Ciudad
de México.- El abatimiento de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, el
pasado 30 de junio, tiene a ocho militares detenidos; contra 7 de ellos, un
juez dictó auto de formal prisión en noviembre pasado, por su probable
responsabilidad en abuso de autoridad, ejercicio indebido de servicio público y
homicidio calificado.
En
un primer momento, la Sedena informó que se trató de una agresión a los
militares, por lo que éstos abrieron fuego; sin embargo la versión se fue
cayendo con el paso de las investigaciones:
La
Sedena emitió un comunicado al respecto, el cual ya no está disponible en su
sitio web; en dicha comunicación dio a conocer que el enfrentamiento se originó
cuando los efectivos militares ubicaron una bodega custodiada por personas
armadas, quienes al percatarse de la presencia de los efectivos dispararon en
su contra.
Los
hechos, según la Sedena, ocurrieron a las 05:30 horas del lunes en las
inmediaciones del poblado Cuadrilla Nueva, en Tlatlaya.
Detalló
que en el lugar fueron aseguradas 25 armas largas, de las cuales 16 son fusiles
AK-47, seis fusiles AR-15, un fusil Calico, dos escopetas; además, 13 armas
cortas, una granada de fragmentación y 112 cargadores y cartuchos de diversos
calibres.
La
Sedena informó también que durante la operación fueron liberadas tres mujeres,
quienes presuntamente estaban secuestradas; dos de esas tres mujeres,
actualmente están encarceladas.
Sedena
informó además que durante el enfrentamiento resultó herido un elemento del
Ejército, quien recibió la atención correspondiente en instalaciones de Sanidad
Militar y su estado de salud se reportó como estable.
En
julio pasado, la agencia AP difundió que las 22 personas fueron ejecutadas.
El
reportaje en San Pedro Limón, Tlatlaya, sugirió que los orificios y las manchas
de sangre en la pared de la bodega no fueron producto de un enfrentamiento
entre sicarios y militares, sino de una sanguinaria ejecución por parte de los
elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
“Las
manchas de sangre y los orificios de bala en los muros de hormigón observados
por periodistas de The Associated Press tres días después del tiroteo plantean
interrogantes acerca de si todos los sospechosos murieron en el enfrentamiento
o después de que terminara. La bodega en la que fueron encontrados muchos de
los cadáveres no tenía muchas evidencias de que el enfrentamiento fuera
prolongado”, se lee en el reportaje difundido.
Un
testigo anónimo entrevistado por los reporteros de AP dijo que oyó disparos y
golpes durante casi dos horas la madrugada del 30 de junio.
“El
piso estaba manchado de sangre y se veían dispersas hojas de papel numeradas
que los investigadores dejaron para marcar dónde se habían hallado los
cadáveres, la mayoría cerca de las paredes”.
Los
agujeros de bala en las paredes rodeados de sangre “dan la impresión de que las
personas en el interior estaban de pie frente a la pared y fueron alcanzadas
por uno o dos disparos a la altura del pecho”.
La
revista Esquire dio a conocer en septiembre pasado las declaraciones de
‘Julia’, testigo de los hechos, quien afirma que en el lugar hubo ejecuciones.
La
testigo presencial del suceso entrevistada por Esquire, sostiene que fueron los
soldados quienes dispararon primero y que los presuntos delincuentes
respondieron, que sólo uno de los jóvenes murió en el enfrentamiento y que los
demás se rindieron.
Agrega
que los soldados interrogaron a los 21 supervivientes y luego los mataron,
según el reportaje de la revista.
En
septiembre pasado fueron presentados a declarar 8 militares, quienes quedaron
en prisión, según informó un comunicado de la Sedena (que se reproduce al final
de esta nota).
En
tanto, en noviembre se les dictó auto de formal prisión a 7 militares,
implicados en el caso:
A
Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides,
por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de
autoridad.
Mientras
que a Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Roberto Acevedo
López, Samuel Torres López, Ezequiel Rodríguez Martínez, Fernando Quintero
Millán y Leobardo Hernández Leónides, es por su probable responsabilidad en la
comisión del delito de ejercicio indebido de servicio público.
Para
Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides,
el auto de formal prisión es por su probable responsabilidad en la comisión del
delito de homicidio calificado.
Asimismo,
el CJF detalló que a Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo
Hernández Leónides, es por su probable responsabilidad en la comisión del
delito de alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo.
Por
último, a Ezequiel Rodríguez Martínez, por su probable responsabilidad en la
comisión del delito de encubrimiento en la hipótesis de no procurar impedir la
consumación de un delito.
Fuente:
Aristegui Noticias
(ZOCALO/
Agencias/ 30/06/2015 - 09:34 AM)
No hay comentarios:
Publicar un comentario