En febrero pasado el municipio de
Monterrey lanzó una cruzada contra los centros de apuestas que operan
irregularmente en esa ciudad; esto ocurrió luego de que la alcaldesa panista
Margarita Arellanes, en una reunión con familiares de las víctimas de la
matanza del Royale, se comprometiera a hacer justicia. Pero de inmediato
surgieron voces que se quejaron, entre otras cosas, de que los establecimientos
clausurados fueron los que no pertenecen al Zar de los Casinos, quien es
señalado por su presunto financiamiento a las campañas de políticos del PAN.
Luciano Campos Garza
MONTERREY,
N.L. (Proceso).- La alcaldesa panista Margarita Arellanes Cervantes se paró
frente a los familiares de las víctimas de la matanza del casino Royale y
ofreció una disculpa en nombre del ayuntamiento. La tarde del pasado 26 de
febrero, en un acto en el Museo Metropolitano, reconoció que hubo negligencia
de la autoridad municipal y afirmó que la mejor manera de honrar la memoria de
los 52 fallecidos es hacer que la ley se cumpla.
Un día
después emprendió la mayor campaña contra casinos que ha habido en la ciudad.
En la misma jornada actuó contra 10 de ellos y exhibió la ilegalidad en la que
han operado, pues carecían hasta del permiso de uso de suelo de la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) municipal.
Pero ya hay
voces que acusaron a la alcaldesa de favorecer a Juan José Rojas Cardona, El
Zar de los Casinos, cuyos establecimientos no fueron tocados por la medida
municipal.
Rojas
Cardona, según fuentes consultadas por este semanario, aún está cerca del grupo
encabezado por el exalcalde regiomontano y diputado federal Fernando
Larrazábal; este grupo pretende, con ayuda del Zar de los Casinos, financiar a
Arellanes –como ya lo han hecho con otros panistas– en su campaña rumbo al
gobierno de Nuevo León en 2015.
La versión
de que los casinos de Rojas Cardona no fueron tocados fue desmentida en
entrevista por la secretaria del ayuntamiento, Sandra Pámanes Ortiz, quien dijo
que en esta lucha no hay distinciones; para probarlo señaló que el Crystal
Palace, uno de los centros de apuestas clausurados, es propiedad del Zar.
Pero el 26
de febrero, un día antes del operativo contra los casinos de Monterrey, Arturo
Rojas Cardona –apoderado de la empresa Entretenimiento de México (Emex) y
hermano del Zar– tramitó ante el juez segundo de Distrito en Materia
Administrativa de Nuevo León, Javier Rubén Lozano, el amparo 390/2013, cuya
copia tiene Proceso, para proteger los nueve establecimientos que tiene el
grupo en Nuevo León.
Lozano le
concedió protección federal a todos excepto el Crystal Palace, que falló en
presentar su licencia de alcoholes.
Desde la
Ciudad de México, subalternos del secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, han solicitado a los municipios nuevoleoneses un padrón de
casinos, lo que ha provocado irritación en las alcaldías pues les demuestra que
el gobierno federal no tiene idea de lo que ocurre con las casas de apuestas en
el estado.
En Monterrey
hay 37 establecimientos. Sólo 12 tienen permisos en regla. Seis están abiertos
por orden de un juez, 10 fueron recientemente suspendidos por el municipio y
nueve están cerrados por diversos motivos.
Cruzada femenina
La actual
lucha del municipio contra los casinos está encabezada por cuatro mujeres:
Además de Arellanes y Pámanes están la titular de la Sedue, Brenda Sánchez
Castro, y la síndico segunda Irasema Arriaga.
En medio de
la controversia por la proliferación de casas de apuestas en la capital de
Nuevo León, Margarita Arellanes tuvo que responder personalmente a la
recomendación 103/12 que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos tras
una investigación sobre las fallas administrativas que hubo antes, durante y
después del incendio provocado en el casino Royale el 25 de agosto de 2011.
El crimen
ocurrió en la administración anterior, pero la orden de la dependencia estatal
fue que la disculpa la ofreciera quien está a cargo ahora, lo que le
correspondió a Arellanes, quien forma parte del llamado Grupo San Nicolás
dentro del PAN nuevoleonés, integrado por el exalcalde Larrazábal, el senador
Raúl Gracia Guzmán y el exalcalde nicolaíta Zeferino Salgado, actual secretario
de Organización adjunto del partido.
