Sin
solución de fondo, autoridades hablan de resultados y coordinación, pero los
asesinatos siguen a la alza. Por separado, las corporaciones se han abocado a
la captura de los principales narcotraficantes homicidas, quienes, de acuerdo a
reportes de inteligencia, sostienen la ola de violencia en Tijuana. Pero como
las procuradurías no han solicitados órdenes de aprehensión no por asesinato, ni por tráfico. La solidez de los casos en su
contra es dudosa
Muchas
conferencias de las autoridades promocionando lo que califican de resultados en
materia de seguridad, buscando de la aprobación social, no suelen funcionar
ante una ciudadanía que lleva más de dos meses manifestando su desacuerdo con
la versión oficial, y demostrando una fundada preocupación por el descontrol de
la seguridad.
A
la par de las conferencias del Gobierno del Estado, del municipal o el Federal,
encarnado por el Ejército Mexicano, donde hablan de “golpes al crimen”,
“cárteles reducidos”, “la no existencia de otras organizaciones criminales” y
“aseguramientos de droga”, los bajacalifornianos han de padecer los balazos,
los cuerpos de asesinados, los policías amenazados, la droga que todos los días
entra al Estado hasta colectar 41 toneladas en una sola casa. La ausencia de
retenes militares, la pobreza en las investigaciones ministeriales.
Ese
caos de inseguridad es producto de la falta de real coordinación entre las
corporaciones y autoridades de los tres gobiernos. Mientras unos persiguen y
detienen, otros liberan y protegen.
En
el desayuno mensual celebrado el 24 de junio, el dirigente de la Confederación
Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Gustavo Fernández, refirió la
necesidad de un gobernador presente, que encabece permanentemente y marque el
rumbo del Grupo Coordinación. Situación que desde la conclusión de la anterior
administración, no se ha dado. Amén de que a la llegada de Enrique Peña Nieto a
la Presidencia de la República, el Ejército se replegó.
Las
diferentes corporaciones publicitan las detenciones de los presuntos
responsables de asesinatos, o los decomisos de toneladas de droga, mientras
presumen una presunta coordinación cuya “estrategia conjunta” no ha logrado su
objetivo de reducir el número de homicidios en Tijuana.
Al
24 de junio de 2015, les estadísticas mostraron que 289 personas habían sido
asesinadas en la ciudad fronteriza en el primer semestre, contra los 233
homicidios registrados en el mismo período del año pasado. Y que mientras en
2014, el mes de junio reportó 36 ejecuciones, el presente mes suma ya 63
muertos y todavía no termina.
Peor
aún, continúan los homicidios y capturas, siguen sacando a la luz pública la
corrupción en las corporaciones.
LIBERADOS: TAMBIÉN “EL CHAPITO”
Como
evidencia de la falta de coordinación están los criminales liberados, o los
delincuentes detenidos y presentados como homicidas a quienes no les imputan
homicidios y solo los consignan por posesión de drogas o armas.
“De
nada sirve que los capturemos a los que están cometiendo los asesinatos, si el
Ministerio Público no los consigna por todos los delitos, van a salir libres”,
reclamó un elemento del área operativa.
“Son
mencionados ejecución tras ejecución, la Procuraduría sabe quiénes son, pero no
les integra expediente, ni solicita orden de aprehensión” agregó.
Cuando
empezó la jornada violenta de asesinatos, el pasado abril, los primeros
reportes de las áreas de inteligencia locales indicaron que una de las razones
era que había regresado uno de los cabecillas del Cártel Arellano Félix (CAF).
Se
trataba de Octavio Leal Hernández “El Chapito”, identificado entonces como
lugarteniente de Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”.
Lo
capturaron el 26 de abril de 2012. En vehículos de su propiedad dentro de su
casa, el Ejército encontró 181 kilos de marihuana, 29 mil dólares (que iba
entregar para ser liberado), dos fusiles calibre 7.62 por 39; dos pistolas
Colt, una calibre 10 milímetros y otra 38 súper; 243 cartuchos de diversos
calibres y 12 cargadores para diferentes armas.
