LA URGENCIA DE CAMBIAR EL NSJP

FOTO: ARCHIVO ZETA

Un real combate a la inseguridad producto del narcotráfico y el crimen organizado es lo que hace falta en este país: modificar las leyes para castigar a quienes delinquen y no ofrecerles garantías que sus víctimas no han tenido.

DE JUNIO de 2016 a junio de 2017, de acuerdo con información oficial de seguridad en el ámbito federal y en los estados, en las prisiones del país se ha reducido la población en 30 por ciento. Esto no significa necesariamente que los reos sentenciados hayan cumplido su condena, o que quienes estaban en proceso hayan sido sentenciados y purgado su pena, o que en México se cometan menos delitos. De hecho, es todo lo contrario.

Las estadísticas nacionales de la comisión de delitos prueban que, a la par de la liberación de reos, se han incrementado los delitos cometidos. De enero a abril de 2017, según la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del país, 573,597 actos delictivos se han cometido a lo largo y ancho de la república mexicana. En el mismo periodo, pero de 2016, refieren organizaciones de medición de la estadística de la inseguridad, hubo 496,448 delitos. En 2017, entonces, la inseguridad se incrementó en 13.45 por ciento, considerando las cifras oficiales.

¿Qué sucedió de un año a otro para que se elevaran los niveles de inseguridad? ¿Cómo se explican los estudiosos ese incremento en homicidios, extorsiones, secuestros, robos, asaltos, robo de vehículo, a casa hogar y comercio, por mencionar algunos? Hay quienes consideran, y me cuento entre ellos, que en gran medida ese aumento en la comisión de delitos se debe precisamente a la liberación indiscriminada de reos que no han sido rehabilitados en los centros penitenciarios de México, y cuya libertad se dio a partir de la entrada en vigor, en junio de 2016, del Nuevo Sistema de Justicia Penal, que es garantista y permisivo con quienes cometen delitos.

El punto de la reforma y el Nuevo Sistema de Justicia Penal que más ha afectado en el clima de inseguridad y violencia radica en la revalorización de los delitos que al cometerlos ameritan la prisión preventiva oficiosa.

En el nuevo catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva solo quedaron siete: crimen organizado, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, infracciones graves contra la seguridad nacional y delitos cometidos con armas y explosivos. Quien cometa algún delito no contemplado en esta corta lista, entre ellos la posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y fuerzas armadas, llevará su proceso en libertad, tiempo que muchos delincuentes han aprovechado para evadir la justicia, fugarse o seguir delinquiendo, ahí el origen más importante de la creciente inseguridad en México.

Entre los delitos que ya no ameritan prisión preventiva oficiosa se encuentran: homicidio culposo, lesiones, daño a la propiedad, evasión de presos, allanamiento de morada, lesiones culposas, privación de la libertad con fines sexuales, violación cuando entre víctima y victimario existe vínculo de pareja, acoso sexual, violencia familiar, amenazas, fraude, cohecho, abuso de confianza, robo sin arma, peculado, robo calificado con violencia, lesiones a menores y homicidio culposo agravado por conducir en estado de ebriedad, por mencionar apenas algunos.

Al entrar el Nuevo Sistema de Justicia Penal, casi en automático las cárceles empezaron a descongestionarse; reos que habían cometido delitos que ya no ameritaban la prisión preventiva aplicaron recursos legales para obtener la libertad; ahí quedó libre el 30 por ciento. Hace unas semanas la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó una resolución para que en las reglas del nuevo sistema se valore suplir la prisión preventiva por otra medida cautelar a quienes están en la cárcel. Un gran porcentaje de los reos en México están en condición de procesados no sentenciados, pero aun aquellos que fueron juzgados y sentenciados, por ejemplo, por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, podrán recuperar su libertad con las nuevas reglas. Estudiosos estiman que en los próximos meses puede obtener su libertad otro 30 por ciento de quienes permanecen encarcelados.

