Ernesto Villanueva
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Hasta hace poco pensaba que el
crimen organizado y el narcotráfico eran el principal problema de
seguridad e ingobernabilidad en Michoacán. Hoy, tras reunirme con
víctimas de desaparición forzada en Morelia y verificar los documentos
de los que tengo copia, me queda la convicción de que existe crimen de
Estado, por orden u omisión del gobernador interino Jesús Reyna, como
también pasó con Leonel Godoy en otra modalidad, aunque en este caso sin
visible relación con el crimen organizado.
Me quedé sin palabras al ver
niños huérfanos, viudas e hijas a quienes une un lazo común: el agravio
del Estado contra su integridad personal y la de los suyos.
¿Qué decir
cuando las fuerzas del orden a las que paga la sociedad para garantizar
la seguridad son los autores de torturas, muertes, desapariciones,
amenazas sin que pase nada? De la cúspide a la base, la comisión de
delitos está viva. Revisemos sólo dos casos emblemáticos de lo señalado.
Primero. Laura Orozco Medina, ahora una joven abogada, habitante de
Nuevo Zirosto, perteneciente al municipio de Uruapan, tenía hasta hace
algunos años el sueño de ayudar a su padre en los negocios.
Actualmente
lo hace en circunstancias muy distintas. Al hablar con ella, me
sorprenden su aplomo y su deseo de continuar una cruzada para pedir
justicia porque las fuerzas del orden, incluidos militares, policías
ministeriales y municipales, así como agentes del Ministerio Público, le
quitaron de tajo todos sus sueños.
El 20 de diciembre del 2007, un
grupo de militares acompañados de policías ministeriales, sin orden de
cateo ni de aprehensión, intentaron extorsionar a su padre.
Al no ceder,
le robaron la casa, le sustrajeron un auto y se llevaron a José Iván
Orozco Medina –hermano de Laura–, a quien trasladaron al retén militar
ubicado entre Peribán y Copetiro, le tomaron unas fotos y lo dejaron ir
para regresar por él acusándolo de portación de armas exclusivas del
Ejército y drogas.
Cinco años después, el licenciado Marcelino Ángel Ramírez, juez
octavo de Distrito, otorgó a José Iván la libertad absolutoria, conforme
al oficio 2604, expediente 32725/2007. Esto pone de manifiesto que le
fueron “sembradas” las drogas y las armas, con lo que de entrada perdió
cinco años de su vida.
La insistencia en exigir justicia ante las
autoridades competentes provocó la desaparición forzada del padre de
Laura, Leonel Orozco Ortiz, así como de Leonel Orozco Medina y Moisés
Orozco Medina, cuyo paradero aún se desconoce.
La carta enviada al
procurador del estado, Plácido Torres Medina, y las solicitudes de
audiencia, jamás fueron respondidas. Hoy Laura, como abogada, ayuda a
buscar a su padre y a sus hermanos.
Para mayor desgracia, sus tierras,
que habían permanecido en custodia de sus tíos, les fueron quitadas,
aprovechando que en estas zonas no se acostumbra inscribir los inmuebles
en el Registro Público de la Propiedad, de modo que la compraventa se
hace a través de contratos privados, lo que genera que muchas
propiedades estén en la incertidumbre jurídica.
La distinguida jurista Susana Thalía Pedroza de la Llave, entonces
segunda visitadora de la CNDH, emitió la recomendación CNDH/2/2008/217/Q
dirigida al gobernador Leonel Godoy. Jamás obtuvo respuesta, y tampoco
ha dicho nada Jesús Reyna. A raíz de esa misma recomendación, la Sedena
abrió la averiguación previa 21ZM/35/2008/ESP. ¿No son suficientes cinco
años para que el procurador de Justicia Militar, general brigadier
Jesús Gabriel López Benítez, haya tenido avances y hechos públicos para
demostrar que la justicia militar actúa?
Fragmento del análisis que se publica en la edición 1906 de la revista Proceso, ya en circulación.
evillanueva99@yahoo.com
/ 15 de mayo de 2013)
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