Todo está listo para que inicien las negociaciones del
TLCAN, en las que hay 1.1 billones de dólares al año en juego. Sin embargo,
mientras que Estados Unidos y Canadá han dejado relativamente claro cuáles
serán sus objetivos, México mantiene el sigilo
El 16 de agosto iniciará la primera
ronda de negociaciones de un tratado con un volumen de intercambio de 1.1
billones de dólares anuales. A la fecha, hay más preguntas que respuestas
Los esfuerzos del gobierno mexicano para
ganar acceso e influencia en Washington se complementan con una estrategia paralela
del sector empresarial
El discurso de los funcionarios
mexicanos y su accionar en conflictos comerciales proyectan la imagen de un
gobierno dispuesto a hacer concesiones significativas para salvar el TLCAN
El diputado Jorge Dávila Flores dijo que
México está listo para transformar el TLCAN en un tratado de avanzada
La mesa está puesta. Estados
Unidos emitió los lineamientos de qué objetivos busca perseguir en la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
Canadá definió sus líneas rojas y México ha concluido su proceso de consulta
con los distintos sectores de la economía nacional.
El 16 de agosto iniciará la
primera ronda de negociaciones de un tratado con un volumen de intercambio
comercial de 1.1 billones de dólares anuales. A la fecha, hay más preguntas que
respuestas.
En primer lugar, la
ambigüedad del discurso de la administración de Donald Trump genera una
incertidumbre que no permite descartar la derogación del TLCAN como un
escenario factible. Los objetivos delineados por la Oficina del Representante
Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) muestran dos
facetas: la de una postura comprometida con el libre flujo de bienes y
servicios y la de una posición que hace de la reducción del déficit comercial
de Estados Unidos con México un fin en sí mismo.
En palabras de Chad Bown,
investigador del Instituto Peterson de Economía Internacional (PIIE, por sus
siglas en inglés), si algo queda claro en el lenguaje utilizado por las
autoridades comerciales de Estados Unidos es que buscan facilitar la
restricción de importaciones provenientes de México y Canadá.
En segunda instancia, es poco
probable que la renegociación del TLCAN concluya de manera expedita. Gary
Hufbauer, un economista del PIIE, explica que las posturas de Estados Unidos y
sus socios comerciales están tan alejadas que la negociación inevitablemente se
empalmará con el proceso electoral mexicano de 2018.
Gabriel Casillas, economista
en jefe de Grupo Financiero Banorte, refiere que una negociación comercial
promedio dura alrededor de 45 meses. El gobierno mexicano ha sido enfático en
la necesidad de terminar el proceso de actualización del TLCAN en menos de seis
meses. No obstante, ningún acuerdo comercial significativo ha sido aprobado por
el Congreso estadounidense en un tiempo menor a este lapso.
En tercera instancia, la
definición de objetivos del gobierno mexicano de cara a la renegociación del
TLCAN ha sido vaga. Jorge Dávila Flores, presidente de la Comisión de Economía
en la Cámara de Diputados, lo resume de la siguiente manera: “defensa de la
soberanía, mediante un diálogo con firmeza y dignidad; respeto al Estado de
derecho; visión constructiva, para alcanzar una negociación de ganar-ganar;
imprimir dinamismo y competitividad a la integración de los tres países y
negociación integral, con todos los temas sobre la mesa”.
La falta de una narrativa
clara que explique qué es lo que México busca obtener en este proceso de
renegociación del TLCAN se ha convertido en la crítica más visible hacia el
gobierno mexicano en este sentido.
“Somos el único de los tres
países que ha querido mantener las negociaciones de una forma cerrada”, dijo
Arie Ellstein, director de la firma de comunicación Llorente y Cuenca, al
diario El País.
En esa misma entrevista,
Enrique Dussel, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, criticó
que “el acuerdo comercial más importante para México no ha tenido una evaluación
pública”. Luis Miguel González, director del diario El Economista, sentenció:
“El gobierno ha optado por el sigilo”.
CABILDEO: APUESTA MEXICANA
Esto no quiere decir que el
gobierno se ha quedado cruzado de brazos. Ayer concluyó el proceso de consulta
que organizó la Secretaría de Economía con los sectores productivos: agrícola,
automotriz, textil, acerero, etc.. A diferencia de lo que sucede en Estados
Unidos, el gobierno mexicano no está obligado por la ley a emitir una lista de
los lineamientos que, con base en esta consulta, se seguirán en la
renegociación del TLCAN.
