La Ley obliga la inhabilitación para ejercer funciones
una vez que es notificado
De acuerdo a
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos aunque la inhabilitación
la decretó la Contraloría Municipal, la sanción debe extenderse de inmediato
para cualquier orden de Gobierno, el Artículo 53, Fracción VI, de la Ley
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que la establece como
sanción por faltas administrativas, no viola las garantías de legalidad y
seguridad jurídica…
Redacción / Dossier Politico
Hermosillo, Sonora
(DP).- El Artículo 88 de la Ley de Responsabilidades del Estado dispone que
“las sanciones administrativas impuestas en resolución firme, se ejecutarán de
inmediato en los términos que lo dispongan las resoluciones respectivas. La
suspensión, la destitución o inhabilitación que se imponga a los servidores
públicos de confianza, surtirá efectos al notificarse la resolución y se
considerarán de orden público”.
De acuerdo a la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos aunque la inhabilitación la
decretó la Contraloría Municipal, la sanción debe extenderse de inmediato para
cualquier orden de Gobierno, el Artículo 53, Fracción VI, de la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos que la establece como sanción por faltas
administrativas, no viola las garantías de legalidad y seguridad jurídica.
El martes, el
gobernador Guillermo Padrés Elías instruyó al contralor Carlos Tapia Astiazarán
para mantener en el Gobierno del Estado al ex alcalde de Guaymas, César
Lizárraga, quien fue inhabilitado por la Contraloría Municipal por 10 años para
ocupar algún cargo público, sin importar la “quemada” nacional ni sus
antecedentes.
El contralor Carlos
Tapia Astiazarán justificó que la inhabilitación por 10 años para ocupar algún
puesto público y la multa por 3 millones pesos no está firme ya que el
Lizárraga Hernández aún puede impugnar la sanción ante el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo.
Al contar con esta
opción de la impugnación, el director de Obras del Instituto de Infraestructura
Educativa del Gobierno seguirá en el cargo ya que el proceso de ratificación de
la sanción o su anulación podrá llevar varios meses; en tanto, el hoy
funcionario estatal gozará del manto protector del gobernador con el erario
público de los sonorenses.
El viernes pasado,
el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental de la Contraloría Municipal
inhabilitó 10 años al ex alcalde de Guaymas, César Lizárraga Hernández, por
presuntos desvíos de recursos públicos en la pérdida de 205 toneladas de
asfalto donadas por Pemex al Municipio.
La Contraloría
notificó al Director de Obras de Infraestructura Educativa del Gobierno del
Estado que además de no podrá ejercer un cargo público, pagará una multa de 3
millones de pesos y queda sujeto a una investigación del orden federal que
también pesa sobre Jorge Humberto Vila Cueto, representante legal de la empresa
OPSON, Construcciones y Servicios, S.A. de C.V., quien firmó contrato el 25 de
noviembre del 2010…
“Sin consentimiento
de Petróleos Mexicanos, el entonces alcalde realizó convenio verbal con OPSON
para que dispusiera del asfalto; violó así diverso clausulado del contrato, por
lo cual ahora Pemex requiere el pago de un millón 538 mil 539 pesos con 19
centavos y, canceló todo tipo de apoyo social al Municipio de Guaymas”, lo
anterior se desprende del Expediente CMQ 87/2012 hoy RO 04/13.
El 16 de noviembre
del 2012, Dossier Político publicó que el gobernador Guillermo Padrés nombró al
ex alcalde de Guaymas, César Lizárraga, un ex presidente municipal señalado por
la actual administración por presuntas ilegalidades y desvío de millones de
pesos del erario público, Director de Obras de Infraestructura Educativa.
El mandatario, en
octubre, realizó otros 4 cambios en su Gabinete donde destacan los ex alcaldes
Alejandro Zepeda Munro y José Ángel Hernández, quienes dejaron en “quiebra” a
Puerto Peñasco y Nogales, respectivamente, según lo declarado hace 3 semanas
por el tesorero del Estado, Mario Cuen Aranda.
Desde septiembre del
2013, por supuestos desvíos de recursos, tráfico de influencias, actos de
corrupción y malos manejos de recursos federales etiquetados a programas
definidos, ex titulares del Ayuntamiento de Guaymas, en especial los ex
alcaldes Mónica Marín Martínez y César Adrián Lizárraga Hernández, fueron
llamados a comparecer ante el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental de
Guaymas y la Comisión Especial Plural de Entrega-Recepción.
Ambos ex Presidentes
Municipales han sido llamados a comparecer ante Contraloría y también para
responder por irregularidades encontradas mediante el proceso Entrega-Recepción
por parte de la Comisión Especial Plural, órgano ante el cual ya comparecieron
tanto la ex alcaldesa, Mónica Marín, como el ex Tesorero, Carlos Dueñas Rivera.
A partir del pasado
lunes 12 de noviembre la ex contralora Iveth Guerrero Padrés; el ex director de
Desarrollo Social, Víctor Flores García; la ex oficial mayor, Alma Delia Silva
Carrillo y la ex alcaldesa Mónica Marín Martínez, se han estado presentando
ante la Contraloría Municipal para responder por los posibles fraudes que se
investigan en el programa social de “Cemento barato”, en perjuicio de cientos
de guaymenses.
Sin embargo, los ex
funcionarios se habían guardado el derecho de reserva para responder los
cuestionamientos verbales y todos, solicitan plazo de 5 días hábiles para
responder por escrito.
Por millonarios
desvíos federales del programa Subsemun en el tema de Seguridad Pública, el ex
tesorero municipal, Carlos Dueñas Rivera; la ex administradora de la Dirección
de Seguridad Pública, Claudia Matzumilla Concle, de nuevo la ex alcaldesa
Mónica Marín Martínez, el ex contralor Carlos Cortés y el ex alcalde César
Adrián Lizárraga Hernández, fueron requeridos para rendir su declaración,
Lizárraga Hernández decidió evadir toda responsabilidad ante los guaymenses no
acudiendo a los llamados de la Contraloría.
(DOSSIER POLITICO/ Redacción / 2013-05-16)
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