En
su entrevista señaló a dos jefes de la Procuraduría General de Justicia del
Estado (PGJE) de proteger a Alfonso Arzate “El Aquiles”, y ofreció múltiples
detalles de la actividad de las células del CAF y del Cártel de Sinaloa.
Señalado
en base a escuchas telefónicas, como responsable de una de las amenazas de
muerte a los editores de ZETA, lo negó y responsabilizó a “El Aquiles”.
Tras
investigar arduamente en el sistema federal, casi dos meses después, las
autoridades del Consejo Estatal de Seguridad finalmente pudieron corroborar lo
que en la calle habían advertido:
El
17 de abril de 2015, por orden judicial, fue liberado el “Chapito Leal”,
declarado inocente de todos los cargos, porque de acuerdo al criterio del
juzgador, no hubo pruebas suficientes. Lo dejaron en libertad sin notificar a
las autoridades en Baja California, por lo que la Procuraduría del Estado no
pudo aprehenderlo bajo la averiguación
previa 560/06/20F/AP, del 24 de agosto de 2006, donde el criminal aparece como
presunto responsable del asesinato de Kevin Alejandro Lara Tamayo.
Adicionalmente,
este mes de junio, de nuevo surgió el nombre de otro liberado. Se trata de Candelario Arceaga Aguirre, capturado en
junio de 2009 y liberado en 2013.
En
sus primeras entrevistas, manifestó que
era cocinero de cristal y usaba su dinero para comprar negocios y taxis en
Rosarito. También informó que dos ex alcaldes panistas le habían pedido apoyo y
lo recibieron.
Libre,
envió a su hijo a ZETA a mostrar su expediente de libertad, dijo ser un
exportador de verduras y denunció al
secretario de Seguridad, Daniel de la Rosa, y al General Alfonso Duarte, por
los señalamientos públicos falsos en su contra. En este expediente, la
autoridad no determinó sanción para los funcionarios.
Su
nombre volvió a mencionarse al interior del Consejo Estatal de Seguridad como presunto responsable intelectual del
homicidio de uno de los principales narcotraficantes identificados en Rosarito,
Eduardo García Pérez “El Veneno”, ocurrido el viernes 5 de junio. Sin embargo,
en la investigación que lleva el Ministerio Público, tal presunción no está
consignada.
“EL VIEJÓN”, CAPTURADO
Otro
con posibilidades de quedar libre porque no le fincaron responsabilidad por
todos los delitos de los que es presuntamente responsable, es Jesús Corrales
Ríos “El Viejo”, recapturado esta semana por la Policía Estatal Preventiva, e
identificado como lugarteniente de Javier Lira Sotelo “El Carnicero”, hermano
de Alfonso Lira Sotelo “El Atlante”, detenido por el Gobierno Federal en
septiembre de 2014.
A
“El Viejón” lo consignaron con un acompañante por la posesión un arma de fuego
calibre .38 especial, un arma larga calibre 7.62 x .39, así como una maleta con
varios paquetes que en suma pesaron 5 kilos 200 gramos de marihuana.
Nuevamente,
los reportes de inteligencia del Consejo Estatal de Seguridad lo tienen
vinculado al atentado en contra de policías ministeriales el 8 de abril de 2015
en Tecate.
También
lo implican en hechos donde agentes de la Policía Municipal de Tecate fueron
desarmados en la colonia Loma Linda, el 16 de junio de 2015. Y con el asesinato
de Jesús Rosario Quintero Gil, registrado el 18 de junio.
Sin
embargo, estos delitos no han sido consignados
en expedientes ministeriales, así que fue remitido a la Procuraduría
General de la República solo por las armas. Lo mismo sucedió en marzo de 2011,
cuando acompañado de cuatro cómplices, fue consignado por posesión de una arma
calibre 9 milímetros, una “Mini 14” calibre 223 y un rifle AK-47 con varios tiros útiles, además de
varias dosis de droga. Fue liberado.