México ha apostado por un
activismo político de bajo perfil, de baja resonancia mediática. La Secretaría
de Economía podría gastar hasta 1.2 millones de dólares por la contratación de la
firma de cabildeo Public Strategies Washington y por la del despacho legal
Pillsbury, Winthrop, Shaw, Pittman.
Los esfuerzos del gobierno
mexicano para ganar acceso e influencia en Washington se complementan con una
estrategia paralela del sector empresarial de México. El Consejo Coordinador
Empresarial gastó una suma, que no se ha hecho pública, por la contratación de
los servicios de la firma legal y de cabildeo Akin, Gump, Strauss, Hauer, Feld.
Además, el Congreso mexicano
ha intensificado su acercamiento con legisladores estadounidenses afines a los
intereses de México, así como con organizaciones clave en el diseño de la
política económica estadounidense, notoriamente con la Cámara de Comercio de
Estados Unidos, el grupo empresarial más importante de ese país.
¿CUÁL ES LA ESTRATEGIA DE NEGOCIACIÓN?
Ante la vaguedad y el sigilo
que ha caracterizado a la estrategia de preparación del gobierno frente al
proceso de negociación del TLCAN, las intervenciones públicas de los
funcionarios mexicanos y los antecedentes de conflictos comerciales previos son
los únicos elementos que pudieran ofrecer algún indicio de qué curso seguirá
México en la mesa de negociación.
Por ejemplo, Jorge Dávila
Flores dijo recientemente que “México está listo para transformar el TLCAN en
un tratado de avanzada, con capítulos modernos acordes con la nueva realidad
mundial”.
Esta declaración coincide con
el proyecto de política comercial mexicano que quedó reflejado en la
negociación entre México y Estados Unidos en el marco del ahora extinto Acuerdo
de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés): un proyecto
comprometido con la adopción de estándares de última generación en materia
ambiental, laboral e incluso anticorrupción; como lo estipulan los objetivos
que publicó el USTR la semana pasada.
Por otro lado, el secretario
de Economía, Ildefonso Guajardo, ha insistido en que la línea roja del gobierno
mexicano yace en la imposición de nuevos aranceles y cuotas. Sin embargo, esta
posición se enfrenta al objetivo expreso de Estados Unidos de implementar
salvaguardas para limitar las importaciones provenientes de México y Canadá en
caso de que emerjan condiciones inusuales en su industria nacional.
Chad Bown, una de las voces
más autorizadas en materia de política comercial, denomina estas medidas como
prácticas de “proteccionismo invisible”, un concepto que quedó en evidencia en
el reciente conflicto azucarero entre México y Estados Unidos.
Los productores
estadounidenses de azúcar, un influyente grupo de interés con fuertes
conexiones en Washington, exigieron una reducción unilateral de las
exportaciones azucareras provenientes de México. Para evitar un conflicto de
alto perfil en los meses previos a la renegociación del TLCAN, el gobierno
mexicano aceptó las condiciones impuestas por Estados Unidos.
La pasividad de la
administración de Enrique Peña Nieto en este caso marca un mal precedente.
Primero, porque no se respetó la única máxima evidente que regirá la postura de
México en las negociaciones del TLCAN: no se aceptará la imposición de cuotas o
aranceles.
Segundo, porque el origen del
conflicto azucarero remite a otro punto álgido de la negociación del TLCAN, que
es la petición de Estados Unidos de eliminar el Capítulo 19 del acuerdo, el
cual estipula que un socio comercial puede apelar una decisión de una corte
local ante un panel internacional de arbitraje.
El conflicto azucarero empezó
porque se acusó a los productores mexicanos de ser beneficiarios de subsidios
anticompetitivos y de aplicar prácticas de dumping. La industria nacional estadounidense tiene un
largo historial de realizar este tipo de acusaciones para ganar participación
de mercado.
Ello explica el interés de
Estados Unidos en deshacerse del Capítulo 19, cuyos paneles de arbitraje han
emitido más resoluciones desfavorables hacia este país que hacia algún otro
miembro del TLCAN.
No obstante, el secretario
Guajardo señaló recientemente que las Organización Mundial de Comercio ha sido
un canal de resolución mucho más eficiente que el Capítulo 19.
El discurso de los
funcionarios mexicanos y su accionar en conflictos comerciales recientes
proyectan la imagen de un gobierno dispuesto a hacer concesiones significativas
para salvar al TLCAN.
(REPORTE INDIGO/ RODRIGO CARBAJAL/ Jueves 27 de julio
de 2017)
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