Excélsior
Washington, EU.- El presidente de Estados Unidos, Barack
Obama, anunció ayer la renuncia del comisionado interino del Servicio de
Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), Steven Miller, por
el “inexcusable” descubrimiento de que la agencia hizo un excesivo
escrutinio a grupos de tendencia conservadora.
“El secretario del Tesoro (Jacob) Lew ha dado un primer paso al solicitar y aceptar la renuncia del comisionado interino del IRS”, anunció Obama en una declaración a la prensa desde la Sala Este de la Casa Blanca.
Obama aseguró que hará todo lo que esté a su alcance para que no ocurra nunca más una situación de este tipo.
Indicó que revisó una investigación interna que se realizó sobre las acciones del IRS y que la “conducta inapropiada que reveló es inexcusable”.
“No toleraré este tipo de comportamiento en ninguna agencia, pero especialmente en el IRS dado el poder que tiene y el alcance que tiene en todas nuestras vidas”, dijo Obama en una breve declaración en la Casa Blanca.
El IRS de hecho realizó un escrutinio adicional de aquellos grupos conservadores que usaban el término Tea Party o Patriot que pedían exenciones fiscales como organizaciones sin ánimo de lucro.
La ley federal permite a las organizaciones sin fines de lucro tener agendas políticas públicas, pero no les permite participar directamente en las campañas electorales.
Por la mañana, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, John Boehner, dijo que quiere que alguien vaya a la cárcel por el caso de la agencia tributaria, que se extralimitó al fiscalizar a agrupaciones conservadoras vinculadas al Tea Party, en momentos en que los republicanos acusan al gobierno de Barack Obama por su “cultura decadente y abusiva”.
Un informe del inspector general del IRS reconoció que funcionarios usaron criterios políticos “inapropiados” para investigar a grupos conservadores que aspiraban a recibir exenciones impositivas, y que ese manejo descuidado condujo a un abuso continuado durante 18 meses.
Boehner estuvo cerca de identificar a quienes él sospecha que son responsables de violar la ley, pero dijo que “alguien tomó a conciencia una decisión para acosar y detener las solicitudes de exenciones tributarias”. “Creo que necesitamos saber quiénes son”, añadió.
Varias comisiones legislativas anunciaron planes de realizar audiencias sobre el supuesto caso de abuso, en el que funcionarios buscaron postergar las solicitudes de exenciones impositivas de organizaciones como Tea Party, Patriots, y 9/12.
El representante Charles Boustany, quien investigó las denuncias de abusos en el IRS durante dos años, dijo que “después de meses de declaraciones engañosas y respuestas evasivas... ahora fueron agarrados con las manos en la masa”.
“Les puedo decir que esta cultura decadente y abusiva del IRS será erradicada”, agregó.
El gobierno de Obama negó que haya jugado papel alguno en la elección de los objetivos auditados por el IRS, y el departamento de Justicia inició una investigación penal sobre las acciones de la agencia tributaria.
Casa Blanca se defiende
Dos días después del inicio de la controversia en torno a las escuchas telefónicas a la agencia de prensa Associated Press, la Casa Blanca intentó retomar la iniciativa al anunciar un proyecto de ley para proteger las fuentes de los periodistas.
Atacado desde todos los frentes, desde sus aliados demócratas hasta sus adversarios republicanos, el presidente Barack Obama no tardó en reaccionar, cuando su administración está en el centro de otras dos controversias, como la ya mencionada sobre la investigación a grupos conservadores por la agencia tributaria norteamericana y la otra alimentada por los republicanos acerca del ataque contra el consulado estadunidense en Bengasi, en septiembre de 2012.
Si el proyecto de ley, que se presentará pronto en el Senado y que deberá ser aprobado en una versión idéntica por la Cámara de Representantes, es aprobado, permitirá a los periodistas y sus empleadores no revelar el nombre de las fuentes.
Holder justifica espionaje a AP
El secretario de Justicia, Eric Holder, dijo ayer al Congreso que una grave filtración en materia de seguridad nacional requirió la recopilación secreta de registros telefónicos de The Associated Press (AP) a la vez que justificó una investigación de la que se recusó.
Asimismo, reveló que el caso de la AP no es aparentemente el único de espionaje a la prensa.
“No estoy seguro cuántos de estos casos he aprobado. Lo tomo seriamente. Sé que he rehusado aprobar varios y algunos otros pedí que se modificaran”, añadió.
Acosado por republicanos y algunos demócratas, Holder declaró que tiene fe en los individuos que llevan a cabo la investigación, impulsada en gran medida por la indignación de los republicanos el año pasado por la posibilidad de que funcionarios del gobierno hubieran filtrado informaciones para afianzar la reputación del presidente Barack Obama en cuestiones de seguridad nacional en un año electoral.
