Isabel
Mercado Juárez
Por lo menos tres
compañías constructoras e inmobiliarias de la localidad, una de ellas propiedad
del compadre de Carlos Bustamante, han sido beneficiadas en perjuicio de los
tijuanenses.
No solo conviene el alcalde para que paguen en especie lo que no
pueden en dinero, también les firma ventajosos convenios que pueden o no
cumplirlos.
A la Fraccionadora Arnaiz, le aceptó en donación –como corresponde
por Ley– un predio de más de 20 mil metros cuadrados, pero once meses después
“se lo vendió” el Ayuntamiento a Fraccionadora Arnaiz en cómodos plazos, que
después fueron eliminados por el pago en especie
No pagan impuestos al fisco municipal por el
desarrollo de su actividad; tampoco adeudos o recargos acumulados por el
incumplimiento en su contribución, pero a cambio, son recompensados con la
asignación directa de contratos millonarios. Se trata de los consorcios
inmobiliarios que han sido privilegiados por el XX Ayuntamiento de Tijuana de
Carlos Bustamante Anchondo.
Vaya, ni los
derechos de urbanización o los terrenos que deben ser entregados en donación al
municipio son cubiertos al cien por ciento por algunos desarrolladores.
Esos
beneficios para la ciudad son negociados, normalmente, a cambio de que las
constructoras paguen en especie –con obra de infraestructura urbana–, pero se
han reportado casos en que ni con eso cumplen.
A lo largo de la
administración de Carlos Bustamante, empresas como CYD Desarrollos Urbanos,
S.A. de C.V. –filial de Grupo Urbi–, Fraccionadora Arnaiz, S.A. de C.V.
–propiedad de su amigo y compadre Raymundo Arnaiz–; y Grupo MUSA –empresa de
Raymundo Múzquiz–, han logrado signar convenios que les son, a todas luces,
ventajosos.
Vender en plazos a
las fraccionadoras los mismos terrenos que dieron en donación al Ayuntamiento
es “una práctica muy común entre las constructoras”, planteó a ZETA una fuente
de Fraccionadora Arnaiz que pidió no ser citada.
La indulgencia del
alcalde Bustamante lo ha llevado a entregar obras de desarrollo urbano
municipal sin licitación de por medio, además de fomentar el desarrollo
particular de estas empresas al asignar, en el caso del Grupo Urbi y
Fraccionadora Arnaiz, S.A. de C.V., subsidios de alrededor de más de 200
millones de pesos para la ejecución de vivienda popular, programa donde apenas
se han ejecutado alrededor de mil 200 viviendas. Aparte los contratos de obra
signados con los desarrolladores tampoco se han cumplido, mientras éstos
aseguran ir al corriente con sus contribuciones al municipio.
Roberto Méndez Meza,
presidente del Colegio de Ingenieros de Tijuana, consideró sobre estos acuerdos
entre desarrolladoras y Ayuntamiento: “a todas luces se encuentran fuera del
marco de la ley y que representan para el resto de las constructoras una competencia
desleal”, aseveró Roberto Méndez Meza, presidente del Colegio de Ingenieros
Civiles de Tijuana.
El Ayuntamiento de
Tijuana firmó un convenio con CYD Desarrollos Urbanos para “obtener la Mayor
cantidad de Obras de Urbanización y Equipamiento Urbano de Utilidad Pública…”.
En tres dictámenes,
el gobierno de Bustamante le adjudicó a CYD obras directas que ejecutaría a
cambio de compensarle con créditos fiscales, o de no donar al municipio los
terrenos correspondientes de futuras obras de urbanización.
Los tributos
municipales que el Ayuntamiento podría condonar a las empresas:
- Pago del Impuesto
Predial.
- Pago por derechos
en trámites para subdividir terrenos, lotificaciones, o fusiones.
- Pago por registros
y cancelaciones de claves catastrales.
- Certificaciones
diversas.
- Pago por
autorización de regímenes de propiedad en condominio y sus modificaciones.
- Pago por licencias
de construcción, permisos de movimiento de tierra, tramitación y obtención de
acuerdos de fraccionamiento.
- Exención en cobro
por derechos de diversos trámites municipales.
Además de permutar
el pago de impuestos, el gobierno de Bustamante acordó la entrega de terrenos
como “pago en especie de dichos trabajos mediante la trasmisión de propiedad,
previa desincorporación de los bienes inmuebles municipales reciba o hubiese
recibido en donación por parte de la empresa contratista…”.
El convenio resultó
un cheque en blanco para la empresa, pues tras la autorización del cabildo para
ser suscrito, la adjudicación subsecuente de obras al desarrollador podría
darse solo con un dictamen previo emitido por la Secretaría de Desarrollo
Urbano y aprobado por el presidente, sin tener que ser avalado ya por Cabildo.
