Tras una sesión de
20 horas y ocho minutos, la Cámara de Diputados aprobó ayer, en lo general y lo
particular, la reforma energética que abre los sectores energético y eléctrico
a la inversión privada nacional e internacional.
A las 13:08 horas de
este jueves, con una votación en lo particular de 354 votos a favor y 134 en
contra -exactamente la misma que se
había registrado 14 horas antes cuando se votó en lo general-, el pleno avaló
en una sede alterna al salón de sesiones de San Lázaro la iniciativa presentada
al Congreso por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 12 de agosto.
Así, el trámite
legislativo de la llamada “reforma más importante para el país” en su historia
reciente tuvo una duración de sólo cuatro meses, si bien deberá recorrer ahora,
por tratarse de modificaciones a la carta magna, los Congresos locales hasta
ser aprobada por al menos por la mitad más uno de ellos y adquirir de ese modo
su carácter constitucional.
Luego de la
aprobación del dictamen en lo general, a las 23:05 horas del miércoles, la
oposición de izquierda reservó todos los artículos y para su presentación y
desahogo inscribió a 101 oradores, que pasaron uno a uno por la tribuna a
partir de esa hora y hasta poco antes de las 13:00 horas.
Es de resaltar que
no fue aceptada una sola de las reservas presentadas, como se había anticipado
prácticamente a lo largo de toda la larga jornada de trabajo legislativo.
El dictamen aprobado
por los diputados, en una sesión histórica por su trascendencia, su duración y
sus singulares características, modifica los artículos 25, 27 y 28 de la
Constitución, y contiene 21 transitorios, cuyo conjunto global permite que
empresas privadas participen en el sector de los hidrocarburos y la
electricidad.
Establece que la
participación privada se puede llevar a cabo mediante todo tipo de contratos
como son los de servicios, de utilidad compartida, de producción compartida, y
de licencias, entre otras modalidades.
El texto plantea que
Petróleos Mexicanos (Pemex), y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), hasta
hoy organismos descentralizados, se transformen para convertirse en empresas
productivas del Estado en un plazo máximo de dos años, a partir de la
publicación oficial de la reforma.
De esta forma, en el
artículo 25 de la Constitución se establece que el sector público tendrá a su
cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el
artículo 28, “manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control
sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se
establezcan”.
Ahí se definen como
áreas estratégicas los correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los
demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación
de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las
leyes que expida el Congreso.
La reforma menciona
que, en materia de electricidad, petróleo y demás hidrocarburos, la ley
reglamentaria establecerá las normas relativas a la administración,
organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos
jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado.
En las
modificaciones al artículo 27 se indica que “tratándose de minerales
radioactivos no se otorgarán concesiones”, y se precisa que “corresponde exclusivamente
a la nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como
el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica”.
(DOSSIER
POLITICO / Luciano Franco / Crónica/ 2013-12-13)
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