Holder dijo que se había recusado del caso porque “soy poseedor de información a la larga filtrada”. Agregó que no podía responder preguntas sobre las citaciones ni por qué el Departamento de Justicia no había negociado con la AP antes de las citaciones, una práctica estándar.
Esa respuesta provocó frustración en algunos legisladores con el gobierno de Obama y el secretario de Justicia.
“No parece haber ninguna aceptación de responsabilidad por cosas que han salido mal”, dijo a Holder el representante republicano James Sensenbrenner.
Holder afirmó que fue el subsecretario de justicia, James Cole, quien tomó la decisión de buscar los registros telefónicos de la prensa.
El año pasado, Holder designó a dos fiscales para dirigir una investigación acerca de quién filtró informaciones sobre la participación de Estados Unidos en ataques cibernéticos a Irán y una confabulación de Al-Qaeda para colocar un explosivo a bordo de un avión con destino a Estados Unidos. Holder se resistió a designar un asesor especial y dijo a los legisladores que los dos fiscales eran experimentados, independientes y minuciosos.
Holder fue acosado sobre varios escándalos que conmovieron al gobierno, como las investigaciones excesivas del Servicio de Rentas Internas a los grupos asociados al movimiento ultraconservador Tea Party cuando solicitaban exención impositiva y las supuestas fallas en compartir información antes de los atentados dinamiteros en Boston.
En respuesta a la noticia sobre la búsqueda de registros telefónicos de AP, el senador demócrata Chuck Schumer planeaba revivir un proyecto para proteger a los periodistas y sus empleadores de tener que revelar información, incluso la identidad de fuentes a las que hubiesen prometido confidencialidad. La ley contiene algunas excepciones en casos de seguridad nacional.
“Este tipo de ley equilibra las necesidades sobre seguridad nacional y el derecho del público al libre flujo de información”, dijo Schumer en una declaración. “Por lo menos nuestro proyecto habría asegurado un proceso más justo y deliberado en este caso”.
Holder justificó el martes la medida de recolectar registros telefónicos de AP en un esfuerzo por determinar las fuentes de información de un artículo de la AP del 7 de mayo del 2012 que reveló detalles de una operación de la CIA en Yemen para detener un plan de hacer estallar una bomba en un avión en el aniversario de la muerte del jefe terrorista Osama bin Laden. El secretario general calificó el artículo como resultado de “una filtración muy seria, muy grave”.
Holder consideró también que el excesivo escrutinio del Servicio Interno de Impuestos (IRS) estadunidense a grupos conservadores puede representar violaciones de derechos civiles.
La decisión del Departamento de Justicia recibió ayer duras críticas editoriales.
Barack, contra las cuerdas
El escándalo por el espionaje a la agencia de noticias AP y el del Servicio de Recaudación Interna (IRS) contra grupos conservadores están poniendo cada vez más contra las cuerdas al presidente estadunidense, Barack Obama, que ya no cuenta con tanta simpatía de la prensa.
En un duro editorial firmado por su junta editorial, el diario The New York Times afirmó que el gobierno de Obama “ha fracasado a la hora de ofrecer una justificación creíble” del espionaje durante dos meses de los registros telefónicos de periodistas y editores de la agencia de noticias estadunidense.
Más que nada, agrega, la acción parece “un esfuerzo para amedrentar a informantes”, contra quienes el gobierno de Obama ha tomado duras medidas sin precedentes en administraciones anteriores.
Las protestas de organizaciones de prensa nacionales y extranjeras, así como de políticos tanto opositores como del mismo Partido Demócrata de Obama, no han cejado desde que se conoció el escándalo.
Tampoco han disminuido pese al distanciamiento tanto de la Casa Blanca, que ha asegurado no conocer el asunto, como del propio fiscal general, Eric Holder, un hombre muy próximo a Obama –que lo ha defendido en ocasiones anteriores– que la víspera aseguró que se inhibió del caso de filtración “muy muy grave” que llevó posteriormente a un subordinado a ordenar la investigación de los registros telefónicos de AP.
“Cualquier intento de limitación de la Primera Enmienda (sobre libertad de prensa) resulta muy preocupante”, como también “reportes de que el IRS realizó escrutinios injustificados de grupos conservadores durante un año electoral”, adelantó el presidente del Comité Judicial, el congresista republicano Bob Goodlatte.
