Raymundo Riva Palacio
Desde el primer día del
gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se realizó un cambio estratégico en
el aparato de seguridad. Con la absorción de la Secretaría de Gobernación de la
de Seguridad Pública Federal, el control de la inteligencia criminal pasó a
manos de quien maneja la política. No se quedó en teoría. En el
desmantelamiento que comenzó a hacer del monstruo tecnológico de información
criminal que era aquella dependencia, el primer comisionado nacional de
Seguridad, Manuel Mondragón, el Cisen se quedó con lo que mejor se le
acomodaría a sus objetivos de mediano y largo plazo: el equipo de
interceptación de comunicaciones.
El cambio fue monumental: las
herramientas para la inteligencia criminal y su uso para combatir a los grupos
delincuenciales, comenzaron a ser utilizadas con fines políticos, al ser
empleadas para el espionaje telefónico de miembros del Gabinete, jueces o
periodistas, de acuerdo con una relación de números intervenidos de la cual se
tiene una copia. El cambio de esos sistemas de intervención llevaban consigo
una licencia legal. Para poder interceptar un teléfono, la Secretaría de
Seguridad Pública Federal necesitaba pedir la autorización al juez y probar que
era relevante para una investigación criminal. Se requería una orden del juez.
En el Cisen no. Bajo el manto de la seguridad nacional, el Cisen puede hacerlo
al margen del Poder Judicial.
No se sabe cuántos teléfonos
de actores políticos y sociales, de agentes económicos o periodistas, tiene
interceptado el Cisen, pero la sábana con los números, que corresponde a un
periodo específico este verano, muestra un enorme abanico de intervenciones. De
acuerdo con el documento, hubo 729 intervenciones telefónicas, aunque una
decena de personas espiadas aparece con números adicionales. Hay una serie de
nombres de personas que no son públicas o empresas de seguridad,
comercializadoras, de asistencia pública e inclusive de una televisora. Pero
también, sin saberse el nombre, pero sí en dónde se contrató la línea, un
teléfono registrado por el Consejo de la Judicatura Federal. En cuestión de
nombres, hay varias líneas intervenidas que fueron contratados por Alfonso
Navarrete Prida, secretario del Trabajo, y los teléfonos celulares de la
afamada conductora de radio Carmen Aristegui, y de quien esto escribe.
La forma como buscaron entrar
en esos teléfonos, de acuerdo con expertos consultados, es a través de un
software malware, que es un código maligno que se infiltra en los dispositivos
mediante el cual se pueden emitir mensajes de texto. Un modelo clásico de estos
mensajes puede decir, con un lenguaje que parecería el de una persona con quien
se tiene amistad, que “unas personas extrañas se presentaron en su casa”, por
lo que le envían un enlace para ver la fotografía. Lo que permite ese enlace,
que nunca abre, es que el virus se meta al teléfono y permita dos objetivos: la
escucha, y el análisis de la red de vínculos que se encuentra en el aparato, a
fin de poder determinar su abanico de amigos y conocidos que permitan construir
sus relaciones.
¿Cuál es el objetivo que
buscan con las intervenciones? De acuerdo con los nombres en la sábana, puede
ser multipropósito. Varios números, como los del secretario Navarrete Prida,
están registrados en el Estado de México, así como aquel que figura a nombre
del Consejo de la Judicatura Federal. ¿Podría haber una operación de espionaje
contra algunos mexiquenses originado por el segundo grupo político más fuerte
dentro del Gabinete? Podría ser una hipótesis, dado que el Cisen lo dirige
Eugenio Ímaz, quien aunque no nació en Hidalgo, ha trabajado muy de cerca con
dos prominentes hidalguenses, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, y el exprocurador general Jesús Murillo Karam. ¿Qué buscan con los
comunicadores? Si uno se atiene a un patrón de comportamiento de algunos
funcionarios federales para con ellos, se puede interpretar que lo que se
pretende es intimidarlos.
Hay varias empresas de
seguridad privada con números interceptados, incluida ADT, que es una de las
más contratadas por personas públicas para establecer sistemas de seguridad y
circuito cerrado de televisión en sus casas y oficinas. Hay otros sin aparente
sentido, como un número en el área de Talento de Televisa intervenido. La gran
mayoría de los números intervenidos se encuentran en Sinaloa, lo que permite
suponer que están relacionados o bajo sospecha de vínculos criminales.
En todo caso, la relación de
intervenciones telefónicas muestra la mezcla del espionaje con fines de
inteligencia criminal con espionaje político realizada por el Cisen. Durante
mucho tiempo se especuló que este gobierno realizaba espionaje político de
manera permanente, pero no se había podido documentar. Del mito o la
especulación informada, de transcripciones de conversaciones telefónicas, a esta
relación de números y nombres de objetivos específicos.
La paradoja de este documento
es que contrasta el interés en objetivos que puede uno asumir en el caso de la
mayoría no están relacionados de ninguna manera con criminales, y la forma tan
laxa como la vigilancia a criminales fue una constante. El video difundido hace
dos semanas del monitoreo del Cisen la noche en que se fugó Joaquín “El Chapo”
Guzmán, es un ejemplo de cómo, en lugar de estar tan atentos en el espionaje
político, habrían hecho bien en enfocarse en la inteligencia criminal. De esa
forma, no se les hubiera ido de sus ojos y manos el narcotraficante más famoso
del mundo.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx /
twitter: @rivapa
(ZOCALO/ COLUMNA “ESTRICTAMENTE
PERSONAL” de Raymundo Riva Palacio/ 03 de noviembre)
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