recluido en la Prisión Militar
de la ciudad de Mazatlán.”
El juez militar, afirma Pérez Chávez,
“además de admitir la competencia que me tiene a su disposición desde el
11 de junio del año en curso, radicó el expediente bajo el número
426/2013. Por constituir actuaciones declaradas insubsistentes por el
Juzgado Cuatro, que declinó, todo el expediente debió remitirse al
archivo; sin embargo, sin fundamento alguno, ordenó extraer los autos de
formal prisión de los tomos IX, X y XVII, dictados en contra de los
procesados.
“Por cuanto hace al mío, integrado en el tomo IX, ha
sido agregado al expediente de manera ilegal. El actuar comisivo de
delito del juez militar denunciado consiste en que éste debió (…)
declarar insubsistente el auto de plazo constitucional dictado por el
Juzgado Cuarto y dictar un nuevo auto de formal prisión. Además debió
tomar la declaración preparatoria a todos los procesados precisamente
por haberse decretado insubsistente todo lo actuado, lo cual, a la fecha
no ha hecho.
“Con lo anterior se evidencia que el juez denunciado
ni siquiera ha entrado al estudio mínimo de nuestro caso, pues me
quiere procesar con pruebas que, además de resultar ilícitas, fueron
valoradas por una autoridad incompetente de manera ilegal.
“Ante
la falta del dictado en términos legales del auto de plazo, me tiene
ilegalmente privado de mi libertad; por ello solicito se investigue y se
integre la averiguación y en el momento procesal oportuno se consigne
al juez Carlos Méndez Donato.”
–¿Cuándo presentó la denuncia contra Méndez Donato? –se le pregunta a Pérez Chávez.
–Mi
hermana María Elena la presentó el 6 de noviembre en la Procuraduría
General de Justicia Militar y no me la han traído para ratificarla, a
pesar de que es una obligación de la autoridad ponérmela a la vista de
inmediato para ver si la ratifico o no. Quizás el general Salvador
Cienfuegos Zepeda (secretario de la Defensa Nacional) intenta cubrir la
negligencia del juez.
La CNDH se lava las manos
“Yo
realizaba aseguramientos y detenciones ordenados por el general de
división Roberto Miranda Sánchez, comandante de la III Región Militar.
El general (Rolando) Hidalgo Eddy había estado en Sinaloa en 2006, luego
lo mandaron a Rusia y regresó al año con la promesa de detener al
Chapo; sólo que no cumplió y puso de pretexto que hubo fuga de
información. Como yo era su enemigo, me puso como chivo expiatorio”,
cuenta Pérez Chávez.
En 2008 se dio el rompimiento entre los hermanos Beltrán Leyva y Joaquín El Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa.
–¿El general Hidalgo apoyaba a algún cártel?
–Trabajé
con el general Miranda en Chihuahua y Coahuila y siempre atacó a todos
los grupos delictivos. Los resultados están documentados. Yo indagué el
general Hidalgo Eddy porque él fue quien me señaló para que me enviaran a
prisión, y lo que pude investigar fue que él apoyaba al Chapo.
La hermana de Pérez Chávez presentó una queja por escrito a la CNDH. No la aceptaron porque era un asunto jurisdiccional.
“Hablé
por teléfono con el director de quejas de la Tercera Visitaduría, lo
amenacé con acudir a los medios si no me hacían caso. A los dos días
mandó al visitador Víctor Sánchez Rivas, platicó cuatro horas con cada
uno de nosotros y al final dijo lo mismo, que era un asunto
jurisdiccional y que no podían intervenir”, asegura Pérez Chávez.
“Le
dije: ‘Los casos de Jorge Hank Rhon o la francesa Florence Cassez
también eran jurisdiccionales y la CNDH intervino’. No dijo nada.”
El
visitador, señala el mayor, todo el tiempo estuvo acompañado por
personal de la División de Derechos Humanos de la Secretaría de la
Defensa.
