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ARCHIVO ZETA
Un
real combate a la inseguridad producto del narcotráfico y el crimen organizado
es lo que hace falta en este país: modificar las leyes para castigar a quienes
delinquen y no ofrecerles garantías que sus víctimas no han tenido.
DE
JUNIO de 2016 a junio de 2017, de acuerdo con información oficial de seguridad
en el ámbito federal y en los estados, en las prisiones del país se ha reducido
la población en 30 por ciento. Esto no significa necesariamente que los reos
sentenciados hayan cumplido su condena, o que quienes estaban en proceso hayan
sido sentenciados y purgado su pena, o que en México se cometan menos delitos.
De hecho, es todo lo contrario.
Las
estadísticas nacionales de la comisión de delitos prueban que, a la par de la
liberación de reos, se han incrementado los delitos cometidos. De enero a abril
de 2017, según la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública del país, 573,597 actos delictivos se han cometido a lo
largo y ancho de la república mexicana. En el mismo periodo, pero de 2016,
refieren organizaciones de medición de la estadística de la inseguridad, hubo
496,448 delitos. En 2017, entonces, la inseguridad se incrementó en 13.45 por
ciento, considerando las cifras oficiales.
¿Qué
sucedió de un año a otro para que se elevaran los niveles de inseguridad? ¿Cómo
se explican los estudiosos ese incremento en homicidios, extorsiones,
secuestros, robos, asaltos, robo de vehículo, a casa hogar y comercio, por
mencionar algunos? Hay quienes consideran, y me cuento entre ellos, que en gran
medida ese aumento en la comisión de delitos se debe precisamente a la
liberación indiscriminada de reos que no han sido rehabilitados en los centros
penitenciarios de México, y cuya libertad se dio a partir de la entrada en
vigor, en junio de 2016, del Nuevo Sistema de Justicia Penal, que es garantista
y permisivo con quienes cometen delitos.
El
punto de la reforma y el Nuevo Sistema de Justicia Penal que más ha afectado en
el clima de inseguridad y violencia radica en la revalorización de los delitos
que al cometerlos ameritan la prisión preventiva oficiosa.
En
el nuevo catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva solo quedaron
siete: crimen organizado, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de
personas, infracciones graves contra la seguridad nacional y delitos cometidos
con armas y explosivos. Quien cometa algún delito no contemplado en esta corta
lista, entre ellos la posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército
y fuerzas armadas, llevará su proceso en libertad, tiempo que muchos
delincuentes han aprovechado para evadir la justicia, fugarse o seguir
delinquiendo, ahí el origen más importante de la creciente inseguridad en
México.
Entre
los delitos que ya no ameritan prisión preventiva oficiosa se encuentran:
homicidio culposo, lesiones, daño a la propiedad, evasión de presos,
allanamiento de morada, lesiones culposas, privación de la libertad con fines
sexuales, violación cuando entre víctima y victimario existe vínculo de pareja,
acoso sexual, violencia familiar, amenazas, fraude, cohecho, abuso de
confianza, robo sin arma, peculado, robo calificado con violencia, lesiones a
menores y homicidio culposo agravado por conducir en estado de ebriedad, por
mencionar apenas algunos.
Al
entrar el Nuevo Sistema de Justicia Penal, casi en automático las cárceles
empezaron a descongestionarse; reos que habían cometido delitos que ya no
ameritaban la prisión preventiva aplicaron recursos legales para obtener la
libertad; ahí quedó libre el 30 por ciento. Hace unas semanas la Suprema Corte
de Justicia de la Nación dictó una resolución para que en las reglas del nuevo
sistema se valore suplir la prisión preventiva por otra medida cautelar a quienes
están en la cárcel. Un gran porcentaje de los reos en México están en condición
de procesados no sentenciados, pero aun aquellos que fueron juzgados y
sentenciados, por ejemplo, por portación de arma de fuego de uso exclusivo del
Ejército, podrán recuperar su libertad con las nuevas reglas. Estudiosos
estiman que en los próximos meses puede obtener su libertad otro 30 por ciento
de quienes permanecen encarcelados.
