La Viña del Señor
Si
se pensaba que con la reforma constitucional en materia de derechos
humanos y con la nueva Ley de Amparo se iba a acabar el déficit que en
ese renglón existía y existe en el país, cuán equivocados estábamos.
Para
los que creían que hechos extremos y vergonzosos, propios de un Estado
autoritario y fallido, como la matanzas del 2 de octubre de 1968, del 10
de junio del 71 y las ejecuciones extrajudiciales que se dieron durante
la guerra sucia, así como la masacre de Acteal ya en el gobierno de
Ernesto Zedillo o las derivadas de la guerra calderonista contra los
carteles del narcotráfico, con su saldo de más de cien mil muertos y 25
desparecidos, a los que hay que agregar a los desplazados, que
convirtieron al país en una gran morgue según afirmó el poeta Marco
Antonio Campos, más los muertos de lo que va del gobierno peñanietista,
pueden dejar de soñar y volver a poner los pies sobre la tierra.
Si se
albergaba la esperanza que al hacerse realidad la alternancia en la
presidencia de la república sin necesidad de un alzamiento armado como
en 1910 y que los gobiernos divididos llegaron para quedarse, como
requisitos indispensables del proceso de transición a la democracia,
pueden despertar a la pesadilla de la realidad de la vida política a la
mexicana.
Los que
creían sinceramente que el PRD cuajaría como una viable opción de
izquierda ante las depredadoras políticas neoliberales enarboladas por
los gobiernos del PRI y del PAN y de que la tribu de los Chuchos,
adueñados de ese partido sacarían la casta por los intereses populares,
deben de irle tentando el agua a los camotes.
Para
los fieles creyentes de que el PAN era una verdadera opción democrática
frente al PRI como partido del Estado emanado de la revolución, luego de
doce años posicionado del gobierno federal, pueden dejar de sacar
cuentas alegres.
De
diciembre último para acá, una vez concretadas reformas como la
educativa, laboral y fiscal, de un paquete que incluye la energética,
podemos percibir un gran malestar e irritación en diversos sectores
sociales y económicos, incluidos algunos poderes fácticos, que su
aprobación trajo consigo, por más que sostenga Peña Nieto, que asumirá
el costo político de las decisiones tomadas o de que el Pacto por
México, se haya convertido en un engendro de negociación
metaconstitucional, al margen de las instancias del poder político, por
más que la Carta Magna sostenga que el poder reside en el pueblo.
Casos para la vergüenza: Guaymas en la nota roja
Así las
cosas, ante ese escenario, propio de un Estado fallido, en donde los
ciudadanos tienen categoría de súbditos o vasallos y las elites
políticas se manejan a su antojo sin ningún tipo de contrapeso, como lo
preveía Montesquieu y en donde la rendición de cuentas y la
transparencia son mera ilusión, no debe de extrañarnos a los guaymenses
ser noticia nacional o internacional, tanto por el llevado y traído Caso
Guaymas, como por el bochornoso fallecimiento de un jornalero –o
indigente, para el caso es lo mismo- a las afueras del Semeson, en un
asunto de discriminación, el cual fue tratado en la cadena Telemundo el
jueves pasado.
El
primero de ellos y gracias al cual los porteños alcanzaron notoriedad no
solo a nivel estatal, sino que llegó a los noticieros nacionales como
el de la conductora Adela Micha, de Televisa, por ser una trama de
secuestro, extorsión y muerte y en donde aparecen implicados militantes
de Acción Nacional y funcionarios municipales, mientras que en el
segundo, la falta de sensibilidad de servidores públicos del sector
salud, por su negligencia y falta de compromiso para con la institución
en la que laboran, con su fatal omisión costó una vida y eso a más de
censurable, raya en lo criminal, cuando apenas días antes otro descuido
provocó cuantiosas pérdidas al echarse a perder un importante lote de
vacunas.
El
llamado Caso Guaymas, si bien es cierto no alcanzó las proporciones del
conflicto que envolvió a la administración de Sara Valle Dessens y su
Gobierno de Ciudadanos, si atrajo la atención y los reflectores por el
nivel del choque entre las tribus blanquiazules que se disputan espacios
de poder a su interior y responden al reacomodo de de cara a la
elección de 2015, pues el control del partido lo pelean los bandos de
Francisco Bueno Ayub, compadre de Ernesto Cordero y Omar Núñez
Caravantes, hoy por hoy a la baja, desde la destitución de la secretaría
general del PAN estatal del mentor de ambos Adrián Espinoza y la salida
por la puerta de atrás del Paco de la dirección de Alcoholes; el que
impulsa a Manuel Villegas Rodríguez, conformado por miembros de la vieja
guardia panista y el de los Chepinos, Héctor Hernández y Oscar
González, con posiciones muy cercanas a las del alcalde Otto Claussen
Iberri.