El diario The Washington Post subrayó que aunque la Casa Blanca se ha tratado de distanciar tanto del escándalo de AP como del IRS, ambos son ahora problemas del Presidente.
“El secretario del Tesoro (Jacob) Lew ha dado un primer paso al solicitar y aceptar la renuncia del comisionado interino del IRS”, anunció Obama en una declaración a la prensa desde la Sala Este de la Casa Blanca.
Obama aseguró que hará todo lo que esté a su alcance para que no ocurra nunca más una situación de este tipo.
Indicó que revisó una investigación interna que se realizó sobre las acciones del IRS y que la “conducta inapropiada que reveló es inexcusable”.
“No toleraré este tipo de comportamiento en ninguna agencia, pero especialmente en el IRS dado el poder que tiene y el alcance que tiene en todas nuestras vidas”, dijo Obama en una breve declaración en la Casa Blanca.
El IRS de hecho realizó un escrutinio adicional de aquellos grupos conservadores que usaban el término Tea Party o Patriot que pedían exenciones fiscales como organizaciones sin ánimo de lucro.
La ley federal permite a las organizaciones sin fines de lucro tener agendas políticas públicas, pero no les permite participar directamente en las campañas electorales.
Por la mañana, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, John Boehner, dijo que quiere que alguien vaya a la cárcel por el caso de la agencia tributaria, que se extralimitó al fiscalizar a agrupaciones conservadoras vinculadas al Tea Party, en momentos en que los republicanos acusan al gobierno de Barack Obama por su “cultura decadente y abusiva”.
Un informe del inspector general del IRS reconoció que funcionarios usaron criterios políticos “inapropiados” para investigar a grupos conservadores que aspiraban a recibir exenciones impositivas, y que ese manejo descuidado condujo a un abuso continuado durante 18 meses.
Boehner estuvo cerca de identificar a quienes él sospecha que son responsables de violar la ley, pero dijo que “alguien tomó a conciencia una decisión para acosar y detener las solicitudes de exenciones tributarias”. “Creo que necesitamos saber quiénes son”, añadió.
Varias comisiones legislativas anunciaron planes de realizar audiencias sobre el supuesto caso de abuso, en el que funcionarios buscaron postergar las solicitudes de exenciones impositivas de organizaciones como Tea Party, Patriots, y 9/12.
El representante Charles Boustany, quien investigó las denuncias de abusos en el IRS durante dos años, dijo que “después de meses de declaraciones engañosas y respuestas evasivas... ahora fueron agarrados con las manos en la masa”.
“Les puedo decir que esta cultura decadente y abusiva del IRS será erradicada”, agregó.
El gobierno de Obama negó que haya jugado papel alguno en la elección de los objetivos auditados por el IRS, y el departamento de Justicia inició una investigación penal sobre las acciones de la agencia tributaria.
Casa Blanca se defiende
Dos días después del inicio de la controversia en torno a las escuchas telefónicas a la agencia de prensa Associated Press, la Casa Blanca intentó retomar la iniciativa al anunciar un proyecto de ley para proteger las fuentes de los periodistas.
Atacado desde todos los frentes, desde sus aliados demócratas hasta sus adversarios republicanos, el presidente Barack Obama no tardó en reaccionar, cuando su administración está en el centro de otras dos controversias, como la ya mencionada sobre la investigación a grupos conservadores por la agencia tributaria norteamericana y la otra alimentada por los republicanos acerca del ataque contra el consulado estadunidense en Bengasi, en septiembre de 2012.
Si el proyecto de ley, que se presentará pronto en el Senado y que deberá ser aprobado en una versión idéntica por la Cámara de Representantes, es aprobado, permitirá a los periodistas y sus empleadores no revelar el nombre de las fuentes.
Holder justifica espionaje a AP
El secretario de Justicia, Eric Holder, dijo ayer al Congreso que una grave filtración en materia de seguridad nacional requirió la recopilación secreta de registros telefónicos de The Associated Press (AP) a la vez que justificó una investigación de la que se recusó.
Asimismo, reveló que el caso de la AP no es aparentemente el único de espionaje a la prensa.
“No estoy seguro cuántos de estos casos he aprobado. Lo tomo seriamente. Sé que he rehusado aprobar varios y algunos otros pedí que se modificaran”, añadió.
Acosado por republicanos y algunos demócratas, Holder declaró que tiene fe en los individuos que llevan a cabo la investigación, impulsada en gran medida por la indignación de los republicanos el año pasado por la posibilidad de que funcionarios del gobierno hubieran filtrado informaciones para afianzar la reputación del presidente Barack Obama en cuestiones de seguridad nacional en un año electoral.
