52 personas fueron masacradas en poco más de 24 horas en los Estados de Sinaloa y Jalisco entre la mañana del miércoles 23 y jueves 24 de noviembre.
El nivel de violencia con el que fueron asesinados señala que la agresión ocurrió como resultado de disputas entre grupos antagónicos del crimen organizado por el control del territorio.
La violencia extrema inició el miércoles 23 de noviembre en Sinaloa, registrando 26 asesinatos en tres municipios, incluyendo la capital Culiacán, donde a las primeras horas del día se encontró una camioneta incendiada y en su interior una docena de cuerpos calcinados y atados de manos.
A las 7 horas se reportó otra camioneta incendiada al norte de Culiacán.
Adentro estaban los restos de cuatro individuos esposados que vestían chalecos tácticos. La cabeza cercenada de uno de ellos se encontró afuera del vehículo. Se sospecha que se trata de cuatro policías de Angostura, Sinaloa que habían sido reportados como desaparecidos.
Esa noche tres cadáveres más aparecieron en distintos puntos de la capital. Otras cuatro personas fueron baleadas con fusiles de alto calibre mientras viajaban en un auto compacto en el poblado de Colomato.
La mañana del jueves 24 de noviembre, aproximadamente a las 7 horas, 26 cuerpos humanos fueron encontrados en tres camionetas abandonadas cerca de la glorieta de los Arcos del Milenio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco a escasos metros de la Expo Guadalajara, donde este fin de semana iniciará la Feria Internacional del Libro.
Los cuerpos se encontraban semidesnudos y algunos presentaban mensajes escritos o firmas de la organización criminal responsable del hecho, la cual hasta el momento no ha sido revelada oficialmente.
Esta semana también trascendió la noticia de la captura del jefe de la Policía Municipal de Tlapa de Comonfort, Guerrero, Francisco Flores Lorenzo, por su presunta participación en el asesinato del diputado guerrerense Moisés Villanueva de la Luz, mejor conocido como el diputado 500, así como de su chofer, Érick Estrada Vázquez.
El inculpado declaró haber recibido un pago de 300 mil pesos por perpetrar el asesinato por parte del alcalde de Tlapa, Willy Reyes Ramos.
La escalada de violencia generó reacciones del nuevo titular de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Poiré, quien condenó los hechos durante la inauguración de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, y aseguró que el Gobierno Federal brindará todo su apoyo para la búsqueda de los responsables de los crímenes para que tales hechos no queden impunes.
Sin embargo, la capacidad del gobierno, al menos en el Estado de Sinaloa, se ve reflejada en la escasa capacidad de sus autoridades locales para brindar seguridad a la población, al punto en que el gobernador Mario López Valdez admitió que sus hijos viven y estudian en el extranjero, así como los de otros dos funcionarios de su gabinete de seguridad, por temor a agresiones en su contra.
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