“Le dije. ‘¡Pero cómo, licenciado!, si esto es una
violación a nuestros derechos humanos, estamos privados ilegalmente de
nuestra libertad y es una facultad, una obligación de ustedes preservar
los derechos humanos de acuerdo con el artículo 1 constitucional. Hace
cinco días hablé con el mismo visitador y en forma grosera me dijo que
no es un asunto que les atañe y que le hiciera como quisiera. Le pedí
hablar con el presidente de la Comisión, pero me dijo que no me iba a
dar el teléfono, que lo investigara en el conmutador.”
Sin éxito hace cinco años el mayor también solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ausencia de pruebas
Cesar
López Carrillo, abogado de los tenientes Humberto Solís Galicia y
Humberto Ramírez López Cornejo, detalla a Proceso la inexistencia de las
pruebas con las cuales condenaron a su cliente:
En enero de 2008
en una camioneta perteneciente a Alfredo Beltrán Leyva, dice el abogado,
“se hallaron tres maletas, una negra, una beige y una roja” (Proceso
1931).
“Según consigna el acta del 21 de enero de 2008, la maleta
negra trae relojes Rolex, cadenas y otras cosas valiosas; la roja trae
casi 1 millón de dólares y la beige dicen que diversos documentos. (…)
Hasta ahí queda la puesta a disposición.
“Indebidamente, el día
24, tres días después, el Ministerio Público inventa una prueba, se
autoenvía una fe ministerial sobre la maleta beige, en la que dice que
también apareció un portafolios pequeño color azul y supuestamente en
éste hay tres cosas que inculparían a los detenidos: una libreta, que no
existe pues el MP sólo muestra unas hojitas en que pusieron una larga
lista de nombres, entre ellos los de los militares presos.
“También
dicen que hay un casete con una grabación donde el mayor Pérez Chávez
platica con Beltrán Leyva para darle cierta información.
“La
tercera cosa inexistente es que señalan que había una memoria USB que
traía una persona que agarraron en Baja California y que esa memoria
traía información de diversos operativos que el Ejército realizaba. Esa
memoria jamás ha sido encontrada ni obra en los procedimientos.”
El
abogado explica que para suplir esa anomalía el juez ordenó que se
extrajeran los archivos de la computadora de la cual pudo haber salido
el contenido de la memoria USB inexistente.
“A partir de esa pruebas mis clientes tienen seis años presos”, dice.
“Ya
se probó toda la infraestructura del Estado: del fuero común federal,
juez de distrito, juez unitario en apelación, tribunal colegiado en
amparo y tribunal colegiado en revisión; ahora la justicia militar, y
hasta hoy el Estado mexicano no ha tenido materia legal para mantenerlos
detenidos. Las familias ya no tienen dinero porque de manera ilegal les
suspendieron sus haberes a los militares. En México a nadie le importa
su cuestión económica ni legal. La impunidad reina en este país”,
afirma.
–¿Por qué se les involucró? –se le pregunta al abogado.
–Los
militares fueron chivos expiatorios porque personas del alto mando
están involucradas en el narcotráfico: el general Hidalgo Eddy, a quien
mencionaba el mayor Pérez Chávez.
“Se ganó el asunto para que se
iniciara la investigación castrense, pero se reinició con los mismos
datos del fuero ordinario, lo cual es ilegal. Están ilegalmente
detenidos, así dice el artículo 19 constitucional, que no se justifica
la detención de nadie sin un auto que funde y motive la causa legal.
Para qué sirve la Constitución si no se respeta. Se violaron los
artículos 14, 16, 19; el debido proceso, el derecho a la defensa
establecido en el 20 constitucional, y el 1, que habla de los derechos
humanos. Han sido ultrajados, tratados cruel e inhumanamente, los han
degradado tanto a ellos como a sus familias.”
–¿Qué procede contra el juez militar?
–Meter
a la cárcel al coronel juez, porque así lo dice el Código de Justicia
Militar. Debió otorgar la libertad porque no tiene instrumentos legales
para dejarlos ahí.
Al cierre de esta edición la familia de Pérez
Chávez recibió un telegrama de la prisión militar fechado el lunes 2, en
el cual le informan que el mayor decidió colocarse en situación de
“sometimiento voluntario a ingesta limitada de alimentos, siendo su
diagnóstico actual cefalea, bradicardia e hiperglucemia”.
/12 de diciembre de 2013)
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