Producto
de ese merequetengue devino la embichada y el bullying al Calamardo,
que al salirse de control tiene en el Cereso a los autores del mismo y
trae prófugo al secretario particular del alcalde porteño Eduardo
Gaxiola Márquez.
En todo
ese tratamiento del proceso a los acusados ya se les dictó auto de
formal prisión por el juez de la causa y la CNDH promueve la exhumación
del cadáver de María de Jesús Llamas Coronado, la China, por las
sospechas recaídas a raíz de su supuesto suicidio en las celdas de
arraigo de la PEI.
La
trama evidenció la falta de liderazgo en el PAN local por carencia de
autoridad moral de su dirigente a quien apodan “El palo fiado” y la
injerencia de la policía municipal a un punto sospechoso.
En el
caso de José Sánchez Carrasco, la persona que falleció el pasado lunes
por fuera de las instalaciones del Hospital General del Estado en
Guaymas, se alega por parte de José Jesús Bernardo Campillo, secretario
de Salud en Sonora, que éste tuvo atención médica y que recibió un
diagnóstico cuando fue llevado por una ambulancia de Cruz Roja al
nosocomio, pero días después cuando continuaba pernoctando en el lugar,
se negó a ser dado de alta en el programa Seguro Popular.En entrevista
con los medios el funcionario afirmó que bajo ninguna circunstancia y so
pretexto de cualquier motivo, se le negara la atención médica, la cual
se le brindó y después salió del hospital por su propio pie.
Sin
embargo el tratamiento y manejo del evento no dejó satisfecho a nadie y
si arrojó un mar de dudas sobre la forma en que dicha institución maneja
sus políticas públicas y podría estarse en posible negligencia y
responsabilidad administrativa de los servidores públicos adscritos a
esa instancia hospitalaria.
Si a
tales hechos los sumamos al problema que mantiene el ayuntamiento con la
empresa PASA, que dejó algunas colonias inundadas de basura y con
riesgos en la salud, entonces se puede deducir que la incompetencia debe
agregarse la irresponsabilidad de quienes tienen por encargo el brindar
los servicios públicos a la ciudadanía, una de las funciones
indispensables de la tarea de gobernar.
Violencia de género, acoso y feminicidio
El
incremento de la violencia contra las mujeres y más propiamente con las
menores de edad en la entidad empieza a preocupar en algunos sectores
sociales a grado tal de que se propuesto al Congreso del Estado el de
tipificar como delito con mayor penalidad el atentado a la vida de las
mujeres, el cual aparece como un problema de género.
Como
parte del mismo se perfila el acoso que sufren las damas por el solo
hecho de serlo, lo cual se complica por el uso de las redes sociales por
parte de los jóvenes al quedar expuesta la vida privada de muchos de
ellos, principalmente la de las jovencitas, aún inexpertas en sus
manejos. De ello deriva en muchas ocasiones el acoso que sufren las
estudiantes al interior o al exterior de sus centros de estudio y de
trabajo, lo cual se ha convertido en un verdadero problema. Los
asesinatos violentos de estudiantes como Viridiana Elizabeth Ramírez
Ramírez de 13 años en Hermosillo y de Maricruz Collins Martínez del Cet
del Mar en Guaymas o de Priscila Carolina Hernández Guerra en Bahía
Kino, que por su ferocidad llenaron de indignación a sus respectivas
comunidades.Mientras la media nacional en índice de violencia contra la
mujer es 46.1% en Sonora es de 53.66% y de enero de 2009 a junio de 2010
se registraron 83 feminicidios en el estado.
El
incremento de suicidios de menores y de los índices de violencia
intrafamiliar, así como en el número de mujeres que han perdido la vida o
el de ejecutados que nada más en Cajeme en lo que va del año casi le
pegan a los 80 homicidios dolosos, debe poner los focos rojos en las
autoridades de procuración de justicia y en las policías Estatal de
Seguridad Pública, PEI y municipales.
En un
país en donde según el penalista Juan Velásquez hay un 98% de impunidad y
no existe la investigación científica de los delitos y tenemos una de
las policías más corruptas e ineficientes de América Latina, amén de la
falta de una política criminal efectiva por partes de las instituciones y
no existe la prevención del delito como parte de la misma, el asunto
pinta negro en lo inmediato, cuando está comprobado que el incremento de
las penas por si mismas nunca han remediado tales problemas cuyo origen
es multifactorial como sostiene el criminólogo del INACIPE Martín
Barrón, pues de ser cierta esa hipótesis no habría ni narcotráfico, ni
homicidios.
Y
mientras el Estado se fortalece a costa de la sociedad civil, ésta se
encuentra a merced de la violencia, la inseguridad y los gobiernos
fallidos.
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