Acusan a funcionarios y líderes ejidales
La
Controlaría Interna del Tribunal Superior Agrario inició una investigación por
presuntos actos de corrupción en contra del personal del Tribunal Unitario
Agrario del Distrito 27 con sede en Guasave, que afectó a dos centenares y
medio de hijos de ejidatarios de Jiquilpan impidiéndoles el derecho a recibir
bonificaciones por venta de terrenos comunales, por más de mil 200 millones de
pesos.
La
indagatoria Q-164/2017, iniciada el 19 de junio del 2017 por denuncia de hechos
de Daniel Humberto Ibarra Rodríguez, quedó firme diez días después cuando
Fernando Hernández Reyes, actuario del Tribunal Agrario, notificó personalmente
al querellante del inicio de las investigaciones y que por acuerdo de la
titular de la Controlaría Interna, Romina Fernández Santa Cruz Ruiz debía
precisar las imputaciones.
En
el oficio TSA/CI-AQ/1279/2017 entregado a Ibarra Rodríguez, Fernández Santa
Cruz indica “… requiero a usted indicar los nombres de los servidores públicos
presuntamente responsables”.
Esto
—agrega la funcionaria en su escrito— “… para determinar las responsabilidades
administrativas de los servicios públicos de los Tribunales Agrarios.
Y
además le aclara que “… deberán estar apoyadas en pruebas documentales o
elementos probatorios suficientes para establecer la existencia de la
infracción y la supuesta responsabilidad del servidor público, puesto que por
ley se deben de desechar las denuncias anónimas o notoriamente infundadas.
Ibarra
Rodríguez aseguró que las pruebas documentales exigidas por la funcionaria
federal las contienen los expedientes 940/2010, 941/2010, acumulados al
1429/2011 que el presidente del Tribunal Agrario del Distrito 27 resolvió
infundados, sin asistirle razón ni legalidad tal y como lo consideraron los
magistrados Irineo Lizárraga Velarde,
Jorge Pérez Cerón y Jesús Enrique Flores González, con lo cual se dejó insubsistente
la sentencia y se obliga al juez a reponer los juicios citando en los
expedientes al Registro Agrario Nacional, testimoniales y documentales que se
negó a desahogar.
Consideró
que en el trajinar entre el ejido Jiquilpan y el Tribunal Agrario 27
constataron una relación de conflicto de interés entre la defensa del
comisariado ejidal representado por Gloria Manuela Valdez Rodríguez, el
secretario de Acuerdos del propio tribunal y el magistrado presidente del
mismo, pues sin recato alguno y en alarde de poder se burlaban de las acciones intentadas por los
hijos de campesinos depurados del padrón a la vez que se jactaban de que
habiendo dinero de por medio ningún acuerdo o sentencia afectaría a la
autoridad ejidal.
“Todo
alarde lo cumplieron durante seis años, hasta que un amparo los exhibió. Hoy
esperamos que la investigación de la Controlaría Interna del Tribunal Superior
Agrario los inhabilite para cualquier cargo, porque funcionarios sin escrúpulos
no deben impartir justicia dado que los sesga la ambición, beneficiando al rico
y poderoso y afectando al pobre y sin influencias. El caso Jiquilpan es claro
ejemplo de esa justicia torcida que se da en algunos tribunales del país”,
dijo.
Aseguró
que cumplirá con lo exigido y que como dirigente de grupo vigilará el desahogo
de las pruebas hasta que se inhabilite a los funcionarios que causaron un daño
irreparable al ejido Jiquilpan y en especial en 250 familias que se vieron
afectados en su economía, por la avaricia de unas cuantas personas.
El
conflicto en el ejido Jiquilpan, de acuerdo con los 143 demandantes de la
restitución de los derechos agrarios, comenzó con la manipulación de las actas
de asamblea del 17 de septiembre de 1995, cuando se delimitó el ejido Jiquilpan
dentro del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede) ordenado
por el Registro Agrario Nacional, con 1 mil 841 hectáreas destinadas para
infraestructura de la comunidad y cero hectáreas de uso común cuando era lo
contrario.
El
aparente error se retomó el 29 de julio del 2001 cuando la asamblea por encargo
de Gloria Valdez Rodríguez resolvió depurar a 250 campesinos y a sus herederos
quitándoles el derecho a indemnizaciones y bonificaciones futuras por venta o
enajenación de terrenos de uso común.
(RIODOCE/ LUIS FERNANDO NÁJERA/ LOS
MOCHIS./ 24 JULIO, 2017)
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