Javier
Duarte no ve el estado que gobierna. Para el priista, todo son avances y
alegrías en Veracruz. En la realidad, sin embargo, la entidad se ahoga
en violencia, en desapariciones y secuestros, en asesinato y acoso de
periodistas, en deuda pública y en obras inconclusas, en insensibilidad
gubernamental… A punto de que el mandatario presente su tercer informe,
el saldo de su gestión oscila entre la muerte y la política ficción.
VERACRUZ,
VER. (Proceso).- Transcurrida la mitad del sexenio de Javier Duarte
(PRI), el sello personal del gobernador veracruzano se aprecia en todos
lados: la violencia se ha recrudecido, se han violado los derechos
humanos de maestros y periodistas a manos del nuevo Mando Único de
Seguridad Pública; las obras no tienen el avance proyectado, y la deuda
pública y sus intereses continúan creciendo en espiral. Los secuestros
también van a la alza.
En contraste, a través de la Dirección
General de Comunicación Social, Duarte satura las pantallas de
televisión, los programas de radio y los comunicados con el eslogan “En
Veracruz estamos haciendo las cosas bien”. La frase es también el lema
del tercer informe de gobierno, que se realizará el viernes 15 de
noviembre en la fortaleza de San Juan de Ulúa. Ahí, el mandatario
dirigirá un mensaje, pues al Congreso local sólo acudirá a dejar su
informe por escrito.
Pero las realidades en la entidad se imponen, tan duras cuales son:
Por
ejemplo, la deuda pública del gobierno de Veracruz registrada en la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asciende a 37 mil
millones de pesos, una de las más altas del país. Sin embargo, el
exdiputado local Óscar Lara (la legislatura se renovó el martes 5)
advierte que la administración de Duarte tiene otros pasivos que
Hacienda no registra y que rondarían otros 20 mil millones de pesos.
“Ahí
está el llamado cupón cero, las últimas dos bursatilizaciones que
algunos diputados de oposición votamos en contra, los pendientes a
proveedores, entre otros, y que al final son deuda.”
Tan sólo en
este año la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) etiquetó 3
mil 695 millones 500 mil pesos para el rubro de “deuda pública”, cifra
muy superior a los presupuestos del Poder Judicial, Legislativo,
Instituto Electoral Veracruzano, Comisión del Agua en el Estado de
Veracruz y Comisión Estatal de Derechos Humanos juntos.
El débito
fue heredado de los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán y Miguel Alemán
Velasco y se robusteció en el actual, que adquirió varios empréstitos.
“(La
administración de) Veracruz está sobreapalancada; eso trae más
endeudamiento. El estado ha gastado más de lo que ingresa. El
presupuesto lo tendrían que ir ajustando conforme va cayendo la
liquidez; si no cae, se origina un estrangulamiento financiero, eso ha
pasado”, expone Lara, diputado saliente del PAN y sobre quien se sigue
un proceso de expulsión en ese partido por haber apoyado al candidato
del PRD en la pasada elección municipal de Veracruz.
“Sólo banderazos”
Los
habitantes de Tuxpan de Rodríguez Cano, al norte del estado, recuerdan
el incumplimiento de las promesas de campaña del gobernador.
Taxistas
y vecinos de la colonia Vista Hermosa lo ejemplifican con el
libramiento de Tuxpan, cuya primera etapa –de 10 kilómetros– no ha
podido ser concluida, pese a que Duarte dio el banderazo el 1 de
diciembre de 2010, cuando señaló: “Comienzo mi administración con el pie
derecho”.
Dicho libramiento corresponde a la primera etapa de la
carretera Tuxpan-Tampico, que medirá 180 kilómetros y tendrá 12 metros
de ancho. La obra prevé que tenga dos carriles de circulación,
acotamientos amplios y señalética especializada.
Planea
construirse en tres etapas: la primera comprende el libramiento de
Tuxpan –que inicia del entronque Los Gil a la intersección con la
carretera federal 180–; la segunda va del entronque Buenos Aires a
Ozuluama y tendrá una longitud de 110 kilómetros; la tercera será la
construcción del tramo Ozuluama-Puente Prieto, con una longitud de 60
kilómetros.
Sin embargo, hasta el momento sólo se aprecian ahí pequeños tramos de obra, maquinaria parada y quejas ciudadanas.
“Ahí
donde pusieron el templete (hace tres años) sólo avanzaron un tramo de
120 metros; después dejaron la obra tirada. En mayo (de este año),
cuando los periódicos locales La Opinión y El Diario de Tuxpán empezaron
a presionar para que reanudaran la obra, sólo hicieron la pantalla. A
los pocos días dejaron de venir los trabajadores”, ilustra otro vecino
de Vista Hermosa.