CONSIGNADOS A MEDIAS
En
condiciones similares, están Roberto Carlos y Marcos Rafael Toscano Rodríguez
“Los Monitos”, detenidos en mayo. De acuerdo con las áreas de inteligencia, son
responsables de tráfico de droga en la Zona Norte de Tijuana y de las muertes
ocasionadas tras el asesinato de su hermano Luis Toscano “El Mono”, el 9 de
abril.
Al
final, fueron consignados por posesión de dos armas largas calibre .223, un
arma larga calibre 5.45X39, un arma corta calibre 9 milímetros, cartuchos, dos
chalecos balísticos, 22 cigarros con
marihuana, siete envoltorios con cristal y una bolsa con marihuana.
Pero
desde el principio los hermanos negaron ser dueños de las armas, dijeron que
eran del hombre detenido con ellos, y tienen posibilidades de alcanzar la
libertad.
Caso
similar el de los cuates Lucre Antonio y
Marco Antonio Cerda Pacheco, el primero
ha sido señalado como autor material e intelectual y material de diversos
homicidios en la colonia Obrera y Zona Norte, que incluyen cuerpos decapitados
e incinerados; y aunque la Procuraduría del Estado informó que por lo
menos Lucre sería consignado por
homicidio, han pasado 20 días de su captura y no lo han acusado.
A
la fecha solo están consignados por la posesión de dos rifles AK47 y una
pistola 9 milímetros, que supuestamente cargaban en vía pública en una colonia
de Rosarito, pero con los mismos cargos consignaron a siete personas, y como los siete no pueden ser acusados de
estar cargando solo tres armas, es evidente que algunos de los imputados serán
liberados en el proceso.
Tanto
los hermanos Toscano como los Cerda, son parte del reciclaje criminal porque
habían sido detenidos en ocasiones anteriores con otros cargos y fueron
liberados.
DE POLICÍAS Y CORRUPCIÓN
La
corrupción policiaca está retomando también su protagonismo en esta reciente
ola criminal.
Primero
las declaraciones de familiares del agente Juan Gualberto Jáuregui Ruvalcaba,
asesinado el 20 de mayo, quienes lo delatan como vendedor de droga. Después la
“investigación armada” por otros
policías en la delegación La Presa para intentar ocultar que fue puesto de
rodillas y ejecutado, la intencional manipulación de la escena del crimen y la exposición de un presunto
responsable que ahora los está acusando.
Y
actualmente, después de los señalamientos hechos por los hermanos Toscano, la
investigación interna de por lo menos cuatro elementos del área de inteligencia
de la Policía Municipal que presuntamente secuestraban criminales del CAF para
entregarlos al Cártel de Sinaloa, además de la revisión de otros uniformados
que laboran en la Zona Este, presuntamente ligados a un agente apodado “El
Vampi”.
Pero
todo inmerso en un hermetismo cómplice, basado en la postura pública del
alcalde Jorge Astiazarán y su secretario de Seguridad, Alejandro Lares,
empeñados en defender la honestidad de su corporación.
Precisamente
escudados en ese apoyo ciego, tras los ataques a policías el 20 de mayo y el 3
de junio, los municipales se envalentonaron y dispararon impunemente: en menos
de un mes, cinco presuntos delincuentes
han sido “abatidos”.
De
hecho, otros policías consideran que se debería investigar si hubo uso excesivo
de la fuerza. En el caso de un menor de 16 años con antecedentes por robo,
muerto el 16 de junio, la familia negó
ante la prensa que estuviera armado y amenazara a los oficiales como estos
declararon, aunque al llegar, los peritos ministeriales encontraron el arma en
la mano bajo el cuerpo del muchacho y a la fecha no han reportado que la escena
haya sido manipulada.