En
México con el Nuevo Sistema de Justicia Penal tenemos más delincuentes en las
calles. Por referir un caso, si a los asesinos de Javier Valdez, el periodista
cofundador de Riodoce acribillado de 12 disparos el 15 de mayo de 2017, los
hubiesen arrestado la mañana de ese día, antes de cometer el crimen, con las
armas, los hubieran detenido, quitado las armas y dejado en libertad, en
libertad e impunidad para que fueran por otras armas e hicieran lo que mentes
criminales del narcotráfico les ordenaron, matar al periodista.
Lo
mismo el esposo que golpeó a su mujer hasta casi matarla, sale libre. Igual el
ladrón que se llevó un vehículo o vació una casa, o quien traicionó la
confianza de sus empleadores, incluso aquellos políticos que abusaron del
erario. Todos libres, sin rehabilitación, sin sanción corporal. Libres para
seguir delinquiendo.
A
estas alturas, con la inseguridad en niveles pocas veces vistos, abogados,
asociaciones ciudadanas y expertos recomiendan que se realicen reformas al
Código Nacional de Procedimientos Penales para que se inscriban más delitos
entre aquellos que ameritan prisión preventiva. El presidente de la república,
Enrique Peña Nieto, dijo no hace muchos meses que en el Nuevo Sistema de
Justicia Penal había reversa, que se podrían hacer cambios; sin embargo, no ha
hecho nada para modificarlo.
Miguel
Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación, declaró hace unos días que
urgía al Congreso de la Unión a modificar el catálogo de los delitos que
ameritan prisión preventiva oficiosa en el Nuevo Sistema de Justicia Penal. Y
ejemplificó: “No puede ser que quien porte cualquier tipo de arma y la use para
agredir y lastimar a la sociedad pueda prácticamente usar lo que hoy se ha
llamado la puerta giratoria y salga en libertad a seguir su proceso”.
Eso,
y un real combate a la inseguridad producto del narcotráfico y el crimen organizado
es lo que hace falta en este país: modificar las leyes para castigar a quienes
delinquen y no ofrecerles garantías que sus víctimas no han tenido. Quienes
portan armas regularmente pertenecen a las mafias y cárteles de las drogas, son
miembros de grupos armados y sicarios que se encargan de los más de 90,000
ejecutados que se contabilizan en México en el sexenio de Enrique Peña Nieto,
sin embargo, quedan libres.
A
ese clima de inseguridad originado por la reclasificación de los delitos que
ameritan prisión preventiva se suma el contexto en el que se desarrollan los
juicios en el Sistema Penal Acusatorio, por ejemplo, la protección del acusado,
quien puede decidir si su nombre y físico no son de carácter público. Tan
simplón es ese precepto que Javier Duarte de Ochoa, una vez que es trasladado a
México para ser enjuiciado en este país, se acoge a esa máxima, y en los medios
de comunicación deben difuminarle la cara en las imágenes, y ubicarlo solo como
Javier “N”, en las notas. Lo mismo pasa con los violadores, llegamos a conocer
los detalles más aberrantes de una investigación como esa, incluso el nombre de
la víctima y el horror por el que pasó, pero no podemos saber el nombre de
quien abusó hasta la saciedad.
El
ocultar información, el omitir los nombres e incluso el físico de los
delincuentes de gran calado, como es el caso de narcotraficantes, políticos
corruptos, asesinos y criminales organizados, solo abona a la impunidad. La
sociedad sabe que hay a quién temerle, de quién cuidarse, a quién denunciar,
pero ignora su nombre y no conoce su físico, está más vulnerada que antes.
Sí,
México tiene muchos problemas de inseguridad, producto de la corrupción y la
impunidad que se origina en el seno del Estado mexicano, también por la línea
de la ineficacia e incapacidad de los ministerios públicos, pero ciertamente la
revalorización del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa
le ha aportado mucho al incremento en la comisión de delitos, y ese tema es uno
que si el presidente de la república tiene el compromiso y la voluntad, puede
modificarlo utilizando el Poder Legislativo que sigue estando de su lado.
Incrementar
los delitos que merecen prisión preventiva sería un buen paso para empezar a
disminuir las cifras de la inseguridad. De lo contrario, en vez de una
población considerable de delincuentes en los penales tendremos una sociedad
expuesta al crimen, y calles desbordadas de bandidos con el sistema de justicia
a la mano.
(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS /ADELA NAVARRO BELLO/ JUEVES, 27 JULIO, 2017
03:17 PM)
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