Tan sólo el libramiento de Tuxpan beneficiaría a
más de 200 mil habitantes de los municipios de Chicontepec, Naranjos de
Amatlán, Cazones de Herrera y Tihuatlán, entre otros. Hoy, a falta de
autoridad estatal que reanude la carretera, son los propios vecinos de
las colonias populares de Tuxpan quienes con piedra, grava suelta y
cubeta en mano rellenan los cientos de baches que presenta la carpeta
asfáltica. El trabajo de los jóvenes es remunerado con unas cuantas
monedas de los automovilistas que circulan por la vía.
En Cazones
de Herrera, la Secretaría de Comunicaciones (dependencia hoy extinta
pues se transformó en Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas)
quedó a deber la carretera Los Kilómetros, la cual hoy sólo es un camino
de terracería lleno de baches y socavamiento.
Hace 12 meses,
Javier Duarte y el entonces alcalde de Boca del Río, Salvador Manzur
–expulsado del aparato gubernamental tras ser exhibido en videos
manipulando elecciones a favor del PRI con recursos de la Sedesol–,
arrancaron la magna obra distribuidor vial La Boticaria. Presumieron que
beneficiaría a 1 millón de habitantes y tendría un costo de 190
millones de pesos. La primera etapa de esta obra debió haber sido
entregada en agosto pasado.
Esa vía para agilizar el tránsito de
Veracruz, Boca del Río y Medellín tiene un avance de apenas 15% en sus
pilotes y cimentación. Los trabajos han tenido que parar en varias
ocasiones y enfrentan problemas por el cambio de adjudicación, toda vez
que a medio semestre del año en curso la obra le fue encargada a
Constructora Río Medio, que tampoco ha acelerado la edificación.
La
carretera –que convertiría en anillo periférico los intercruces de la
zona conurbada Veracruz-Boca del Río– es motivo de burla en las redes
sociales, donde abundan los dibujos animados y los memes alusivos a los
retrasos y los problemas de tránsito. El próximo año, este distribuidor
vial será vital para los traslados de los atletas de los Juegos
Centroamericanos y del Caribe 2014, pues ambos municipios serán sedes
del evento.
En Coatzacoalcos continúan a la espera del túnel
Sumergido, obra que ya supera los 3 mil 600 millones de inversión
federal, estatal y privada, y que ahora se encuentra detenida debido a
que la empresa encargada de su construcción –Concesionaria Túnel de
Coatzacoalcos S.A. de C.V. (Cotuco)– y la española FCC Construcción se
quedaron sin dinero para concluirla.
“Sólo le faltan unos cuantos
metros”, declaró el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras
Públicas (SIOP), Gerardo Buganza, acerca de esta obra que comunicará la
zona portuaria de Coatzacoalcos con la congregación de Villa Allende.
Dichos
trabajos han sido objeto de constantes señalamientos por parte de la
Auditoría Superior de la Federación (ASF). En la revisión de la cuenta
pública 2010 las observaciones e inconsistencias involucraron 400
millones de pesos. Dicha instancia observó que no se cumplió con los
parámetros mínimos de calidad en materiales y procedimientos
constructivos, así como en la estabilidad, seguridad estructural y vida
útil en servicio.
Proceso solicitó una entrevista con el titular
de SIOP para ahondar sobre las obras paralizadas y las 58 constructoras
que el gobierno de Veracruz ha demandado por incumplimiento de obra. Su
vocera de prensa, Elideth Eloss, se comprometió a agendar la entrevista,
pero nunca regresó la llamada.
Por el contrario, el expanista
Gerardo Buganza, candidato a gobernador en 2004 y exsecretario de
Gobierno, se concentró en dar “exclusivas” a medios locales en las que
el tema del avance de la obra pública fue un tema secundario.
Con
Notiver, el titular de SIOP optó por platicar sobre el apodo que ostenta
en la clase política. Es conocido como “Sor Buganza” por su costumbre
de asistir todos los días a misa: “Me digan fray, sor o lo que me puedan
decir lleva una connotación de ser una persona formada religiosamente.
Yo le pido a Dios todos los días que me permita hacer el bien y al
Espíritu Santo que me dé sabiduría”, dijo.
Violencia matizada
El
miércoles 6, durante la reunión regional de seguridad Zona Sureste, el
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, habló de “los
grandes resultados” que Veracruz ha tenido al abatir la delincuencia en
el sureste de México, zona –dijo el funcionario federal– que reporta el
menor índice delictivo de todo el país.
Horas antes del anuncio,
una balacera en la Reserva 1 en el puerto de Veracruz entre presuntos
pistoleros del crimen organizado dejó como saldo dos personas muertas y
un herido. Apenas el 30 de octubre un comando fue perseguido por fuerzas
estatales y federales en la avenida Ruiz Cortines, lo que derivó en un
tiroteo atrás del inmueble del PRI estatal y de la Facultad de
Humanidades de la Universidad Veracruzana. El saldo de heridos y muertos
no fue dado a conocer.
