La
desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa mostró la incapacidad del
Gobierno federal para investigar y la impunidad que carcome al Estado mexicano.
Es una “situación crítica”, coinciden especialistas.
Ciudad
de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).— A pesar de que la desaparición
forzada de 43 estudiantes normalistas perpetrada en Iguala, Guerrero, hace casi
un año ha sido considerada por organismos internacionales como la más grave
violación a derechos humanos en México en los últimos años, la conmoción que
causó a nivel nacional e internacional de poco ha servido para atender
efectivamente el problema de la desaparición y la desaparición forzada en el
país.
Apenas
el pasado 15 de septiembre, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o
Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló que en el
país prevalece el deterioro en la atención al tema, que detectó desde 2011
cuando realizó una visita a México en la que alertó que la impunidad es
frecuente en los casos de desapariciones forzadas, que los hechos no se
esclarecen y que las víctimas no reciben una reparación adecuada e integral.
En
su reporte presentado ese día en Ginebra, el Grupo de Trabajo apuntó que la
desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl
Isidro Burgos demostraba con crudeza la falta de reconocimiento de la dimensión
de este problema en el país.
Para
los expertos de la ONU la gravedad del problema no se limitaba al hecho de la desaparición
forzada de los normalistas, perpetrada entre la noche del 26 de septiembre y la
madrugada del día siguiente, sino que se había exhibido también en las
investigaciones tardías y deficientes que le siguieron, en el hallazgo de fosas
clandestinas en diversas partes del país y hasta en las estadísticas oficiales
que, aunque limitadas, mostraban una situación “particularmente crítica”.
El
Grupo de Trabajo de la ONU también señaló que el reconocimiento discursivo –al
que calificó de “incipiente”- sobre el problema de la desaparición forzada “no
ha sido consistente, uniforme y homogéneo entre todas las autoridades del
Estado mexicano, ni al más alto nivel”.
Héctor
Cerezo, del Comité Cerezo y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada,
y la Senadora panista Mariana Gómez del Campo comparten los señalamientos del
Grupo de Trabajo de la ONU. Sin embargo, ambos esbozan que una consecuencia
positiva de la visibilización que tuvo el caso fue que, frente a la presión
nacional e internacional, el Gobierno mexicano delineó el camino para aprobar
una Ley General contra la Desaparición Forzada.
La
demanda de esa Ley ya tenía varios años en voz de organizaciones civiles y
grupos de familiares de víctimas de desaparición forzada, sin que hubiera sido
atendida por el gobierno. También el
Grupo de Trabajo de la ONU había advertido, desde su visita en 2011,
sobre la falta de una Ley General en el país que regulara todos los aspectos de
esa problemática.
A
pesar de que desde entonces la ONU había recomendado al Estado mexicano aprobar
una ley a la brevedad, el Gobierno mexicano retomó la petición hasta que
ocurrió la desaparición forzada de los 43 normalistas.
Un
día después de que se cumplieran dos meses del hecho, el 27 de noviembre de
2014, el Presidente Peña Nieto anunció un decálogo de acciones en materia de
seguridad y acceso a la justicia. Una de ellas era una iniciativa de ley para
facultar al Congreso de la Unión para que expidiera leyes generales en materia
de desaparición forzada y tortura.
Ésta
se materializó el 30 de abril pasado y a partir de ahí se han presentado cuatro
propuestas de Ley, sin que hasta la fecha éstas se hayan discutido y,
eventualmente, aprobado alguna.
LEY, OPORTUNIDAD Y RIESGO
Entre
2012 y 2015 al menos 34 iniciativas sobre desaparición forzada han sido
presentadas en el Congreso de la Unión, ya sea ante la Cámara de Diputados o
ante el Senado de la República, de acuerdo con una revisión de la revista
Contralínea. Cada una de ellas ha sido turnada al trabajo de comisiones para
quedarse ahí, congeladas.
¿Qué
haría diferente a las iniciativas que están por discutirse en el Senado?, se le
pregunta a la Senadora Gómez del Campo, quien forma parte de la Comisión de
Derechos Humanos del Senado y quien, junto con otras legisladoras de esa
comisión, respalda una de las iniciativas de ley que serán discutidas y que fue
elaborada por las organizaciones integrantes de la Campaña Nacional contra la
Desaparición Forzada.
La
panista dijo a SinEmbargo que el caso Ayotzinapa acelera para que se hagan las
cosas, aunque reconoce que el tema debió haberse legislado desde hacía mucho
tiempo. Ahora, añadió, la discusión va a darse en la tribuna legislativa y no
deberá haber injerencias del Poder Ejecutivo para detener la aprobación de una
Ley en la materia.
Gómez
del Campo destacó que lo crucial de una ley general contra la desaparición
forzada es que además de prevenir ese delito y proteger a las víctimas, debe
establecer responsabilidades de las autoridades para investigar y sancionar a
los perpetradores de desapariciones forzadas.
La
iniciativa de ley que respalda Gómez del Campo, junto con otras Senadoras,
contempla tanto a la desaparición forzada de personas –entendida como aquella
que ocurre con el conocimiento, apoyo o aquiescencia del Estado– como a la
desaparición de personas cometida por particulares, estableciendo facultades
para los tres niveles de gobierno en todas las entidades para investigar,
prevenir y sancionar ambos tipos de desapariciones y reparar los daños a las
víctimas de ambos delitos.
