(EDICIÓN IMPRESA) A mediados
del 2013 Juan Fregoso acudió a la financiera CrediAmigo para solicitar un
préstamo de 18 mil pesos. Se había enterado de la existencia de ese negocio
debido a la profusa publicidad que distribuyen dentro, fuera, y en los accesos
principales de los edificios de gobierno.
“Me dijeron que era un
interés muy bajo, que podía dar abonos al capital, me hicieron firmar un pagaré
en blanco bajo el argumento que eran reglas de la institución, que no me
preocupara”, expone el empleado gubernamental.
Le dijeron que el crédito
sería a pagar en un año y medio. Ese dinero lo había solicitado debido a que no
había podido concretar el trámite en Issstecali, pero meses después la
institución de gobierno sí le prestó el dinero y trató de saldar la deuda, pero
no se lo aceptaron. Para entonces ya debía 54 mil pesos, tres veces lo
solicitado.
“Me llamó la atención el dato
de que el Gobierno del Estado no estaba al corriente con los pagos”, expone
Fregoso, quien con el apoyo de un abogado tramitó un recurso ante Oficialía
Mayor para que dejaran de descontarle de su salario. Pero después de un año el
descuento reapareció, por lo que recurrió a un amparo federal obteniendo –por
lo pronto– la suspensión provisional.
“Judicialmente CrediAmigo
nunca me ha querido demandar, porque a ellos no les conviene ir ante un juez
local porque éste los va a sentenciar a que solo les pague los 18 mil pesos más
el porcentaje que legalmente les corresponde”, comenta Fregoso, quien insiste
en que hay empleados gubernamentales en que, por tener varios créditos, su
cheque les llega en ceros.
POR TODOS LADOS
Según datos a datos de la
Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de servicios
Financieros (Condusef) ocho empresas financieras tienen una cartera de crédito
de casi 11 millones de pesos distribuidos en caso medio millón de pesos en todo
el país. Entre estas ubican a Fimubac, Masnómina, Credimaestro, Consupago,
Credifiel, CrediAmigo, Kondinero Crédito Real, todas funcionan como Sociedades
Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) y algunas son incluso de capital
internacional.
Por ejemplo la estadunidense
EZcorp logró el 76 por ciento en participación accionaria de Finmart –filial de
CrediAmigo– y en septiembre del año pasado se informó oficialmente que tenía
más de 100 convenios firmados con “los empresarios mexicanos, sobre todo, los
gobiernos federales, estatales y locales y agencias, y proporcionado préstamos
de consumo a los empleados de las agencias”, de acuerdo a una nota publicada en
el portal Eje Central firmada por la periodista María Idalia Gómez. Finmart fue
creada en el 2003 por familiares del entonces Secretario de Gobernación
Santiago Creel Miranda.
En julio del 2012 la Condusef
publicó el resultado de un minucioso análisis realizado al llamado “Crédito de
Nómina” en el país y que tienen que ver con las Sofomes ENR (Entidades No
Reguladas). En el documento se muestra cómo al número de créditos de nómina han
crecido rápidamente en los últimos años –a la par de la crisis.
De acuerdo al estudio, en los
Créditos de Nómina hay tres modalidades utilizadas por las Sofomes:
1-El patrón descuenta
previamente el pago periódico del crédito, lo entrega a la Sofomes y deposita
en la cuenta del empleado el remanente del pago.
2-El patrón deposita la
totalidad del sueldo en la cuenta del empleado y éste de acuerdo al contrato
firmado con la Sofomes domicilia su pago.
3-El patrón deposita la
totalidad del sueldo y existe una autorización del empleado para retener el
monto del pago del crédito para que el patrón lo entregue a las Sofomes.
En la página 14 de ese
documento, la Condusef recalca en cuanto a las operaciones de crédito de
nómina: “De estas tres modalidades la Condusef recomienda que las dependencias
públicas, sean federales o estatales, así como las empresas privadas, eviten
recurrir el descuento del pago periódico previo al depósito del sueldo del
empleado –y así lo ponen con mayúsculas–, “YA QUE QUEBRANTA LAS NORMAS
LABORALES”.
Además el estudio cuestiona
una serie de “Cláusulas abusivas” como el que el aval sea empleado de la misma
empresa o que el pago se acredita hasta el momento en que el patrón transfiere
los recursos, aun cuando el monto ya le haya sido retenido al trabajador.
También menciona cláusulas
contrarias a la normatividad, como el que un mismo hecho genera más de una
comisión –intereses moratorios más comisión por falta de pago oportuno más
gastos de cobranza, por ejemplo– o el que se cobren intereses por adelantado,
al momento de realizar pagos anticipados o la liquidación del crédito.
