Legisladores paralizan el Congreso a su conveniencia
Con tasas de interés bancario sumamente elevadas, que incluso pondrían en riesgo las participaciones federales hasta 2031, los diputados y grupos de poder del PRI, PAN, PRD, MRPS, PANAL y Convergencia luchan por la aprobación de préstamos que elevarán la deuda pública de La Paz en más del 400 por ciento, en comparación con las anteriores 13 administraciones municipales; y de Los Cabos en más del 300 por ciento de lo que quedaron debiendo las 10 administraciones anteriores.
Gerardo Zúñiga Pacheco
La Paz, Baja California Sur. La posible autorización de la contratación de créditos millonarios, a favor de los alcaldes Esthela de Jesús Ponce Beltrán y José Antonio Agúndez Montaño, anticipa un jugoso negocio en el que los presuntos involucrados ganan y los ciudadanos pierden.
En la disputa entre legisladores y grupos de poder del PRI, PRD, PAN, MRPS, PANAL y Convergencia por la aprobación de lo que pareciera ser un botín de casi mil millones de pesos, todos se llevarán una rebanada del pastel: consultores, aseguradoras, bancos, alcaldes, futuros candidatos a diputados, senadores y hasta el Presidente de la República.
De entrada la compañía Optiva Consultores, responsable de la elaboración del proyecto de refinanciamiento de la deuda pública municipal de los ayuntamientos de La Paz y Los Cabos y del diseño de Proyectos de Inversión Pública, tiene entre sus cálculos obtener de 13 a 17 millones de pesos por cada gobierno en esta operación, únicamente por concepto de asesoría legal, estructuración financiera, calificaciones quirografarias, calificaciones del financiamiento, garantía, gastos fiduciarios, publicaciones y comisión por apertura.
La empresa originaria de Hermosillo, Sonora, donde Ricardo Robinson Bourns Castelo, el hermano incómodo del ex gobernador de ese estado figura como uno de los socios, presume de su gran experiencia y de su influencia en altas esferas del poder económico y político para aterrizar el dinero sin ningún problema.
Éstos son algunos de los proyectos que manejó cuando su hermano, Eduardo Bourns Castelo, era el gobernante del estado de Sonora:
1. Refinanciamiento de la deuda pública del estado de Sonora en 2004.
2. Refinanciamiento de la deuda pública del municipio de Navojoa en 2005.
3. Financiamiento para el gobierno del estado de Sonora de mil 300 millones de pesos en 2006.
4. Fideicomiso del fondo revolvente para el gobierno del estado de Sonora de 100 mil millones de pesos en 2006.
5. Refinanciamiento municipal en “bloque” en 2007.
6. Elaboración del proyecto Plan Sonora Proyecta en 2008.
7. Refinanciamiento de la deuda pública del estado de Sonora en 2008 (otra vez).
8. Elaboración del proyecto Vado del Río de 2005 a 2008.
9. Elaboración del proyecto Pasajes de 2005 a 2008.
10. Elaboración del proyecto Carretera Costera de 2005 a 2008.
Datos entregados a ZETA exponen que la compañía del hermano del ex gobernador sonorense, y quien también tiene a una de sus hijas, de nombre Ana Lourdes Castelo López Arias en la lista de socios, comúnmente cobra entre 2.5 y 3.5 por ciento del monto total. Es decir, dos, tres o hasta cuatro veces más del costo normal, que según expertos en asesoría financiera, oscila entre el 1 y 1.2 por ciento en cualquier compañía de México.
No sólo eso. Los ayuntamientos de La Paz y Los Cabos también tendrán que contratar otros servicios, en caso de lograr -y una vez aprobado por los diputados- acceder a los créditos de 462 millones 600 mil pesos y 498 millones 600 mil pesos, respectivamente.
Éstas son algunas de las medidas que tendrán que tomar en el caso del refinanciamiento de la deuda pública municipal de los ayuntamientos:
1. Diseñar y crear un fondo de reserva para establecer entre el 2 y 4 por ciento del monto a refinanciar y tener una garantía líquida dentro del fideicomiso para cubrir cualquier imprevisto, sobre todo en el retraso de participaciones federales. En el caso de La Paz, la cantidad andaría entre los 3 y 5 millones de pesos, y en el de Los Cabos, entre 5 y 7 millones de pesos.