También
establece criterios para la búsqueda, investigación y creación de un Registro
Nacional de Personas Víctimas de Desaparición Forzada y Desaparición de
Personas Cometida por Particulares, y plantea la creación de protocolos
específicos para la búsqueda inmediata y permanente de las personas
desaparecidas, así como la creación de fiscalías especiales en todas las
entidades para la búsqueda de personas e investigación de los casos.
Además
propone crear el Instituto Nacional Autónomo en Investigación Forense Mexicano
y un Banco Nacional de Información Genética, una Base de Datos Ante Mortem/Post
Mortem (AM/PM), un Registro Nacional de Restos Mortuorios No Identificados y de
las zonas donde se encuentran las fosas comunes en el país. Todo ello a fin de facilitar
y agilizar la identificación de las personas que han sido localizadas sin vida,
a través de un proceso confiable, seguro y certero.
La
iniciativa contiene también un apartado sobre la Declaración de Ausencia por
Desaparición Forzada y Desaparición de Personas Cometida por Particulares, cuyo
propósito es reconocer y garantizar la continuidad de la personalidad jurídica
de las personas desaparecidas, además de brindar certeza jurídica a sus
familiares.
Sin
embargo, se trata sólo de una de las cuatro propuestas de ley que existen hasta
ahora. Se espera que una quinta sea planteada por el Gobierno federal y, en esa
medida, para Cerezo existe el riesgo de que haya una simulación.
Consideró
que existe el riesgo de que el Gobierno federal presente una Ley que no atienda
a las exigencias planteadas por las organizaciones civiles y por instancias
internacionales, sólo para salir del paso pero que sea letra muerta en la
práctica. Eso, señaló, sólo abonaría a la impunidad que de por si prevalece en
los casos de desaparición forzada existentes.
¿Y PARA LAS VÍCTIMAS?
La
ONU solicitó a México que la Ley de Desaparición Forzada incluya a la opinión
de los familiares de las víctimas. Foto:Cuartoscuro
Si
un aspecto positivo de la visibilización del caso Ayotzinapa fue que presionó
al Gobierno mexicano para promover una Ley General contra la Desaparición
Forzada, en lo referente a la búsqueda de desaparecidos el informe de la ONU es
completamente acertado, expresó Cerezo.
“Para
las familias lo más importante es saber el paradero de sus seres queridos, [lo]
que no ha sucedido, no sólo en el caso de Ayotzinapa sino en el 90 por ciento de
los casos, en que las familias siguen sin saber dónde está su familiar, qué le
pasó y por qué le pasó. Siempre es una deuda histórica que tiene el gobierno
con los desaparecidos, no solamente los del 2006, sino desde la década de los
setenta, ochenta”, dijo el defensor de los derechos humanos.
Otro
elemento en que no se ha avanzado es en dar justicia, consideró, porque los
responsables de desapariciones no han sido procesados y sentenciados en
prácticamente ningún caso. “Cuando hay esta cantidad de impunidad el mensaje
que se está mandando a los perpetradores es que pueden continuar con las
desapariciones porque no va a haber una consecuencia legal”, expuso.
Desde
la óptica de las víctimas habló Juan Carlos Trujillo, fundador del grupo
Familiares en Búsqueda María Herrera y quien busca a cuatro hermanos
desaparecidos. Él reconoció que el caso Ayotzinapa dio una nueva mirada al tema
de la desaparición en México, que el Gobierno mexicano, dijo, había logrado
desvanecer. Tras la desaparición forzada de los 43 normalistas, el tema volvió
a posicionarse como un asunto nacional, especialmente porque se exhibió la
descomposición del Estado mexicano, señaló.
No
obstante, para la demanda principal de los familiares de desaparecidos –que es
encontrar a los suyos– poco efecto tuvo la presión que hubo sobre el Gobierno
mexicano por el caso de los normalistas, pues no mejoraron los procesos de
búsqueda.
“De
manera institucional no hay respuesta, y no hay respuesta porque no hay
voluntad. Que se instruya de los más altos niveles que se busquen a las
personas no hay capacidad, no hay intención y no hay voluntad […] No han
mejorado los procesos ni lo métodos de búsqueda”, expuso.
Trujillo
dijo que si bien la lucha de los familiares de desaparecidos ha tenido logros,
lo fundamental que es encontrar a sus familiares sigue sin cumplirse y de ello
el caso de los 43 normalistas es el mejor ejemplo.
“En
México no hay condiciones para buscar a nadie, por lo menos por parte del
Gobierno federal, no así para las familias que han salido a buscar y han
encontrado”, apuntó.
Respecto
a los beneficios que la eventual aprobación de una ley general en la materia
podría traer, Trujillo fue categórico al decir que se trata de una herramienta
más, pero que es insuficiente para solucionar un problema tan complejo como es
el de las desapariciones en el país, especialmente frente a la falta de
voluntad de las autoridades, En lugar de eso, dijo, la transformación tiene que
provenir de los ciudadanos.
Sobre
ese tema, Cerezo apuntó que la visibilización del caso Ayotzinapa también
sirvió para que la sociedad se sensibilizara y estuviera mejor informada sobre
la desaparición forzada.
“También
es un avance, nosotros creemos, que la sociedad esté entendiendo que la lucha
por la presentación de nuestros desaparecidos o contra la desaparición forzada
es una lucha que no solamente involucra a los familiares o a las organizaciones
de derechos humanos, sino que debe de ser una demanda de la sociedad en su
conjunto”.
(SINEMBAQRGO.MX/
Mayela Sánchez/ septiembre 25, 2015 -
00:03h)
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