En México con el Nuevo Sistema de Justicia Penal tenemos más delincuentes en las calles. Por referir un caso, si a los asesinos de Javier Valdez, el periodista cofundador de Riodoce acribillado de 12 disparos el 15 de mayo de 2017, los hubiesen arrestado la mañana de ese día, antes de cometer el crimen, con las armas, los hubieran detenido, quitado las armas y dejado en libertad, en libertad e impunidad para que fueran por otras armas e hicieran lo que mentes criminales del narcotráfico les ordenaron, matar al periodista.

Lo mismo el esposo que golpeó a su mujer hasta casi matarla, sale libre. Igual el ladrón que se llevó un vehículo o vació una casa, o quien traicionó la confianza de sus empleadores, incluso aquellos políticos que abusaron del erario. Todos libres, sin rehabilitación, sin sanción corporal. Libres para seguir delinquiendo.

A estas alturas, con la inseguridad en niveles pocas veces vistos, abogados, asociaciones ciudadanas y expertos recomiendan que se realicen reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales para que se inscriban más delitos entre aquellos que ameritan prisión preventiva. El presidente de la república, Enrique Peña Nieto, dijo no hace muchos meses que en el Nuevo Sistema de Justicia Penal había reversa, que se podrían hacer cambios; sin embargo, no ha hecho nada para modificarlo.

Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación, declaró hace unos días que urgía al Congreso de la Unión a modificar el catálogo de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa en el Nuevo Sistema de Justicia Penal. Y ejemplificó: “No puede ser que quien porte cualquier tipo de arma y la use para agredir y lastimar a la sociedad pueda prácticamente usar lo que hoy se ha llamado la puerta giratoria y salga en libertad a seguir su proceso”.

Eso, y un real combate a la inseguridad producto del narcotráfico y el crimen organizado es lo que hace falta en este país: modificar las leyes para castigar a quienes delinquen y no ofrecerles garantías que sus víctimas no han tenido. Quienes portan armas regularmente pertenecen a las mafias y cárteles de las drogas, son miembros de grupos armados y sicarios que se encargan de los más de 90,000 ejecutados que se contabilizan en México en el sexenio de Enrique Peña Nieto, sin embargo, quedan libres.

A ese clima de inseguridad originado por la reclasificación de los delitos que ameritan prisión preventiva se suma el contexto en el que se desarrollan los juicios en el Sistema Penal Acusatorio, por ejemplo, la protección del acusado, quien puede decidir si su nombre y físico no son de carácter público. Tan simplón es ese precepto que Javier Duarte de Ochoa, una vez que es trasladado a México para ser enjuiciado en este país, se acoge a esa máxima, y en los medios de comunicación deben difuminarle la cara en las imágenes, y ubicarlo solo como Javier “N”, en las notas. Lo mismo pasa con los violadores, llegamos a conocer los detalles más aberrantes de una investigación como esa, incluso el nombre de la víctima y el horror por el que pasó, pero no podemos saber el nombre de quien abusó hasta la saciedad.

El ocultar información, el omitir los nombres e incluso el físico de los delincuentes de gran calado, como es el caso de narcotraficantes, políticos corruptos, asesinos y criminales organizados, solo abona a la impunidad. La sociedad sabe que hay a quién temerle, de quién cuidarse, a quién denunciar, pero ignora su nombre y no conoce su físico, está más vulnerada que antes.

Sí, México tiene muchos problemas de inseguridad, producto de la corrupción y la impunidad que se origina en el seno del Estado mexicano, también por la línea de la ineficacia e incapacidad de los ministerios públicos, pero ciertamente la revalorización del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa le ha aportado mucho al incremento en la comisión de delitos, y ese tema es uno que si el presidente de la república tiene el compromiso y la voluntad, puede modificarlo utilizando el Poder Legislativo que sigue estando de su lado.

Incrementar los delitos que merecen prisión preventiva sería un buen paso para empezar a disminuir las cifras de la inseguridad. De lo contrario, en vez de una población considerable de delincuentes en los penales tendremos una sociedad expuesta al crimen, y calles desbordadas de bandidos con el sistema de justicia a la mano.

(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS  /ADELA NAVARRO BELLO/ JUEVES, 27 JULIO, 2017 03:17 PM)