El Ayuntamiento
adjudicó a CYD 11 contratos por 83 millones de pesos, divididos en dos
segmentos. De los once contratos, la desarrolladora solo ha ejecutado tres.
En el primer paquete
de contratos se incluyeron seis obras de equipamiento urbano por 47 millones 350
mil pesos: un centro comunitario, Estación Múltiple de servicios, unidad
deportiva y oficinas municipales, todas ubicadas en Lomas de San Pedro,
fraccionamiento desarrollado precisamente por Urbi; además de una obra de
equipamiento urbano en el Parque Morelos y mobiliario para DIF Insurgentes.
El segundo segmento
agrupó cinco acciones de infraestructura por una inversión de 35.6 millones de
pesos: regeneración de Bulevar El Rosario, Bulevar Cucapah, guardería y
consultorio médico en Villa del Álamo, así como un vivero y albergue animal.
La crisis económica
en el sector inmobiliario, que ha llevado a Urbi a pactar pagos o trueques con
sus acreedores, afectó a la filial CYD Desarrollos para cumplir su parte del
convenio con el Ayuntamiento. Enrique Muñoz, director de Urbi en Tijuana
declaró a ZETA: “solo se concluyeron tres”, pero no quiso precisar cuáles obras
fueron las que sí concluyeron.
El mismo Muñoz
informó que cinco de las once obras no serán ejecutadas, y que otras tres
quedarán inconclusas, pues considera conveniente firmar “un nuevo acuerdo con
la próxima administración para culminar los proyectos pendientes”.
CONSORCIOS INMOBILIARIOS PRIVILEGIADOS POR BUSTAMANTE
Dicha información da
cuenta que de las 11 obras encargadas a CYD Desarrollo por parte del
Ayuntamiento de Tijuana a cambio de condonarle impuestos o el pago por derechos
y servicios, la constructora únicamente concluyó tres, el resto, ocho, no las
terminarán. Otro directivo del Grupo dijo a ZETA que los contratos fueron
aprobados por Cabildo, que no afectaron las arcas municipales, pues el convenio
fue por nuevos impuestos; además que construirían las obras que la sociedad
necesita en ciertas áreas, específicamente en zonas de bajos recursos.
Sobre el caso opinó
Walberto Rodríguez, secretario del Colegio de Ingenieros de Tijuana: “Este
acuerdo debería estarse cabildeando ya, aunque lo más factible sería que Urbi
entregara al municipio los terrenos de donación en lugar de comprometer obra
que dada su situación financiera le será difícil ejecutar”.
Un tercer acuerdo
tomado en diciembre de 2011 permitió convenir con la misma empresa CYD
Desarrollos Urbano, S.A. de C.V. un contrato en el que el municipio de Tijuana
se obligaba a destinar recursos provenientes del pago de contribuciones de los
tijuanenses, para subsidiar a personas con ingresos menores a cinco veces el
salario mínimo, con la intención de que adquirieran una vivienda.
Para la
implementación del programa municipal de apoyo a la vivienda económica fue
necesario aprobar la condonación de la carga impositiva municipal que el
desarrollador inmobiliario, en este caso CYD Desarrollos Urbanos, se veía
obligado a cubrir dada su actividad, para que ésta a su vez no se transfiriera
a los adquirientes de esas viviendas.
Con ese argumento el
gobierno de Carlos Bustamante borraba de un solo plumazo todas las posibles
contribuciones que se estimó podrían derivarse de la actividad de la empresa,
durante la presente administración.
La cancelación
adelantada de gravámenes sumó 181 millones 896 mil pesos, a cambio, el
desarrollador se comprometió a aportar a fondo perdido la cantidad de 85.6
millones de pesos, con la finalidad de subsidiar la adquisición de vivienda
nueva.
De esa manera CYD
Desarrollos Urbanos se deslindaba de sus obligaciones fiscales con el municipio
y amarraba un contrato de adjudicación directa.
Cada vivienda se
tasó a razón de 258 mil pesos, de los cuales 18 mil 356 sería aportación del
desarrollador, 57 mil 644 se subsidiarían a través de la Comisión Nacional de
Vivienda, 39 mil pesos los aportaría el gobierno municipal. El adquiriente, por
su parte, tendría que pagar 143 mil pesos.
Para el inicio del
programa el municipio destinó una partida de 39 millones de pesos, recursos que
integrados a la contribución permutada a la constructora para constituir un
fondo de un importe inicial de 111 millones 150 mil pesos a ejercer durante
2012 y 70.7 millones para aplicarse en 2013, recursos con los que podrían
subsidiarse más de 4 mil 600 viviendas. A la fecha URBI sostiene haber
ejecutado 2 mil 700 acciones de vivienda.
Para Enrique Muñoz,
lo fundamental de estos contratos “no era el que URBI se pusiera al corriente
con sus adeudos ante el Ayuntamiento de Tijuana, sino el acercar algunos
beneficios a la comunidad”.