Al día
siguiente de la disculpa, Pámanes, por un lado, y Sánchez Castro, por otro,
emprendieron los cierres de los casinos.
Impusieron
sellos en Caliente Gonzalitos, Caliente Valle Oriente, Caliente Garza Sada, Yak
Plaza Cumbres, Royal Yak, Foliatti Mitras, Casino 909, Crystal Palace,
California Palace y Miravalle Palace. Casino Golden e Isla del Tesoro fueron
visitados por la autoridad, pero encontraron que ya estaban en desuso.
Ese mismo
día, en un intento de transparentar el funcionamiento de las casas de apuestas,
el municipio publicó en su página de internet la información de cada uno de los
establecimientos que operan en Monterrey. Pero lo que se evidenció es que hay
descontrol en la operación de estos lugares, que tienen amparos para seguir
funcionando aunque algunos carezcan del permiso federal.
En la redada
contra los 10 casinos, el Foliatti Mitras, propiedad de Comercializadora de
Entretenimiento de Chihuahua, S.A. de C.V., presentó un amparo promovido por el
juez Javier Rubén Lozano, pero no pudo reabrir porque Protección Civil de Nuevo
León ordenó otra clausura, ahora por considerarlo inseguro.
El
municipio, extrañado, hurgó en sus archivos y encontró que el Foliatti Mitras
no tenía expediente. Cuando el juzgado le mostró el permiso municipal exhibido
para tramitar el amparo, encontró que era una falsificación con fecha del 3 de
abril de 2009, firmada por Jesús Garza Gallardo, quien fue titular de la Sedue
en la administración de Adalberto Madero.
Arellanes
demandó al juez por amparar a un establecimiento que exhibió documentación
apócrifa y presionó al Consejo de la Judicatura Federal para que investigara a
Lozano. Irasema Arriaga, síndico segunda, presentó el lunes 11 la respectiva
denuncia ante el Ministerio Público por la falsificación del permiso de uso de
suelo.
El viernes
anterior el cabildo regiomontano aprobó someter a consulta pública una
modificación al Reglamento de Desarrollo Urbano, para incluir en su
normatividad la prohibición a que se instalen casas de apuestas en el
municipio.
Una fuente
municipal dijo que cuando acabe la disputa por los casinos que carecen de
permiso local, el ayuntamiento abrirá otro frente legal para investigar y
sancionar a los establecimientos que tramitaron licencias apócrifas en el
municipio y a los funcionarios que las expidieron.
En tanto,
cuestiona al gobierno federal por no saber cómo es que operan tantos
establecimientos en territorio regiomontano sin acreditar su respectivo
registro ante la Dirección de Juegos y Sorteos de la Segob.
Un censo
levantado a finales del año pasado por Gobernación indica que en Monterrey
trabajan sin permiso federal y se desconoce a quién pertenecen los
establecimientos Fortuna, Hollywood Entertainment, Hollywood Entertainment
(Estanzuela), Poker City, California Palace, Club 909, Foliatti Mitras y
Crystal Palace.
Según este
censo, del Zar de los Casinos actualmente operan en Monterrey, con Emex, las
casas de apuestas Palmas VW, Palmas Miravalle y Sports Zone Garza Sada. En todo
el estado tiene 10 negocios del mismo giro.
Una fuente
cercana a los casineros señala que tras la tragedia del Royale, Larrazábal
intentó poner orden en los centros de apuestas. Pero tuvo que dar marcha atrás
cuando el 31 de agosto de 2011 su hermano Jonás fue captado en video en el
casino Red, recibiendo dinero en lo que parecía una extorsión.
El 4 de
septiembre de ese año Miguel Ángel García, secretario de Desarrollo Humano,
amigo de Larrazábal y su operador político más cercano, fue captado en
fotografías discutiendo con el apoderado del casino Red, Sergio Gil.
Con la
reputación deshecha, Larrazábal vio sepultada su intención de actuar contra los
casinos, y García sus aspiraciones municipales, que tuvo que declinar en favor
de Margarita Arellanes.
Fragmento del reportaje que se
publica en la edición 1899 de la revista Proceso, ya en circulación.
(PROCESO/ Luciano Campos Garza/ 27
de marzo de 2013)
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