CERO CUOTAS, PROGRAMA FEDERAL FALLIDO

La Viña del Señor

El programa Cero Cuotas impulsado por el gobierno de Enrique Peña Nieto y cuya operación en la entidad estaba encargada el delegado de la SEP Víctor Guerrero, falló en su objetivo de aliviar la carga económica de los padres de familia con hijos en edad de estudiar, debido al aferre de directores y funcionarios escolares de instituciones públicas en cobrar cuotas de inscripción cuya obligatoriedad no existe legalmente y que la Comisión de Educación y Cultura de la cámara de diputados ha defendido como una de sus demandas más importantes por el impacto que tiene en la economía de muchas familias mexicanas de escasos recursos.  

Como cada año, por doquier se manifiesta el malestar por tal acto ilegal que abarca las escuelas primarias, secundarias y preparatorias y hasta preescolares, tanto en planteles estatales como federales, a pesar de que por doquier se grita a todos los vientos respecto de la gratuidad de la educación pública cuya responsabilidad sostiene el artículo 3º. Constitucional, corre a cargo del Estado, a pesar del lloriqueo de funcionarios que justifican tal cobro por la falta de presupuesto en los planteles, mientras, organizaciones como CNTE y otras del mismo SNTE,  con su cerco a San Lázaro, han puesto en el tapete de la discusión el hecho de que si no se combate la corrupción en el sistema educativo no habrá reforma educativa valedera y viable, siendo el de la DGETI uno de los subsistemas donde más ha perneado dicho mal y ya ameritó la salida de su director general Luis Mejía Piña y recientemente el de su Subdirector Operativo Daniel Serratos y se pide la salida de todos los Subdirectores de Enlace Operativo de la dependencia en el país o la cabeza del Subsecretario de Educación Media de la SEP Rodolfo Tuirán, a quien responsabilizan del desastre desde que Josefina Vazquez Mota, dirigía la educación con Felipe Calderón. Juan Díaz, el líder formal del SNTE, se muestra doblado frente a la propuesta peñista luego de la detención de Elba Esther Gordillo de quien era monigote.

La sociedad del disimulo

El gobernador Guillermo Padrés, reconociendo las bondades del programa se adhirió al mismo y el titular de la SEC Jorge Luis Ibarra Mendivil, se manifestó al pendiente de su ejecución por no ser requisito ningún pago para acceder al sistema educativo.

Sin embargo, a pesar de todas las expresiones favorables al programa incluida la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados, en los hechos, el viejo vicio del cobro disfrazado cuya penalización se discute en el Senado, bajo argumentos tan improcedentes como que se trata de “cuotas voluntarias” –a fuerzas—o como “acuerdo” de los padres de familia, como cínicamente se lo declaró Salvador Castro Montañez, Subdirector de Enlace Operativo de la DGETI en Sonora, a la periodista Agueda Barojas Ontiveros de la radiodifusora XEPS de Empalme cuando lo inquirió sobre el cobro de $2,000.00 por concepto de inscripción en el CBTIS 40 de Guaymas, una institución que ha venido de mas a menos desde la llegada a la dirección de su protegida Magaly Arreola Sánchez, a quien se supone el mismo Subsecretario de Educación Media Superior Rodolfo Tuirán, le pidió la bola, pues de un cupo de 600 alumnos de primer ingreso, el Ceneval le asignó 362 y en donde finalmente quedaron inscritos 252 debido a la rapacidad de la medida. En el CET del mar del puerto por dicho de su director la cuota es de $800.00 y reconoció su no obligatoriedad.

En reunión de padres de familia del turno vespertino apenas el jueves pasado la Arreola, luego de breve lloriqueo y burda actuación y apelando a la falta de presupuesto, la mujer soltó a los presentes la razón de la convocatoria, que no era otro que exigir el pago de la cuota impuesta por sus pistolas, con la velada amenaza de que quienes no pagara no serían atendidos en la institución, cuando se sabe que los servicios educativos, como constancias, etc., cuentan con tarifa previamente establecida y no tienen nada que ver las cuotas.

Guanajuato, a la vanguardia de los derechos humanos

Si el remedo de reforma educativa levantó protestas en algunas partes del país que encabezó la CNTE y orilló a la atención de sus demandas y al debate en foros regionales, es en Guanajuato donde la SEP de Emilio Chauyffet, signó un convenio para garantizar el no cobro de cuotas, cosa que no ha sucedido en otras latitudes, como es nuestra entidad.

