El morbosamente
esperado perfil de José y Alejandro Murat como “los intermediarios de los
poderosos” que prometió el diario “The New York Times” dentro de su amplia
serie sobre bienes raíces y fideicomisos en Manhattan, se disparó con pólvora
mojada. Lleno de lugares comunes, jamás exploró la activa participación de José
Murat, ex gobernador de Oaxaca, como arquitecto del Pacto por México y
principal asesor del Gobierno federal en las negociaciones con la disidencia magisterial.
El sugerente vínculo entre el nuevo rostro del PRI con patas en el viejo PRI,
que planteó, fue un intento fallido de análisis y desarrollo.
La investigación del
Times, que está presentando perfiles de tenedores de propiedades en Estados
Unidos, menciona seis condominios y casas de varios miembros de la familia
Murat, aclarando que en ningún caso son ilegales sus operaciones inmobiliarias.
El perfil soslaya la relación personal estrecha del ex gobernador con Aurora
Alcántara, miembro de la familia que pertenece a la aristocracia priista del
Grupo Atlacomulco, hoy en el poder, ni la forma cómo Alejandro, director del
Infonavit, ha ido escalando en la burocracia mexiquense cercana al presidente
Enrique Peña Nieto desde los años en que su padre y la señora Alcántara,
comenzaron su relación en 2002.
El perfil sobre los
Murat tendría un destino sin pena ni gloria, salvo porque el director del
Infonavit está decidido, aunque aún no se dé cuenta, a arruinarse su carrera
política. Murat hijo, aspira a ser candidato del PRI al Gobierno de Oaxaca,
cuya elección es el próximo año, y ha venido trabajando para ello. Sin embargo,
la publicación en el Times, que debía haber sido un pequeño bordo en el suelo,
puede convertirse en un obstáculo.
Un solo dato en la
investigación periodística los dejaba mal parados, al revelarse que un día
después de que la reportera del periódico tocó la puerta del departamento de su
hermana, decidieron meter en un fideicomiso las dos casas que tiene la familia
directamente en un destino turístico de Utah. Fuera de eso nada era relevante,
hasta este miércoles, donde la reacción de Murat ante la opinión pública
mexicana revela culpas inconfesables.
Consultada la
oficina de Comunicación Social del Infonavit sobre la posición del director
ante la publicación del Times, que explicara si las propiedades a nombre de su
esposa las había declarado, su vocero afirmó que Murat no estaba obligado a
presentar una declaración de bienes y patrimonio, porque no es funcionario
público. Su vocero agregó que el Infonavit no es una entidad gubernamental ni
forma parte de la estructura de la Administración Pública Federal.
El joven Murat debe
pensar que todos los mexicanos son idiotas. El Infonavit es una institución
tripartita desconcentrada del sector central donde participan los obreros, los
empresarios y el gobierno, creada en 1972 para facilitar vivienda a los
trabajadores con los mejores créditos posibles. El Infonavit y su director son
parte del Gabinete Especializado de México Incluyente que conforman 10
secretarías de Estado, la Conserjería Jurídica del Ejecutivo Federal, el jefe
de Oficina de la Presidencia, y los directores del IMSS, el ISSSTE y Conagua,
entre otros. Al director del Infonavit lo nombra el Presidente, por ser un
órgano desconcentrado.
Dentro de este
contexto, Murat tuvo que haber presentado una declaración patrimonial ante la
Secretaría de la Función Pública al iniciar el gobierno de Peña Nieto, en donde
tuvo que haber incluido, como lo marca la ley, que su esposa era propietaria de
un condominio en Florida, y que había firmado, junto con ella, una hipoteca
sobre el mismo, de acuerdo con el artículo 43 de la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos. Asimismo, como director del Sistema
de Radio y Televisión Mexiquense (Canal 34) en 2009, tuvo que haber declarado
como parte de su patrimonio ante la contraloría estatal que su esposa era
propietaria de ese y otro condominio en Manhattan, que costó 1.18 millones de
dólares.
Lo que sugirió el
vocero del Infonavit es que él no declaró ninguna de las propiedades, ni
cualquier otra que pudiera tener, porque no tenía obligación de hacerlo. Es
falso y tendría que haberlo hecho. Murat se quiso esconder mediante una
interpretación tramposa del inciso II del artículo 36 que se refiere a la
Administración Pública Federal Centralizada, no desconcentrada, como es el
Infonavit. Sin embargo, el inciso XII del mismo artículo, sobre la base del
artículo 5, establece que todos los servidores públicos que manejen y apliquen
recursos de la Federación lleven a cabo funciones de calificación o
determinación para la expedición de concesiones, e intervengan en la adjudicación
de pedidos o contrato, deben declarar su patrimonio.
La reacción ante la
opinión pública mexicana secó la pólvora de la investigación del “The New York
Times” y obliga a que se inicie una investigación para determinar si el
director del Infonavit violó o no la ley al rendir su declaración patrimonial.
Este es el tema que ha perseguido al gobierno de Peña Nieto desde hace varios
meses y del cual no puede salir. Murat es el siguiente funcionario bajo la lupa
y buen material de revisión para el nuevo secretario de la Función Pública,
Virgilio Andrade, que hará bien si deja de dar entrevistas y se pone a
trabajar.
NOTA: En la columna del miércoles, “HSBC, una caja de
Pandora”, se indica erróneamente que las participaciones federales a los
estados en 2013 fueron de 34 mil millones de pesos. La cifra correcta es, en
los ramos 23 y 33, 750 mil millones.
(ZOCALO/
COLUMNA ESTRICTAMENTE PERSONAL DE RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 18 DE FEBRERO 2015)
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