En
el segundo caso, donde fue abatido Alfonso Santiago Domínguez el sábado 20 de
junio en la colonia Industrial, después de haber lesionado a un calafiero, de
quien también refieren se bajó apuntándoles,
“los protocolos indican que primero se debe intentar someter, contener
la agresión, y en todo caso, pueden disparar a partes del cuerpo que no pongan
en peligro la vida”, argumentaron los uniformados.
En
la Procuraduría informaron que en las primeras 48 horas han quedado libres por
legítima defensa, pero como las indagatorias continúan, si se encuentran
elementos que acrediten el uso excesivo de la fuerza, los implicados serán
detenidos.
Además, el 23 de junio fue baleado por la espalda, en
el fraccionamiento Los Altos, el ex policía municipal Felipe Arreola,
consignado y liberado por homicidio en 2006. Según versión de la Policía
Municipal, es dueño del gimnasio donde el 15 de abril de 2015, fue asesinado
Javier García Bojórquez.
SECUESTRO Y HOMICIDIO POR DROGAS
En
la semana que concluye, entre el 18 y 25 de junio, en Tijuana se registraron 14
asesinatos, la mayoría en la Zona Este de la ciudad, con antecedentes por
narcomenudeo. Todos fueron perpetrados en las viviendas de los occisos.
Destacaron
las muertes del sonorense Ernesto Salazar López, identificado como líder de una
célula delictiva en aquel Estado, y acribillado en Rosarito. Y la ubicación del
cadáver de “El Flaco”, cuyo cuerpo fue desenterrado de una fosa clandestina en
la delegación Sánchez Taboada, tras la captura de sus cuatro homicidas, Israel
Rodríguez, David López Valentín Muñoz y Juan Pérez, quienes intentaron evadir
la captura confesando el asesinato. Ambos crímenes ocurrieron el día 18.
El
tercer suceso que destacó por su violencia y la existencia de un sobreviviente
ocurrió el 23 de junio, cuando los cuerpos de un hombre y una mujer fueron
encontrados en el interior.
De
Calle Campanario número H-30, Fraccionamiento Residencial Agua Caliente.
El
hallazgo fue reportado por un taxista, a quien intentaron degollar sin éxito y
fue dejado por muerto en la escena.
El
sujeto, que aseguró desconocer la identidad de la pareja asesinada -versión que
las autoridades ponen en duda-, informó que horas antes, ambos le habían hecho
la parada en el restaurante El Sombrero sobre el Bulevar Agua Caliente y
pidieron que los llevara a Calimax Hipódromo, donde el hombre se quedó mientras
la mujer fue a dar vueltas a la Zona Centro. Después regresaron por el sujeto y
de ahí le ordenaron: “Sigue a ese Toyota Corolla”, y lo hizo hasta la dirección
mencionada.
Frente
a la casa bajó el hombre y, como la mujer estaba renuente, alguien de afuera le
dijo: “Hey, bájate. No lo hagas más difícil”. Como solo le dieron 100 pesos, el
taxista reclamó y, asegura, lo invitaron a pasar por más dinero, lo que extrañamente hace, y en cuanto
ingresó le cortaron el cuello En ese momento pudo ver que dentro había varios
hombres armados que golpeaban a la mujer, a quien le reclamaban droga y dinero.
En
la escena del crimen, los peritos localizaron los cuerpos de un hombre y una
mujer aún no identificados, ambos asfixiados con cintos que tenían aún en sus
cuellos, el hombre con una bolsa de plástico en la cabeza y la mujer
semidesnuda de la parte superior con las manos atadas al frente. Los homicidas
además dejaron un arma de fuego en una de las habitaciones de la casa, y los
vecinos reportaron que la casa pertenecía a un ex policía, a quien no
identificaron.
BUSCAN A HIJO DE “DINAMITA” POR
ASESINATO DE SU PADRE
De
acuerdo con declaraciones que obran en indagatoria ministerial, Juan José
Estrada Ríos “El Gordo” confesó a su hermana que asesinó a su padre, el ex
boxeador Juan José “Dinamita” Estrada.