2. Contratar una cobertura de tasas de interés conocida bajo las siglas de CAP que mitigue el riesgo, debido a eventos macroeconómicos adversos; una especie de seguro que pagará una prima inicial única que cubrirá los intereses bancarios que se necesitarán pagar, en caso de que la tasa de interés se ubique por encima de la tasa fijada en el crédito. En este renglón se tendría que destinar el 10 por ciento del total como soporte crediticio que, en el caso de La Paz, quedaría en 46 millones 260 mil pesos, y en el de Los Cabos, en 49 millones 860 mil pesos.
No obstante, los ayuntamientos tendrían que sujetarse a una tasa de interés muy alta por concepto del préstamo bancario, lo que a largo plazo afectaría gravemente las participaciones federales hasta las administraciones de 2031.
En el caso de La Paz, el monto del financiamiento a pagar a 30 años sería de 650 millones 791 mil 727 pesos con 39 centavos, es decir, 188 millones 191 mil 727 pesos con 39 centavos más, que representa el 40 por ciento de lo contratado.
Respecto a Los Cabos, el financiamiento a pagar a 30 años sería de 916 millones 073 mil 664 pesos con 38 centavos; 417 millones 473 mil 664 pesos con 38 centavos más, lo cual equivale al 90 por ciento de lo contratado.
Lo anterior en base a las corridas financieras entregadas de última hora por los propios ayuntamientos de La Paz y Los Cabos.
Una danza de millones que se repartiría entre todos, y donde el menos beneficiado sería el pueblo porque, en un solo acto y de arranque, La Paz incrementaría su deuda en más del 400 por ciento en comparación con las anteriores 13 administraciones municipales; mientras que Los Cabos se entracalaría más del 300 por ciento de lo que quedaron debiendo las 10 administraciones anteriores durante los últimos 39 años.
Los antecedentes
El 17 de noviembre inició una sesión pública ordinaria, y contabilizando la asistencia de 20 diputados, se declaró quórum legal, por lo que se sometió a consideración de la asamblea el orden del día que en esa ocasión constaba de 19 puntos o temas a tocar. Sin embargo, el legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alberto Treviño Angulo y ya iniciada la sesión, solicitó se incluyeran dos puntos más:
1. Someter a discusión, análisis y dictamen la solicitud de la autorización para que el Ayuntamiento de La Paz pudiera reestructurar su deuda pública y contratar un financiamiento adicional destinado a inversiones públicas productivas por el orden de 462 millones, a pagar en un plazo de 30 años. De esa cantidad, 115 millones 125 mil 148 pesos se destinarían al refinanciamiento de la deuda; 347 millones 474 mil 852 pesos se utilizarían para inversiones públicas productivas.
2. Someter a discusión, análisis y dictamen la solicitud de la autorización para que el Ayuntamiento de Los Cabos pudiera reestructurar la deuda pública y contratar un financiamiento adicional destinado a inversiones productivas por el orden de 498 millones 600 mil pesos a pagar en un plazo de 30 años. De esa cifra, 179 millones 824 mil 561 pesos se utilizarían en el refinanciamiento de la deuda y 318 millones 775 mil 439 pesos serían destinados a inversiones públicas productivas.
Sin embargo, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Jisela Páez Martínez, solicitó el uso de la voz y rechazó el intento de someter a votación este tema, en virtud de que estaba en análisis en la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos y, según el tiempo estipulado de 30 días concedido por la Ley Reglamentaria del Congreso, el término para dictaminar el caso vencería el 1 de diciembre, al haber requerimientos de información en trámite por parte de los integrantes de esa comisión a los ayuntamientos de La Paz y Los Cabos, como es la documentación de listado, proyectos de ejecución, costo total de obras y corridas financieras, entre otros aspectos.