Holder dijo que se había recusado del caso porque “soy poseedor de información a la larga filtrada”. Agregó que no podía responder preguntas sobre las citaciones ni por qué el Departamento de Justicia no había negociado con la AP antes de las citaciones, una práctica estándar.
Esa respuesta provocó frustración en algunos legisladores con el gobierno de Obama y el secretario de Justicia.
“No parece haber ninguna aceptación de responsabilidad por cosas que han salido mal”, dijo a Holder el representante republicano James Sensenbrenner.
Holder afirmó que fue el subsecretario de justicia, James Cole, quien tomó la decisión de buscar los registros telefónicos de la prensa.
El año pasado, Holder designó a dos fiscales para dirigir una investigación acerca de quién filtró informaciones sobre la participación de Estados Unidos en ataques cibernéticos a Irán y una confabulación de Al-Qaeda para colocar un explosivo a bordo de un avión con destino a Estados Unidos. Holder se resistió a designar un asesor especial y dijo a los legisladores que los dos fiscales eran experimentados, independientes y minuciosos.
Holder fue acosado sobre varios escándalos que conmovieron al gobierno, como las investigaciones excesivas del Servicio de Rentas Internas a los grupos asociados al movimiento ultraconservador Tea Party cuando solicitaban exención impositiva y las supuestas fallas en compartir información antes de los atentados dinamiteros en Boston.
En respuesta a la noticia sobre la búsqueda de registros telefónicos de AP, el senador demócrata Chuck Schumer planeaba revivir un proyecto para proteger a los periodistas y sus empleadores de tener que revelar información, incluso la identidad de fuentes a las que hubiesen prometido confidencialidad. La ley contiene algunas excepciones en casos de seguridad nacional.
“Este tipo de ley equilibra las necesidades sobre seguridad nacional y el derecho del público al libre flujo de información”, dijo Schumer en una declaración. “Por lo menos nuestro proyecto habría asegurado un proceso más justo y deliberado en este caso”.
Holder justificó el martes la medida de recolectar registros telefónicos de AP en un esfuerzo por determinar las fuentes de información de un artículo de la AP del 7 de mayo del 2012 que reveló detalles de una operación de la CIA en Yemen para detener un plan de hacer estallar una bomba en un avión en el aniversario de la muerte del jefe terrorista Osama bin Laden. El secretario general calificó el artículo como resultado de “una filtración muy seria, muy grave”.
Holder consideró también que el excesivo escrutinio del Servicio Interno de Impuestos (IRS) estadunidense a grupos conservadores puede representar violaciones de derechos civiles.
La decisión del Departamento de Justicia recibió ayer duras críticas editoriales.
Barack, contra las cuerdas
El escándalo por el espionaje a la agencia de noticias AP y el del Servicio de Recaudación Interna (IRS) contra grupos conservadores están poniendo cada vez más contra las cuerdas al presidente estadunidense, Barack Obama, que ya no cuenta con tanta simpatía de la prensa.
En un duro editorial firmado por su junta editorial, el diario The New York Times afirmó que el gobierno de Obama “ha fracasado a la hora de ofrecer una justificación creíble” del espionaje durante dos meses de los registros telefónicos de periodistas y editores de la agencia de noticias estadunidense.
Más que nada, agrega, la acción parece “un esfuerzo para amedrentar a informantes”, contra quienes el gobierno de Obama ha tomado duras medidas sin precedentes en administraciones anteriores.
Las protestas de organizaciones de prensa nacionales y extranjeras, así como de políticos tanto opositores como del mismo Partido Demócrata de Obama, no han cejado desde que se conoció el escándalo.
Tampoco han disminuido pese al distanciamiento tanto de la Casa Blanca, que ha asegurado no conocer el asunto, como del propio fiscal general, Eric Holder, un hombre muy próximo a Obama –que lo ha defendido en ocasiones anteriores– que la víspera aseguró que se inhibió del caso de filtración “muy muy grave” que llevó posteriormente a un subordinado a ordenar la investigación de los registros telefónicos de AP.
“Cualquier intento de limitación de la Primera Enmienda (sobre libertad de prensa) resulta muy preocupante”, como también “reportes de que el IRS realizó escrutinios injustificados de grupos conservadores durante un año electoral”, adelantó el presidente del Comité Judicial, el congresista republicano Bob Goodlatte.
El diario The Washington Post subrayó que aunque la Casa Blanca se ha tratado de distanciar tanto del escándalo de AP como del IRS, ambos son ahora problemas del Presidente.
(ZOCALO/ Excélsior/16/05/2013 - 08:17 AM)
No hay comentarios:
Publicar un comentario