En el documento se incluye
que de las 91 Sofomes que registraron cobro de comisiones destaca que: 81%
cobran por contratación de apertura, 29
cobran gastos de cobranza, 16% cobran por manejo de cuenta, 9% cobra por
pago tardío, 7% cobra por pago anticipado y 7% cobran por la disposición del
crédito.
UN APOYO AL TRABAJADOR: OFICIALÍA MAYOR
De acuerdo a datos oficiales
el Gobierno del Estado cuenta actualmente con 17 contratos con empresas –10 de
ellas financieras– y todos firmados antes de la entrada de la actual
administración, según aclara la Oficial Mayor Loreto Quintero. Los mismos datos
anotan que un total de 4 mil 351 empleados son “clientes” de estas empresas, la
que mayor número de clientes en esa parte de la burocracia tiene es CrediAmigo
con un total mil 713 créditos, de ahí le sigue Ethesa con 355 y FIMUBAC con
282.
“Nosotros lo que hacemos es
un contrato voluntario entre la empresa y el usuario que acepta, pero en cuanto
el empleado nos manda decir que dejemos de retener, nosotros suspendemos esa
retención”, explica Loreto Quintero.
“Es dependiendo de la
empresa, que es lo que dice el contrato que tiene establecido entre la empresa
y el trabajador”, refiere el subsecretario de administración de Oficialía Mayor
Armando Carrasco, quien comenta que los empleados en el contrato tácitamente
están aceptando el descuento.
“Muchas veces las empresas
dan un trato preferencial en intereses porque saben que es un trabajador un
poco más cautivo”.
“Realmente todos los
contratos vienen desde administraciones anteriores”, explica Carrasco en
relación con un listado de 17 contratos con empresas financieras dedicadas a
otorgar créditos de nómina y firmados –la mayoría de éstos. Durante la anterior
administración estatal, pero además con vigencia indefinida.
La Oficial Mayor dice
desconocer si el descuento de los trabajadores se ha retrasado en la entrega a
las empresas. “Eso ya sería con finanzas, yo hago la retención y fianzas es la
que tiene que pagarles”, expone la funcionaria estatal.
En cuanto a los señalamientos
de la “complicidad” estatal al avalar este tipo de empresas, la Oficial Mayor
de Gobierno justificó: “Yo en lo personal lo vi como un apoyo al trabajador, si
es fiado dondequiera agarran y muchas veces afecta eso a su salario. Creo que
ellos quizá por el problema que traen encima al momento de firmar ese contrato,
aceptan todas las condiciones que les ponen.
“Si yo dejara de hacer eso,
de facilitarles ese apoyo, ellos buscarían por otro lado, por fuera”, sostiene
la funcionaria estatal, aunque por otro lado dice no estar muy de acuerdo, dado
que “los estamos ahorcando”.
De la posibilidad de eliminar
esos contratos, Quintero dice que sí se puede hacer, “pero mientras los
empleados estén debiéndoles a esas empresas, se tendría que buscar una forma
jurídica”.
En el caso de CrediAmigo y la
connotación de que están involucrados parientes del ex secretario de
Gobernación y panista Santiago Creel, Loreto refuta: “Nosotros no iniciamos
ningún contrato con nadie, estos contratos tienen muchísimo tiempo”.
El subsecretario de
administración de la OM asegura que no hay cheques que salgan en cero –aun en
caso de que tengan varios créditos–, ya que la regulación incluye que lo mínimo
que puede salir el cheque de pago a los empleados es por un salario mínimo.
El mismo funcionario explica
que actualmente tienen suspendidos los descuentos –por orden del Tribunal de
Arbitraje del Estado– en cerca de 60 casos donde han interpuesto alguna
controversia y el procedimiento marca que esa instancia cita al empleado para
una posible negociación.
En cuanto a los amparos
Carrasco expone que no han sido notificados de ninguno, solo la suspensión del
tribunal laboral. Ese procedimiento implica que el descuento sea suspendido en
tanto se realizan negociaciones entre deudor y empresas crediticias.
Sobre la posibilidad de
anular esos contratos, Carrasco explica “Nosotros no tenemos ninguna obligación
con las empresas, más que la parte de retenerles”, dice Carrasco, mencionando
que en casi todos los casos la vigencia es indefinida, aclarando que de parte
del estado no se ha cobrado por la llamada administración de nómina.
“En un momento dado nosotros
tendríamos que tomar una decisión (para anular los contratos), si nos diéramos
cuenta que son muchísimas las personas afectadas, las que se van a los
tribunales, porque entonces ya en lugar de beneficio les está afectando, pero
ahorita yo tendría problemas con todos los demás que están solicitando
créditos”.
En el caso de la ISEP –que
aglutina a los maestros federales– hay por lo menos 17 convenios firmados con
casas financieras, algunos apenas firmados en julio de este año y la mayoría
con fecha de vencimiento en octubre del 2019.
