- Se le hace mucho la inhabilitación por seis años como funcionario público
- “Está bien sustentada la resolución”: Contralora Maritza Muñoz
- Sigue amparado para no ser detenido el ex gobernador de BCS
La Paz, B.C.S.- El gobierno de Baja California Sur confía en que no habrá tribunal que “eche abajo” el resolutivo contra el ex mandatario estatal perredista Narciso Agúndez Montaño, quien en octubre pasado fue inhabilitado para el desempeño, cargo o comisión en el servicio público por un tiempo de seis años y le impuso una sanción económica de 27 millones 973 mil 800 pesos.
El ex gobernador fue acusado de abuso de autoridad, peculado, coalición de servidores públicos, falsedad y coparticipación en conductas ilícitas, todos relacionados con la enajenación de predios en el municipio de Los Cabos durante su administración (2005-2011).
Al conocer la sentencia, Agúndez Montaño acudió al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que revise su situación, pero todo quedará igual, aseguró Maritza Muñoz Vargas, titular de la Contraloría General del Estado.
“Yo te aseguro que no la van a echar abajo, porque si hay algo que hicimos, fue sustentarla”, enfatizó la funcionaria, quien consideró que este caso fue resultado de la opacidad en la rendición de cuentas del gobierno bajacaliforniano anterior.
Muñoz Vargas indicó a EL UNIVERSAL que será la Sala Unitaria de Justicia Administrativa la que de la última palabra y ésto podría suceder hacia mediados del mes de febrero.
Señaló que la Sala Unitaria aún no solicita información a la Contraloría General del Estado para estudiar el caso.
Reiteró que el resolutivo está fundamentado, por lo que dijo estar segura de que en corto tiempo la resolución administrativa quedará firme para su ejecución por la Secretaría de Hacienda.
Agúndez Montaño se amparó a tiempo para no ser detenido.
Sentencia contra ex gobernador
El pasado 28 de octubre, la Contraloría General del Estado inhabilitó al ex gobernador Agúndez Montaño para el desempeño de un cargo público, así como a dos ex funcionarios, imponiendo una multa a los tres por 55 millones de pesos.
La dependencia dio seguimiento a la denuncia interpuesta por el director de Patrimonio Inmobiliario y Regularización de la Tenencia de la Tierra, en contra del ex gobernador, el ex secretario general de Gobierno, Alfredo Porras, y el ex oficial mayor, Garibaldo Romero Aguilar, relacionados con una operación irregular de venta de terrenos en Los Cabos.
Se trató de un acto jurídico, el cual consistió en la venta de siete bienes inmuebles propiedad del gobierno del estado, ubicados en el fraccionamiento El Pedregal, en Cabo San Lucas, a un precio “notoriamente inferior y por debajo del valor de dichos inmuebles en el mercado ordinario”. En la resolución se indicó un daño patrimonial por 27 millones 973 mil 800 pesos y una multa total por 55 millones 974 mil 600 pesos.
Al ex mandatario se le impuso la mayor sanción económica, monto igual que el daño patrimonial, 27 millones 973 mil 800 pesos. El ex secretario general y el ex oficial mayor deberán pagar una multa por 13 millones 986 mil 900 pesos cada uno.
Continúan las investigaciones
La contralora Maritza Muñoz Vargas dijo que actualmente el órgano a su cargo se encuentra investigando a la Secretaría de Desarrollo, al Instituto Sudcaliforniano del Deporte, a la Casa Cuna y al Consejo Tutelar para Menores, áreas en donde detectaron algunas irregulares durante una primera revisión.
A pregunta expresa sobre si existen pruebas que podrían involucrar a otros funcionarios en posibles operaciones irregulares, manifestó que la Controlaría “será muy cuidadosa en estos casos”, toda vez que se requiere contar con elementos contundentes.
Muñoz Vargas dijo que en el gobierno anterior existieron “muchos señalamientos” sobre posibles actos ilícitos por parte de servidores públicos. No obstante, subrayó, “la contraloría no juzga dichos, sino fiscaliza”.
Colectivo Pericú cita a Gladys Rodríguez, corresponsal de EL UNIVERSAL.
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