MÉXICO, D.F.
(apro).- El presidente Enrique Peña Nieto eximió de toda culpa a elementos de
la Marina, Ejército y Policía Federal en la desaparición de los 43 normalistas
de Ayotzinapa, Guerrero, e insistió que se trató de un hecho cometido por “el
crimen organizado en colusión con autoridades locales”.
En respuesta a las
preguntas sobre el tema que enviaron diputados federales al Ejecutivo el pasado
6 de noviembre, como parte de su segundo informe, el mexiquense aclaró que las
fuerzas federales actuaron 10 días después de los hechos, cuando el gobierno de
Guerrero solicitó su ayuda.
“La Procuraduría
General de la República (PGR) no pudo atraer la investigación hasta que así lo
solicitó el gobierno del estado”, respondió Peña a través de la Secretaría de
Gobernación.
En el segundo
párrafo del texto sostiene que los hechos “realizados por el crimen organizado
en colusión con autoridades locales” han generado indignación entre los
mexicanos, y “en respuesta el gobierno ha redoblado sus esfuerzos para
garantizar la plena vigencia del estado de derecho”.
Una de las medidas,
recuerda, es crear policías estatales únicas, “lo que permitiría pasar de más
de mil 800 policías municipales débiles a 32 sólidas corporaciones de seguridad
estatal”.
En el documento,
Peña Nieto también destaca que envió una iniciativa “para facultar” al Congreso
a expedir una “ley contra la infiltración del crimen organizado en las
autoridades municipales”. Lo que se busca con ella es actuar “de manera
oportuna y temporal” cuando existan indicios sólidos de que existen autoridades
locales involucradas con el crimen, apunta.
Luego destaca la
inexistencia de una ley sobre la desaparición forzada: “Debido a que no existen
protocolos internacionales respecto a la desaparición forzada de personas,
dentro de las investigaciones que lleva a cabo la PGR, relacionadas no sólo con
el asunto de Iguala, sino con otros asuntos similares en proceso de
investigación, se están aplicando los protocolos internacionales en cuanto a la
exhumación, registro de cadena de custodia, selección de peritos y atención a
las víctimas”.
Con esas
declaraciones el Ejecutivo federal pretende convencer a los legisladores de que
su gobierno no ha tenido descuidos en cuanto a la falta de protocolos aplicados
sobre desaparición forzada, “por lo tanto no se considera que exista omisión
alguna”.
A la vez que llegó
la respuesta de Peña Nieto a los legisladores, el pleno de la Cámara exhortó a
la Comisión de Justicia para que inicie el análisis y discusión de diversas
iniciativas que en materia de desaparición forzada se han presentado en la
actual legislatura.
NIEGAN INFORMACIÓN TLATLAYA
En el segundo caso
más grave de violaciones a los derechos humanos ocurrido en 2014, la PGR
rechazó informar sobre ese tema a la comisión especial que indaga la ejecución
sumaria de al menos ocho personas en Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30
de junio.
El director de
Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la dependencia, Jorge Nader,
se negó a proporcionarle información a Margarita Tapa Fonllenm, presidenta de
la comisión e integrante del PRD, quien solicitó información sobre los
militares que participaron en los hechos.
El funcionario
estableció que las investigaciones sobre el caso Tlatlaya “son de carácter no
sólo confidencial, sino reservado”.
(PROCESO/
JESUSA CERVANTES/ 17 DE FEBRERO DE 2015)
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