México,
D.F.- Desde 2007, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha congelado los
activos de 101 empresas de Jalisco por sus nexos con el narco, pese a lo cual
éstas siguen operando normalmente en el Estado.
De
acuerdo con el gobierno estadounidense, se trata de firmas ligadas a cárteles
como el de Jalisco Nueva Generación, Los Cuinis, el de Sinaloa y hasta el de
Medellín.
Los
giros van desde venta de comida gourmet, tequila, caballos y alarmas para
carros hasta el manejo de deuda.
La
medida de congelamiento llevada a cabo por la Oficina de Control de Activos
Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) va acompañada de la prohibición a
todos los ciudadanos estadounidenses de realizar transacciones con dichas
compañías. Aun así, Víctor Suberza, director de Análisis de la PGR, explicó
que, pese a la identificación realizada por EU, debe existir una denuncia
formal en el país para proceder contra las firmas señaladas.
Aseguró
que, una vez que la Unión Americana les aplica a las empresas la Ley de Designación
de Narcotraficantes Extranjeros, conocida como Ley Kingpin, por lavado de
dinero o porque sus accionistas están relacionados con actividades ilícitas, es
posible que en México no se configure delito alguno.
Dicha
ley le permite a EU bloquear bienes y capitales procedentes del narcotráfico.
"Se
tendría que recibir la notificación de parte del Departamento de Estado de
Estados Unidos para que el agente del Ministerio Público, esto es la PGR,
pudiera proceder en contra de esa empresa aunque no haya quebrantado o cometido
ningún delito aquí en México.
"Esto
tendría que ser a través de la Cancillería mediante una carta rogatoria",
indicó Suberza.
Gustavo
Fondevila, catedrático del Centro de Investigación y Docencia Económicas,
calificó la respuesta de la PGR como una excusa insostenible.
"Esto
es para tapar lo que (la PGR) no hizo o de lo que se enteró y no quiso o no
pudo hacer nada", dijo en entrevista.
"Lo
de las denuncias es insostenible. En realidad es una excusa y es una
broma".
NECESARIO LEGISLAR SOBRE ESTA SITUACIÓN
María
Elena Morera, presidenta de Causa en Común, consideró que es necesario legislar
para que, ante cualquier información de este tipo, se inicien las indagatorias.
"Es
negligencia, definitivamente (...) Es muy cómodo decir: 'Pues, yo no sabía
porque no hay denuncia'", espetó.
"Es
una vergüenza que en otros países estén investigando a empresas mexicanas y los
mexicanos estemos viendo cómo las investigan", añadió la activista.
(ZOCALO/
Reforma/ 27/09/2015 - 10:11 AM)
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