Sinaloa está ocupada por funcionarios mafiosos, sostiene abogado
Édgar Higuera Beltrán, hijo del procurador general de justicia, Marco
Antonio Higuera Gómez, utiliza la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Sinaloa (PGJE) como agencia de cobranza para sus litigios
personales, denunciaron algunos afectados de la empresa
Industrializadora de Alimentos de Los Mochis.
Y peor aún, los afectados denunciaron que la operación “comercial” de
la PGJE y de la Policía Ministerial del Estado se promueve por el
director general de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, según alarde de
los patrones de Édgar Higuera.
El vulgar tráfico de influencias de Higuera Gómez y de Vargas
Landeros en favor del hijo del primero y de su contratante, Edna
Patricia Villa Ruiz, afecta a los socios de la empresa Industrializadora
de Alimentos de Los Mochis, fundada en el año 2003.
Y es que uno de ellos, Jesús Enrique Villa Medina y su abogado,
Olegario Lim Villa, el 14 y 15 de noviembre pisaron la cárcel acusados
de cohecho, delito que no cometieron, pero que se les armó en forma
oculta, según afirma Lim Villa.
Para integrar la averiguación previa CLN/DAP/89/2013/AP que originó
el proceso penal 391/2013 utilizaron a María Consuelo Sarmiento
Guerrero, agente del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en
Robo de Vehículos, a sus auxiliares, Manuel Antonio Cota González y
Agripino Flores Sánchez y a las escribientes, Isabel Armenta Bojórquez y
Karina Urías Beltrán.
Estos afirmaron que los ahora procesados y liberados bajo fianza, el
20 de septiembre ofrecieron dinero para la devolución de una camioneta
de la empresa retenida por transitar con placas de otra unidad, también
de la empresa, y a las cuales se les habían cambiado las láminas por
errores de los trabajadores, ya que ambas son similares y se les hizo el
canje de matrícula al mismo tiempo. “Las revolvieron”, reconoció Lim
Villa.
Estando detenido Jesús Enrique Villa Medina en la Agencia
Especializada contra el Narcomenudeo y no en los separos de la Policía
Ministerial, Édgar Higuera Beltrán y su cliente Edna Patricia Villa
Ruiz, amenazan a su contraparte en otros litigios de que será procesado
por un fraude de 10 millones de pesos y que para evitarlo le exigen
firmar documentos en favor de ella.
Lim Villa sospecha que lo que Jesús Enrique firmó fue un acta de
asamblea en donde le otorgan poderes amplios a Villa Ruiz. Y es que
ella, en mayo del año 2012 fue cesada como administradora de la
industrializadora por un faltante en cuentas por 1.4 millones de pesos.
A raíz de la separación, Villa Ruiz acudió con Gerardo Vargas
Landeros y pidió consejo. Este le indica que contrate los servicios de
Higuera Gómez, comenzando el tráfico de influencias.
Con las instituciones a su servicio y mando, cuenta Lim, en junio del
2012, Édgar Higuera, Edna Patricia Villa Ruiz y Alfredo Salazar
Hermosillo, pareja de esta, flanqueados por siete patrullas comandadas
por el comandante Gerardo Amarillas Gastélum, hoy director de la Policía
Municipal, intentan tomar por la fuerza la fábrica Industrializadora en
la colonia Miguel Hidalgo, pero fracasan debido a la defensa de los
abogados. El grupo de policías huye del lugar cuando llega un notario.
Pillados en la tranza, el grupo de Edna Patricia se dirige a las
oficinas de venta para tomarla por la fuerza, pero son de nueva cuenta
rebotados en el atropello.
“Desde entonces se desató la ‘cacería de brujas’ en contra de Jesús
Enrique Villa Medina, Jesús Alberto Robles Domínguez, Manuel Alberto
González Mares y mía”, denuncia Lim Villa.
Tan lo es así que sin causa justificada, el Departamento de
Averiguaciones Previas de la zona norte retoma la averiguación 348/2012
por fraude procesal en contra de Olegario Lim Villa y nueve
trabajadores. Esta habría sido sustraída de la Agencia Tercera del
Ministerio Público del Fuero Común en forma secreta y radica en la
Dirección de Averiguaciones Previas por “orden de arriba”.
La jugada fue
detectada y mediante amparos se obligó a que la sacaran a la luz. La
querella concluye con el perdón a los acusados.
Las arremetidas continuaron en el mismo Departamento de
Averiguaciones Previas. Eso porque se integra la querella 347/2012 por
despojo en contra de Olegario Lim Villa. Esta habría sido presentada en
la Agencia Especializada en contra del Comercio, pero también es
sustraída por “orden de arriba”.
Y mientras las averiguaciones previas en su contra avanzan a paso
acelerados, las presentadas en contra de Edna Patricia Villa Ruiz tienen
el freno de mano impuesto.
En Sinaloa, denuncia Lim Villa, el tráfico de influencias y la
utilización de las instituciones para fines privados de interés de la
familia Higuera Gómez es una realidad que se promueve desde la
Secretaría General de Gobierno, desde Gerardo Vargas Landeros.
Sinaloa bronco
El abogado, Martín López Félix, único en levantar la voz de juristas
no cooptados por el secretario de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros,
asegura que el “gobierno del cambio” es en realidad una mafia de
funcionarios que han tomado las instituciones como apéndices de sus
despachos o empresas.
Las instituciones de buena fe como en anteriores sexenios fue la
Procuraduría General de Justicia del Estado, con el gobernador Mario
López Valdez y su secretario, Gerardo Vargas Landeros, cambiaron a ser
entes de represión y de terror institucional.
“La prueba viviente es el procurador Marco Antonio Higuera Gómez, que faculta a la Policía Ministerial para realizar levantones para que su hijo, Édgar Higuera Gómez, pueda cobrar honorarios”, afirma
El caso Lim es prueba, consideró. Como también lo son el asunto del
abogado fiscalista y asesor de senadores y diputados federales, Luis
Puente, procesado en Sinaloa para obligarlo a dar sus acciones de la
Compañía Azucarera de Los Mochis a sus socios, Alejandro Elizondo Macías
y Rodolfo De la Vega Valladolid.
Y la impunidad de estos por la estafa de obreros y rentadores. Los
mineros de El Potrero de Cancio, presos por pedir sus regalías, es otro
caso negro en la historia de la justicia en Sinaloa a la que también se
suman los comuneros de Picachos y su abogada.
Sumados a esos casos de burdo abuso de poder, todos los levantones,
centenares de desapariciones forzadas y las denuncias de asesinatos de
Estado son manchas rojas que Mario López Valdez y Gerardo Vargas
Landeros no podrán despercudir de su historia de políticos y fama
pública de personas, afirmó.
“En Sinaloa hay un ultraje grosero del derecho por funcionarios
mafiosos que también han comprado a profesionales del derecho colegiados
para convertirlos en títeres, achichincles y comparsas de alcoba para sepultar las voces críticas o discordantes”, criticó.
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