En la Cuenca del Papaloapan, Los Tuxtlas y
al norte del estado, periodistas y usuarios de redes sociales siguen
dando cuenta de enfrentamientos, balaceras y ejecutados.
Pese a
ello, Osorio Chong aseguró en rueda de prensa realizada en el hotel
Emporio de Veracruz que las estrategias de Duarte han sido ejemplo
nacional: “Ésta es una región que ha avanzado muy bien. Muchas de las
cosas que se han hecho aquí, que han funcionado, se han replicado en
muchas regiones del país”.
Apenas el jueves 7, el diputado local
de la coalición PRI-Nueva Alianza por Cosamaloapan, Juan René Chiunti
Hernández, admitió que su hermano había sido secuestrado el pasado 2 de
abril, y aun cuando al día siguiente se pagó un rescate millonario,
siete meses después sigue desconociéndose el paradero de su familiar.
El
pasado 2 de octubre, parientes y amigos de la estudiante de odontología
Ámbar Nayeli Suárez Rivera, de 24 años, denunciaron su desaparición del
puerto de Veracruz sin que dejara rastro.
Otro caso: familiares
del comandante de Tránsito estatal Damián Pineda Medina continúan
pugnando por su búsqueda. Desapareció desde junio último en la capital
del estado junto con una oficial raso.
Por esos días, el
subprocurador de justicia estatal, Antonio Lezama Moo, especuló así con
el grave problema de los desaparecidos: la mayoría se va “con la amante”
o con “el amiguito”. Estas declaraciones ocasionaron el repudio social y
de una organización de familiares de desaparecidos en la región de
Córdoba-Orizaba, quienes le exigieron a Lezama retractarse, disculparse o
renunciar. Ninguna de las peticiones fue cumplida por el funcionario.
Un
caso ilustra lo errado que puede estar el subprocurador: El conductor
de taxi Andrés Aguilar Marín, de 37 años, desapareció a principios de
octubre. Su hermana María del Rosario Aguilar asegura que fue detenido
por los cuerpos de élite de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Andrés
Aguilar fue detenido junto con Jacqueline Espejo Moctezuma, oficial del
agrupamiento carretero de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de
Veracruz. Ella apareció cuatro días después para denunciar maltrato
psicológico, golpes y amenazas de muerte por parte de elementos del
cuerpo de reacción inmediata de la Policía Estatal Acreditable, quienes
le quisieron sembrar unos “tabiques” de mariguana.
De la
desaparición de ocho policías municipales de Úrsulo Galván, reportada el
11 de enero pasado, familiares y amigos de los oficiales
responsabilizaron también a los cuerpos de élite de la SSP. Incluso le
enviaron una carta al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en
la que denuncian el hecho.
Javier Duarte admitió que en lo que va
de su sexenio 4 mil policías han sido dados de baja por no aprobar los
exámenes de evaluación y confianza del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SNSP). Representan 40% del total de las corporaciones de los
212 municipios de Veracruz.
En entrevista colectiva, Duarte aceptó que Veracruz es la entidad que más elementos ha dado de baja por no ser “confiables”.
Mientras
la depuración de la Policía Estatal continúa, el mismo jueves 7 la
Secretaría de Marina declaró que se quedará en el estado “el tiempo que
sea necesario”, según dijo su titular, Vidal Francisco Soberón Sanz.
La
reputación de la SSP y de la nueva Policía Estatal Acreditable se ha
derrumbado también por las violaciones a los derechos humanos de
maestros y periodistas a manos del nuevo Mando Único.
El 14 de
septiembre pasado, varios comunicadores fueron golpeados por agentes de
la Policía Estatal Acreditable durante el desalojo de maestros en la
plaza Lerdo. Incluso, los fotógrafos Rubén Espinoza, de Proceso; Roger
López, de Imagen, y Óscar Martínez, de Reuters, fueron amenazados por
los cuerpos de seguridad pública para que borraran sus materiales
gráficos.
El fotógrafo y activista de Zapateando Juan Alberto
Arellano debió pasar dos días en prisión luego de que la SSP lo acusara
por posesión de enervantes. El supuesto ilícito no se pudo comprobar
ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Días después,
Martín Serrano, director del Diario Tribuna, denunció la sustracción de
documentos personales de su oficina mientras él estaba en el puerto de
Veracruz. En la primera semana de octubre, seis elementos de la SSP
fueron cesados luego de ser señalados como responsables de agresión y
abuso de autoridad en contra de Alfonso Parra, reportero de Oliva Radio.
En
esa misma semana, la Marina llegó al cuartel de San José en Xalapa.
Durante el pase de lista fueron nombrados 10 elementos, que fueron
detenidos y puestos a disposición de la Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría
General de la República, para que se inicie una investigación por
presuntos vínculos con el narcotráfico, confirmó una fuente de la
corporación.
/14 de noviembre de 2013)
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