Urbi, de las mas
"queridas"
URBI, DE LAS MAS “QUERIDAS”
“Con esas obras se
finiquitaría al cien por ciento la deuda de Urbi (con el Ayuntamiento de
Tijuana) que ascendía a 80 millones de pesos, se iba a fondear del desarrollo
de vivienda pero como no se logró la meta, se tuvo que pagar en efectivo poco
más de 45 millones de pesos para cerrar la administración con cero adeudos”,
aseguró.
El representante
inmobiliario calificó estos contratos como “oportunidades de negocio para hacer
más vivienda, y descartó que dichos convenios constituyan una competencia
desleal.
“¿Consentidos por la
administración actual? No, somos queridos porque nos ayudamos”, acotó.
Desventajosos trueques
Fraccionamiento Arnaiz, S.A. de C.V. (FRASA),
representada por Raymundo Arnaiz Gamboa, es una de las principales empresas
beneficiadas con el pago en especie por la presidencia municipal de Carlos
Bustamante.
En enero de 2012, el
XX Ayuntamiento de Tijuana recibió en donación 13 áreas ubicadas en Colinas de
la Presa; once correspondían a vialidades, áreas verdes y equipamiento urbano,
las restantes eran dos terrenos, uno de 36 metros cuadrados y otro de 20 mil
937 metros cuadrados.
Once meses después,
en diciembre de 2012, el Ayuntamiento regresó a la constructora Fraccionamiento
Arnaiz S.A. de C., el predio de 20 mil 937 metros cuadrados
Es el lote de mayor
dimensión, el que posteriormente, en diciembre de 2012, fue devuelto a
Fraccionamiento Arnaiz S.A. de C.V. mediante un contrato de “compraventa a
plazos con reserva de dominio”, a razón de 22 millones de pesos, recursos que
de cualquier manera, no ingresaron a las arcas de Tijuana, pues mejor se acordó
la ejecución de un programa de vivienda para los trabajadores del Ayuntamiento
de Tijuana en el que el municipio estaría aportando un subsidio de 30 mil pesos
por cada casa.
Aunque para la
aprobación de este programa se habló de un listado de 500 interesados, lo
cierto es que la apatía predominó entre los empleados municipales, adhiriéndose
a él un promedio de 300. Aun así la constructora, administrada por el hijo del
compadre del Alcalde Bustamante, continuará con el pago en especie a un ritmo
lento que trascenderá la administración actual, pues el convenio no estipula un
plazo para el pago de los 22 millones de pesos.
Para Walberto
Rodríguez, secretario del consejo directivo del Colegio de Ingenieros de
Tijuana, está mal que se comprometan los bienes del Ayuntamiento, “si se
enajena que sea dentro del plazo en el que está en funciones el ayuntamiento”.
Los trueques
inmobiliarios desventajosos para el municipio son ya una constante en la administración
de Carlos Bustamante, para muestra está la plaza comercial San Ángel, hoy sede
de las oficinas de la Delegación Centro, inmueble valuado en 26 millones de
pesos y adquirido por Bustamante a razón de 63.5 millones de pesos.
Grupo Múzquiz es otra
de las empresas constructoras beneficiadas con los contratos inmobiliarios de
la administración de Bustamante. A Múzquiz se le condonó una deuda superior a
los 30 millones de pesos y se le aceptó un contrato de renta a 15 años por el
inmueble donde se ubican las oficinas de DIF Municipal.
Otra mala decisión
financiera en quebranto de las arcas municipales: la desincorporación del
predio de la Ocho, y el derrumbe del edificio de la Comandancia sin la
aprobación del Cabildo, lo cual constituyó una pérdida al patrimonio de los
tijuanenses, de 12 millones de pesos, estimó el Órgano de Fiscalización
Superior (ORFIS).
En 2012 Bustamante
pretendió retornar a su antiguo dueño un terreno de 13 mil metros cuadrados en
el fraccionamiento Cuesta Blanca, a pesar que el espacio era utilizado como
área de recreación por los vecinos, un frente común conformado por éstos
impidió la enajenación del predio a Promotora Sinaloense de Vivienda, S.A. de
C.V.
Otros terrenos más
han sido desincorporados, pero solo en contados casos el producto de la
enajenación se destina a obras de un beneficio específico para la comunidad. En
general el producto de la venta va a parar “a la licuadora del gasto común”,
admite el secretario de finanzas del XX Ayuntamiento, Antonio Rosete Weben.
Aun así califica las
permutas realizadas por la actual administración “como un método eficaz de
dotar a la ciudadanía de obras necesarias, sin que se afecten los recursos
económicos de la hacienda municipal”.
(SEMANARIO
ZETA/ Isabel Mercado Juárez /agosto 19, 2013 12:00 PM)
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