MARIA ELENA MORERA. Falta vinculación entre los centros
y las instituciones de seguridad.
Siguen trabajando mil 245 agentes
reprobados en el examen de control de confianza
A pesar de que las
autoridades estatales y municipales tienen el conocimiento que alrededor de mil
245 policías de los 3 mil 446 que hay en Sinaloa, tienen nexos con el crimen
organizado, consumen drogas o carecen de capacidades psicológicas o físicas
para realizar labores de seguridad pública, éstos siguen en sus puestos, aun
cuando desde hace un año las entidades del país deberían contar con policías
certificados por los Centros de Control de Confianza.
El 30 de octubre del 2015 fue
la fecha en que se cumplió un año de que venció el plazo que señala el artículo
tercero transitorio de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, a través de la cual todos los estados de México están obligados a
contar con la totalidad de seguridad pública certificado en materia de control
de confianza.
Hasta el 31 de mayo de este
año, 99.9 por ciento del personal de seguridad pública de Sinaloa se encontraba
evaluado mediante el examen de control de confianza, y solo un elemento estaba
pendiente de la evaluación; según un reporte de la organización ciudadana
“Causa en Común”: de esos elementos el
36.1 por ciento entran en la categoría de “personal en activo no
aprobado”.
Los centros de evaluación de
control de confianza no son los órganos encargados de realizar los
procedimientos de baja de los servidores públicos que resulten no aprobados. En
Sinaloa el procedimiento de separación del cargo del personal de seguridad no
aprobado corresponde a la Comisión de Honor y Justicia.
“Causa en Común” ha señalado
que en el estado hay un rezago importante en las bajas, ocupando el segundo lugar tan solo por debajo
del estado de Veracruz en esa situación.
María Elena Morera,
presidenta de Causa en Común A.C, informó en febrero de este año a los
diputados federales que de acuerdo con las visitas realizadas por la organización
desde hace cuatro años a los Centros Estatales de Control de Confianza de todo
el país, identificaron que “el principal problema para que los procesos de baja
del personal no aprobado se cumplan, está relacionado con la falta de
vinculación entre los centros y las instituciones de seguridad pública”.
“Es necesario fortalecer los
canales institucionales para que exista un flujo de información responsable y
suficiente entre ambas instancias que permita conocer de manera precisa las
causas de no aprobación del personal y se le pueda dar de baja con expedientes
correctamente integrados, que respeten los derechos laborales y que castigue a
quienes se vinculen con la delincuencia, sea quien sea”, señalo María Elena
Morera.
Hasta el momento el reporte
emitido por la organización encargada de dar seguimiento y transparencia en temas de seguridad
pública, sigue destacando que dentro del personal no apto se encuentra el Jefe
de la Policía Ministerial del estado, el comandante Jesús Aguilar Iñiguez, pero
el jefe de la corporación ministerial no es el único no apto para su puesto.
Según la información
proporcionada por la Procuraduría General de Justicia como respuesta a la
solicitud de acceso a la información correspondiente al número de folio
00421015, durante el año 2014 fueron evaluados 137 elementos de la Policía
Ministerial de Sinaloa, de los cuales 104 fueron aprobados y 33 resultaron no
aptos; y de enero a julio de este año de 24 evaluaciones fueron aprobados 19 elementos resultando 5
como no aprobados.
De los 33 agentes de la policía ministerial que resultaron no
aptos durante el 2014 tan solo habían sido destituidos dos elementos por no
aprobar las evaluaciones de control de confianza.
Durante el 2014, la Comisión
Estatal de Derechos Humanos emitió un total de 30 recomendaciones a la PGJE, en
su mayoría por actos cometidos por
elementos de la Ministerial. En las recomendaciones se señalan detenciones
arbitrarias, retenciones ilegales, malos tratos, allanamiento de morada,
hasta tortura, a pesar de que desde el
programa de formación inicial para los policías ministeriales se les brindan
asignaturas, como derechos humanos y actuación policial.
(RIODOCE/ CRISTIAN DÍAZ/ 1 NOVIEMBRE,
2015)
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