EN BLANCO
El abogado Everardo Medina
Pérez asegura que tiene cerca de 500 casos –de Mexicali, Tijuana, Ensenada,
Tecate y Rosarito– de empleados estatales que buscan les sea eliminado ese
descuento.
“La inconformidad nace desde
que las personas se dan cuenta de que los intereses que les cobran son
impagables, son violatorios de derechos humanos, empiezan a repercutir en la
economía familiar y en la salud”, explica el abogado, quien menciona que ni el
sindicato ni el gobierno los apoyan. Ya que nadie les había dicho que tenían el
derecho que se les podía dejar de descontar.
Medina Pérez cuenta que en la
oficina que laboraba –un despacho tenía área de cobranza– llegó una señora para
exponerle que buscaba llegar a un acuerdo, dado que desde esa oficina le habían
enviado un documento de cobro. “La señora me platicó que tenía cáncer, que
estaba en tratamiento de quimioterapia y dijo que no había pagado el adeudo
debido a que su cheque le llegaba en ceros”.
Su esposo –también maestro
pero federal– también recibía un cheque en ceros, lo que significaba que
sobrevivieran por los bonos y el aguinaldo, ya que de éstos no reciben
descuento.
Era una empleada del
magisterio y le aseguró que desde cinco años atrás su cheque le llegaba en
ceros. Tenía deudas en varias cajas de ahorro –CrediAmigo, Ades y otras cajas
magisteriales– y de acuerdo al abogado esas instancias les hacían firmar un
pagaré en blanco. “Le resultaba imposible calcular cuánto debía, ya que aunque
el gobierno le siga descontando, a ella en cualquier momento la pueden demandar
por la cantidad que sea”.
Eso implicó que se
involucraran en defenderla, una para que pudiera liberarse su sueldo y la otra
para asesorarla contra demandas posteriores por parte de la empresa financiera.
El acuerdo fue que si ganaban el “cobro” sería que les presentara a personas
que tenían problemas similares.
El abogado explica: “que
ayudan a la gente que paguen lo que es justo”, en función de que estas empresas
financieras manejan tasas de interés variables, algunas cobrando el 50 por
ciento anual, otras el 100 por ciento. Menciona el caso de CrediAmigo, donde al
final del crédito el cliente viene pagando el 280 por ciento de la cantidad
prestada.
En el caso de CrediAmigo
sostiene que también manejan el pagaré en blanco, pero cuando demandan lo
llenan con el capital y lo que hubieran cobrado de intereses, eso implica que
capitalizan el interés. Y es que una de las características es que prestan con
la mayor facilidad, no investigan el buró de crédito y solo piden referencias,
entregando el dinero de un día para otro.
“Se aprovechan de la extrema
necesidad de las personas, firman lo que les den con tal de que les entreguen
el cheque, no hay una cultura en materia económica donde las personas conozcan
cuál es el interés que es justo”, sostiene el abogado, quien considera que las
financieras cobran los interés que quieren dado que tiene el apoyo patronal, en
este caso sean gobiernos estatales o federales.
Menciona el artículo 48 de la
Ley del Servicio Civil –que regula la relación laboral entre gobierno y sus
empleados–, anota que el salario no es susceptible de embargo judicial o
administrativo, salvo por pensión alimenticia, aparte que otro artículo, el 50
de la misma ley, establece que es nula la cesión de salarios hecha a favor de
terceras personas.
El abogado comenta que de
suceder eso, sería una suerte de retroceso histórico, donde se regresen a las
tiendas de raya, peor aún a la esclavitud.
Medina Pérez acepta que en la
mayoría de los casos el Gobierno del Estado sí obedece la decisión del trabajador,
aunque que a últimas fechas “han tenido una preferencia sobre ciertas cajas,
entre ellas CrediAmigo, Fimubac y Fonacot”. Otra práctica derivada de toda esta
situación es que en algunos casos a los empleados les han descontado y el
patrón no lo reporta a las empresas, algo similar a lo que ha sucedido con las
cuotas de Issstecali.
El abogado menciona que en
Baja California Sur también están pasando por esa problemática, de hecho la
entrevista vía telefónica se realiza mientras el abogado viaja hacia La Paz
donde abrirán una oficina para atender esos casos.
De acuerdo a Medina Pérez,
son cerca de 20 los amparos activos de los cuales en el 66 por ciento de los
casos han logrado la suspensión definitiva. El abogado menciona que el segundo
paso será demandar para que les devuelvan el dinero descontado y posteriormente
planean también demandar al gobierno estatal por el delito de peculado dado que
el salario viene de un recurso público, destinado en el Presupuesto de Egresos
para el pago de salarios.
(SEMANARIO ZETA/ Sergio Haro Cordero /
Fotos. Sergio Haro/ 02 de Noviembre del
2015 a las 12:00:59)
No hay comentarios:
Publicar un comentario