Ahí en Guanajuato, dentro del expediente correspondiente a la Queja 345/06-S, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la dependencia resolvió:

“Quien esto resuelve estima pertinente asentar que si partimos de la premisa de que la educación (pública) es de orden público, es inconcuso entonces que no se puede condicionar ni negar por el hecho de no pagar una cuota de dinero, esto es, resulta irregular que en algunas escuelas públicas se exija una cuota eufemísticamente denominada “voluntaria” o una aportación, tan es así que el artículo 3º de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, que señala en lo conducente: 

“Todo individuo tiene derecho a recibir educación; el Estado-federación, estados, Distrito federal y los municipios-, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria: IV.- Toda educación que el Estado imparta será gratuita”; sin embargo, y a pesar de que así se establece por mandato expreso de la Ley fundamental, este Organismo es sabedor de que en algunas escuelas públicas se exige por parte del personal administrativo o docente “cuotas voluntarias” y, en este sentido, no existe motivo alguno para que autoridades, directivos, personal docente o administrativo de escuelas públicas, dejen sin el servicio educativo a niñas y niños, con el pretexto del pago de cuotas fijadas por las asociaciones de padres de familia. Es decir, la conducta antes descrita se trata de un aspecto que ha sido motivo constante de quejas por parte de los padres de familia, pues no conforme con afectar su peculio, también son condicionados o amenazados con no entregarles las boletas de calificaciones de sus hijos o no inscribirlos en el siguiente ciclo escolar; de manera tal que -ante esa coerción-, no les queda más remedio que cubrir las cuotas requeridas, amén que en muchos de los casos no existe la debida claridad sobre el destino de los recursos recaudados por las sociedades de padres de familia. Ahora bien, aun cuando se pudiese argumentar que el criterio por el cual se establecen la cuotas constituye la necesidad de que los padres de familia contribuyan a rescatar la precaria condición que en muchos de los casos existen en algunas de las instalaciones educativas, también lo es que tal función le corresponde –en forma primigenia- al Estado y, en este contexto, es dable exigir a las autoridades escolares para que en apego al mandato constitucional actúen con energía para erradicar la indebida costumbre de condicionar pagos de cuotas y cooperaciones de padres de familia, a cambio de la entrega de documentos escolares o como requisito para la inscripción de estudiantes en el siguiente grado. Asimismo, es oportuno recalcar que si los padres de familia desean coadyuvar en el proceso educativo de sus hijos, es menester precisar que tal colaboración debe ser siempre de forma voluntaria y nunca estará condicionada a la prestación de los servicios de educación que brinde el Estado, esto es, la educación constituye uno de los pilares fundamentales del crecimiento nacional, y un derecho constitucional que requiere del esfuerzo de las autoridades de todos los órdenes de gobierno; luego entonces, las acciones deben orientarse a mejorar los niveles de instrucción, poniendo énfasis no sólo en la cobertura y la ampliación de los servicios educativos, sino también en la equidad y calidad de los mismos, a fin de corregir desigualdades entre grupos sociales y regiones y, en tal virtud, se fortalecerán los principios de equidad y gratuidad de la educación pública. Por tanto, esta Procuraduría estima conveniente emitir una respetuosa Recomendación al Secretario de Educación del Estado, a fin de que gire instrucciones por escrito a quien corresponda para que se implementen todos aquellos mecanismos y acciones tendientes evitar situaciones como las aquí acontecidas (cobro de cuotas eufemísticamente llamadas “voluntarias”) y, con ello, se enaltezca aún más la loable e insigne función del personal docente y magisterial guanajuatense”

Ya es hora de que Raúl Ramírez, titular de la CEDH de la cara por los sonorenses y deje de nadar de muertito.

Llama la atención que en Guaymas habiendo tanta oferta en el rubro educativo, como licenciatura, maestría y hasta doctorado, de las cuales hay un buen número de egresados, no ha impactado en la discusión de tan importante tema y sus principios básicos como la gratuidad y el laicismo de la educación pública y la calidad que la sociedad exige y que la reforma peñista más que enfocada a la educación que comprendería los programas de estudio entre otros es de carácter meramente laboral. De ahí que la posibilidad de expedición de las leyes secundarias sin incluir las propuestas del sector magisterial en los Foros temáticos pactados con la Secretaría de Gobernación y la SEP hayan crispado los ánimos de los docentes.

(EL PORTAL DE LA NOTICIA/ Columna La VIña del Señor/ Domingo, 25 de Agosto de 2013 21:24)