La
iniciativa presidencial para modificar la Ley Federal de Armas de Fuego a fin
de permitirles a los agentes estadunidenses operar armados en territorio
nacional no haría sino legitimar una situación que ya existe de hecho.
Empleados de la DEA y del FBI confirman que esta práctica se observa desde hace
décadas –todo mundo lo sabe pero nadie lo menciona–. Esos funcionarios aseguran
que no verían “ningún cambio” si la propuesta de Peña Nieto se aprueba.
WASHINGTON
(Proceso).- Enfáticos y casi descaradamente, funcionarios de la DEA y del FBI
sostienen que no verían “ningún cambio” en su manera de operar en México con la
iniciativa de ley del presidente Enrique Peña Nieto, que permitiría la
portación de armas de fuego a agentes extranjeros dentro del territorio
mexicano.
“No
cambiaría en nada nuestras operaciones en México”, dice un funcionario de la
administración antidrogas estadunidense (DEA). “¿Cuál es la modificación? Es un
tema que se agradece, pero no cambia nada”, refiere por su parte un empleado de
la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).
Ambos
fueron consultados telefónicamente por Proceso y pidieron no ser identificados,
toda vez que el tema gira en torno de un proyecto de ley que no ha sido
refrendado por el Congreso mexicano.
La
semana pasada Peña Nieto envió al Senado un proyecto de modificación a la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en cuyo marco se permitiría a los
agentes extranjeros, aduanales y de migración portar armas en territorio
mexicano.
La
decisión de Peña Nieto tomó por sorpresa a la DEA y al FBI pues, admiten,
durante años y por medio de los oficios diplomáticos del Departamento de Estado
se abogó por que a sus agentes en México se les permitiera portar armas de
fuego para su defensa; con más urgencia a raíz de la guerra contra el
narcotráfico que lanzó el expresidente Felipe Calderón y mantiene Peña Nieto.
“Es
una grata sorpresa, sobre todo viniendo del presidente de México”, comenta con
tono risueño el funcionario de la DEA.
Desde
1973 –cuando esta agencia comenzó a operar en Sinaloa, Guerrero, Sonora y
Jalisco– el Departamento de Estado pidió al gobierno mexicano que a sus agentes
se les permitiera portar armas de fuego para su defensa. Sin embargo la
respuesta de Los Pinos siempre fue una negativa.
(Fragmento
del reportaje que se publica en la revista Proceso número 2000, ya en
circulación)
(PROCESO/ J. JESÚS ESQUIVEL/ 28 DE
FEBRERO DE 2015)
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