Publicitado
en el sexenio anterior como el nuevo “tesoro del mar”, el crudo que
yace bajo las aguas profundas del Golfo de México ha requerido
inversiones multimillonarias y hasta la fecha no ha dado un solo barril
de petróleo. Las beneficiadas con ese supuesto tesoro han sido un puñado
de empresas propietarias de plataformas, la mayoría extranjeras. A esto
hay que sumar el enorme riesgo de accidentes y desastres ecológicos,
advierte Greenpeace después de analizar las muy deficientes medidas de
seguridad de Pemex, la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de
Hidrocarburos.
Jernaro Villamil
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Anunciado con bombo y
platillo en la administración de Felipe Calderón como el nuevo “tesoro
del mar”, el proyecto de Petróleos Mexicanos (Pemex) para extraer
hidrocarburos en aguas profundas del Golfo de México no ha arrojado un
solo barril de crudo, ha beneficiado a un puñado de empresas que cobran
medio millón de dólares diarios sólo por la renta de las plataformas, y
no hay claridad en torno a las medidas de seguridad y mitigación de
riesgos que la paraestatal debe adoptar.
La exploración de la
paraestatal en aguas profundas ha resultado “más cara, más riesgosa y
menos transparente”, concluye un informe de 71 cuartillas elaborado por
la organización ambientalista Greenpeace para investigar posibles
accidentes y las medidas de seguridad que deben adoptar la Secretaría de
Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y Pemex.
El
informe, cuya copia obtuvo Proceso, se centra en la revisión documental
de las licitaciones, los trabajos de perforación y la consulta por la
vía del acceso a la información pública de medidas adoptadas por estas
tres dependencias responsables en los casos de los pozos Kunah-1 –cuya
perforación para fines de “evaluación” se inició en diciembre de 2011–,
Trión-1 y Supremus-1, cuyos trabajos comenzaron a mediados de 2012.
A
un año y seis meses de haber invertido más de mil millones de dólares
para la perforación en esa zona del Golfo de México, Pemex no ha
extraído un solo barril de crudo, pero gastará 2 mil 190 millones de
dólares hasta 2015. Estos recursos “son 3.19 veces mayores a los
destinados a impulsar la transición energética” en México, destacó
Greenpeace en su informe.
Sólo en el caso del Trión-1, el analista
Luis Miguel Labardini, citado por Greenpeace, advierte que haría falta
“una inversión de entre 3 mil y 5 mil millones de dólares durante 10
años para la recuperación de entre 100 y 150 millones de barriles de
crudo”.
Según la documentación obtenida por Greenpeace, uno de los
grandes beneficiarios en la exploración de petróleo en aguas profundas
es la compañía Grupo R, propiedad del empresario tamaulipeco Ramiro
Garza Cantú, señalado como uno de los contratistas consentidos de Pemex
desde la época en la que el sindicato de la paraestatal estaba
controlado por Joaquín Hernández Galicia, La Quina (Proceso 1314, 739 y
727).
Garza Cantú, considerado por la prensa tamaulipeca como “el
dueño de medio Reynosa”, amigo de Felipe Calderón y acusado en distintas
ocasiones de tener “arreglos poco claros” con los funcionarios de Pemex
Exploración y Producción (PEP), recibirá casi mil millones de dólares
sólo por la renta de sus plataformas.
15 de mayo de 2013)
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