Tras
cometer el homicidio, el joven se dirigió a la casa familiar, donde habló con
su fraterna: “Hice una pendejada, pero lo tenía que hacer, me tenía hasta la
madre”, le dijo a la de nombre Melissa, para después informarle que se tenía
que ir.
El
reporte de emergencia se recibió alrededor de las dos de la mañana del domingo
21 de junio. El cadáver del ex pugilista había sido abandonado. Dejaron su
cuerpo recargado, semi-parado en la puerta del copiloto, afuera de una farmacia
localizada en la esquina que forman la calle López Portillo y el Bulevar Bellas
Artes en la zona de Otay.
Quienes
lo llevaron, entraron a la farmacia y pidieron ayuda; cuando los socorristas
llegaron, “Dinamita” ya estaba muerto.
El
homicidio se había dado unos minutos antes, a unos metros de la casa del
occiso, ubicada en el Módulo 1 de Otay,
en la madrugada del domingo.
El
ex deportista departía y tomaba bebidas embriagantes con unos vecinos, cuando
llegó su hijo que había salido de la cárcel apenas en noviembre de 2014.
Cerca
del lugar estaba la camioneta Cherokee propiedad de Estrada padre, en la que lo
llevaron a la farmacia.
Según
la versión de Melissa, padre e hijo empezaron a discutir, entonces su hermano
le dijo que “Dinamita” lo empezó a agredir.
La
mujer explicó que las peleas entre los dos hombres eran muy frecuentes porque
ambos “tomaban mucho”, y en muchas
ocasiones se habían liado a golpes.
Las
primeras versiones indican que tras varios golpes mutuos, el joven se dirigió
al auto de su papá, tomó un destornillador y lo apuñaló en varias ocasiones.
Según
el reporte pericial, el cadáver presentó las siguientes huellas de violencia:
golpes, heridas, raspaduras e hinchazón en el párpado superior e inferior
izquierdo; heridas en la parte trasera y frontal de la cabeza, en el lado
izquierdo y el cuello; así como una mordida en el hombro izquierdo y varias
abrasiones. Dos heridas punzocortantes en el brazo derecho, otro piquete en el
abdomen y uno más en el muslo izquierdo.
Tras
las declaraciones de la hija de Estrada, la Procuraduría inició el trámite de
las privas periciales. En la escena del crimen localizaron el desarmador usado
para quitarle la vida a “Dinamita” Estrada. Asimismo, iniciaron las pesquisas
para localizar a su hijo como presunto responsable.
Al
cierre de esta edición, estaba pendiente la declaración de los vecinos que
atestiguaron la presunta pelea.
El nombre del presunto responsable, Juan José
Estrada Ríos, no es nuevo para las autoridades judiciales, lo identifican
también con los alias Juan José Ríos Estrada y José Alberto Ríos Martínez.
Conforme
a los archivos oficiales, sus antecedentes delictivos datan del 3 de junio de
2006, cuando ingresó por primera vez al sistema penitenciario por el delito de
portación de arma de fuego sin licencia; salió libre en mayo de 2007 porque
obtuvo el beneficio de sustitución de la pena.
De
nuevo entró a la cárcel en octubre de 2008,
por robo con violencia y posesión o uso de vehículo de motor robado.
Alcanzó la libertad en julio de 2010, de nuevo por sustitución de pena.
Mientras que en noviembre de 2011 volvió a ser liberado por otro robo con
violencia.
En
mayo de 2005, en su boletín DPE/2613/04, la Procuraduría General de la
República anunció la consignación el ejercicio de la “acción penal contra el ex
campeón mundial de boxeo, Juan José Estrada Maldonado “Dinamita”, Carolina
Moreno Rodríguez y Miguel Hernández Chávez, por su probable responsabilidad en
la comisión del delito de contra la salud”, con la averiguación previa
AP/PGR(BC/TIJ/874/05-MIV.
