Foto: cortesía
El Ayuntamiento de Tijuana
presentó esta mañana ante el Congreso del Estado, una solicitud de juicio
político y una petición para la destitución inmediata de la magistrada Flora
Arguilés, quien hace unos días otorgó
una suspensión provisional a favor de los “Taxis Amarillos”, para que estos
puedan mantener los nueve sitios que tienen en la Línea Internacional.
Raúl Felipe Luévano,
Secretario de Gobierno Municipal, resaltó que esta solicitud se interpuso
porque con el hecho de que la magistrada haya otorgado esa suspensión en favor
de “un grupo minoritario, que se maneja a base de intereses económicos y que
viene a afectar la armonía, la tranquilidad, el ordenamiento y la paz de esa
área (Línea), está “mal utilizando” el derecho y la aplicación de la justicia
por razones de “desconocimiento, conveniencia o por corrupción”, directamente
en contra de la ciudadanía.
Agregó que en todo momento
(la magistrada) debe velar por los intereses de la ciudadanía y por la
justicia, lo cual no ha hecho de esa manera provocando un menoscabo al
Ayuntamiento y la ciudadanía, dijo, ya que la magistrada eso es lo que
precisamente juró: “velar y salvaguardar los intereses generales de la
ciudadanía”.
Esta mañana se presentó ante
el Congreso del Estado, una solicitud de juicio político y una petición para la
destitución de la magistrada Flora Arguilés
El funcionario municipal
argumentó que el Ayuntamiento, como muchos de los ciudadanos, se siente
primeramente “agraviado” por el actuar de un grupo de transportistas en las
inmediaciones de la Línea Internacional, quienes venían poseyendo unos sitios
de taxi que fueron revocados por el Ayuntamiento, y que de esa situación
obtuvieron una suspensión provisional por parte de la magistrada Flora
Arguilés.
Suspensión que decidieron “no
acatarla”, por el simple hecho de velar por los intereses de los ciudadanos, ya
que consideraron que las actuaciones de la magistrada “no son apegadas al
derecho, porque no fue escuchada la parte del Ayuntamiento y únicamente se tomó
en cuanta la parte de los transportistas, quienes, dijo, presentaron como
medios de prueba únicamente recibos de pago del 2015.
Aun así, manifestó, la
magistrada tomó esta decisión que consideró va en contra de los ciudadanos y
del ordenamiento vial de esa zona, “que es muy conflictiva”, porque no permite
la movilidad y la transformación de esa área, la cual es una de las más
importantes de la ciudad.
Otro hecho que resaltó
Luévano, fue que cuando asumieron la responsabilidad de defender los derechos
de los ciudadanos y que dijeron que no cederían el espacio para que volvieran
los taxistas a ocupar la vía pública, “porque realmente se sentían como
dueños”, la magistrada les interpuso una sanción a los funcionarios
involucrados, Marco Antonio Sotomayor, Secretario de Seguridad Pública
Municipal (SSPM), y Javier Salas Espinosa, Director de Vialidad y Transporte
Municipal.
Sanción que de acuerdo al
funcionario se realizó a pocos días de que se fueran de vacaciones (los
magistrados), pero “lo sorprendente fue que antes de irse y sin esperar el
término de si se cumplimentaba o no, que eran tres días, interpuso otra sanción
en contra de los mismos funcionarios, obviamente obligando a que se les diera
el beneficio de que regresarán estas personas (los taxistas amarillos)”.
Derivado de esta situación el
Ayuntamiento les contestó con “un rotundo no”, y que no accederían a esas
presiones, por lo tanto, dijo, asumirán la responsabilidad administrativa que
pueda esto ocasionar, y ante la situación fue que presentaron la solicitud de
juicio político porque la magistrada ha mal utilizado el derecho, cosa que no
es la primera ocasión en que actúa en contra de los ciudadanos, dijo Luévano
Ruíz.
Sobre esta situación, refirió
que la magistrada reiteradamente lo ha hecho, el actuar en contra de la
ciudadanía, y eso es algo que no lo van a “permitir ni tolerar, que
funcionarios que estén para velar por la justicia, obviamente actuando con
imparcialidad, se estén conduciendo con imparcialidad”.
Como ejemplo, el Secretario
detalló que la magistrada participó ya en dos hechos que han atentado contra la
ciudadanía, el primero de ellos favoreciendo a un bar que está en las
inmediaciones de un centro habitacional, en Colinas de Agua Caliente, a menos
de 50 metros de una primaria, el cual gozaba de ciertos beneficios como un
permiso con horario amplio y además provocaba demasiado ruido y escándalos a
altas horas de la madrugada.
El segundo caso fue en relación
al relleno sanitario de El Jibarito, el cual estaba cancelado porque había
llegado a su tiempo de vida útil, sin embargo pretendiendo sacar un provecho la
magistrada les otorgó también una suspensión, con una diferencia de 10 meses
para la primera audiencia, sin escuchar a los ciudadanos ni al Ayuntamiento,
por lo que, dijo, entienden que lo que ahí prevalece es el poder económico,
puesto que no tienen otra explicación.
Sin embargo, el propio
Secretario de Gobierno aceptó que en caso de que la petición procediera y la
magistrada fuera destituida, esto no garantizaría que la suspensión provisional
a favor de los taxis amarillos fuera anulada, sin embargo el hecho de que ella
ya no esté ahí resolviendo el mismo asunto, si les garantiza de que se puede revocar
y que se establezca una persona que sí conozca sobre la materia del derecho.
(SEMANARIO ZETA/ Destacados Manuel Ayala/Miércoles, 26 Julio, 2017 04:18
PM)
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