Junto
con Moreno Rodríguez y Hernández Chávez, “Dinamita” fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Tijuana
en la colonia Nueva Tijuana, en poder de un kilo 750 gramos peso neto de
marihuana.
Al
final del comunicado, la PGR informó que
el ex boxeador ya tenía “… antecedentes penales por delitos contra la
salud en por lo menos dos casos registrados en el sistema de identificación
dactilar (AFIS), otros dos en la Procuraduría General de Justicia del Estado y
en el Juzgado Cuarto de Distrito, estando internado en la penitenciaría de La
Mesa por un tiempo de 10 meses, aproximadamente”.
ENCUENTRAN ASESINADO A DENUNCIANTE
Mario
Alberto Íñiguez Espinoza había denunciado ante ZETA su ilegal despido laboral
tras negarse a firmar nuevo contrato con una intermediaria -outsourcing- por ello
interpuso una demanda ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Acusó la
evasión fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el
sub-pago de cuotas en el IMSS; en respuesta, lo demandaron civilmente por la
firma de un pagaré que dijo nunca haber firmado, además, fue demandado ante la
Procuraduría General de Justicia del Estado por difamación, en función de lo
que había declarado a este Semanario, porque refirió que la empresa llevaba
doble contabilidad.
La
mañana del 22 de junio, el hombre fue encontrado brutalmente asesinado en su
domicilio en Mexicali
“Temo
por mi vida”, expuso Mario Alberto al reportero de ZETA en abril de 2014,
cuando detalló la historia del problema laboral que enfrentaba con sus ex jefes
de la empresa Estructuras y Perfiles. Cargaba un archivero de plástico repleto
de documentos.
En
la última semana de diciembre del año pasado, Íñiguez compareció ante el Nuevo
Sistema de Justicia Penal, en una audiencia como quejoso por un recurso de
impugnación que presentó contra el
Ministerio Público, debido a que su demanda se había archivado sin tomar en
cuenta una serie de elementos de prueba. Aunque le acompañó la defensora de
oficio -del otro lado estaba el MP y tres abogados de la empresa-, Íñiguez se
defendió por sí mismo y el juez obligó al Ministerio Público a retomar la serie
de pruebas aportadas por el denunciante.
“El
MP miente”, le dijo de frente al fiscal estatal.
La
madrugada del lunes 22 de junio,
familiares de Mario Alberto -de 44 años de edad- acudieron a buscarlo a
su domicilio, ubicado en el número 3808 de la calle Acuba, en el
fraccionamiento Villa Florida en Mexicali. No lo habían visto desde el viernes
anterior. Al subir al segundo piso de la casa de interés social, el cuadro fue
de impacto: el cuerpo de Mario Alberto estaba tirado, con el rostro desfigurado
por los golpes y con innumerables huellas de heridas punzocortantes en la
espalda y tórax.
De
acuerdo a un investigador de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la
hinchazón y hematomas en la cara se debe a los golpes que le propinaron aun con
vida. “Estamos hablando de horas”, explica el especialista en alusión al tiempo
del deceso. El caso se asentó con el NUC 0201-2015-26732.
“El
cuarto tenía huellas de que había habido violencia en esa casa habitación, como
que estaba volteado todo, como que hubo pleito, hubo forcejeo, con huellas de
arrastre, lo que generó una mancha hemática”, explica el investigador, en
referencia a que el cuerpo de Mario Alberto presentaba más de 30 puñaladas en
rostro, espalda, piernas y sobre todo en la región toráxica, en el pecho.
En
la escena no se localizaron cartuchos percutidos ni el arma homicida. De
acuerdo a los especialistas, no presumen que el robo haya sido el motivo de la
agresión. “Se está investigando”, afirmó uno de los agentes ministeriales que
siguen el caso.
(SEMANARIO
ZETA/ REPORTAJEZ/ Investigaciones ZETA / 29 de Junio del 2015 a las 12:00:58)
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