Tal intervención generó posiciones encontradas que derivaron en un desorden legislativo protagonizado por diputados del PRI, PAN, PRD, MRPS, PANAL y Convergencia, provocando que un bloque de legisladores abandonara la sesión ordinaria.
En el recinto únicamente quedaron seis diputados del PAN y 2 del MRPS, dejando sin quórum la asamblea. Ante esa situación, Juan Domingo Carballo Ruiz, diputado presidente de la Mesa Directiva, declaró suspendida la sesión.
En relación a este hechos, los artículos 32 y 99 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo establecen claramente:
“Queda estrictamente prohibido a los diputados abandonar el recinto, sin el permiso previo de la Presidencia, durante el desarrollo de las sesiones”, además, que los diputados “tienen obligación de asistir a todas las sesiones, y de permanecer en ellas, durante todo el tiempo de su duración”.
Así es que sólo el presidente de la Mesa Directiva pudo suspender y abrir nuevamente la sesión, por lo que la apertura que posteriormente hizo el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ramón Alvarado Higuera, es ilegal. Lo mismo aplica para la sesión posterior que sostuvieron 12 diputados del Bloque Opositor, y donde, en un acto de desesperación y presionados por los alcaldes de La Paz y Los Cabos, aprobaron la contratación de los empréstitos.
El Artículo 109 de la Ley Reglamentaria establece lo siguiente: “Ninguna proposición o proyecto podrá discutirse sin que primero pase a la Comisión o Comisiones correspondientes y éstas hayan dictaminado. Sólo podrá dispensarse este requisito en los asuntos que por acuerdo expreso del Congreso, se calificaren de urgente o de obvia resolución”. Es decir, en el caso de los ayuntamientos, el tema no podría haberse discutido sin antes dictaminarse tras haber pasado por comisiones.
Todo lo anterior ha generado un ríspida disputa, que es considerada por la mayoría de analistas políticos, como el primer encontronazo entre el PAN y un Bloque Opositor integrado por el PRI, PRD, PANAL y Convergencia, en vísperas de las elecciones federales, y cuyo encono está llegando a tal grado que al cierre de esta edición, tenía paralizado el trabajo legislativo gracias al tema de los créditos.
De hecho, el 21, 22, 23 y 24 de noviembre inéditamente se convocaron sesiones extraordinarias fuera de horarios normales para discutir el caso de la autorización de los créditos, dejando fuera toda la agenda legislativa por tratar de desahogar este tema.
La sala de sesiones ya no es la misma, pues del debate y quehacer legislativo, se pasó a los gritos y descalificaciones verbales entre los legisladores de ambos bandos, exhibiendo toda una desmedida soberbia, porque ninguna de las partes cedía.
Hoy se sabe que los legisladores del PRI, PAN, PRD, MSPS, PANAL y Convergencia, tuvieron que negociar en una sesión secreta una junta de carácter urgente con el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor para tomar acuerdos, y aunque en lo particular, el gobernante panista dijo “no estar de acuerdo en el endeudamiento”, dejando en manos de los legisladores la decisión de autorizar o no el recurso a los ayuntamiento de La Paz y Los Cabos.
En la sesión pública ordinaria del 23 de noviembre, los diputados sometieron a discusión inéditamente la validación de dos actas: la de la sesión legal que fue suspendida, y la de la sesión ilegal, donde al ser sometida a votación, se entrampó de nuevo, ya que a favor votaron diez diputados del Bloque Opositor, nueve en contra del PAN y una abstención, en tanto otro legislador se reportó “enfermo”.
El resultado de la votación no alcanzó la mayoría requerida, que es de la mitad más uno, es decir, 11 votos para que pudieran haber validado las dos sesiones, y por ende, la autorización de los créditos.
Toda esa parálisis legislativa ya generó molestia en algunos sectores de la sociedad, sobre todo porque se están dejando de lado temas importantes como el Informe del Órgano de Fiscalización Superior de los Municipios, las Leyes de Ingresos, las propuestas de Tablas de Valores Catastrales, el presupuesto de egresos, iniciativas de leyes y reformas prioritarias.
La desesperación ha llegado a tal grado que ciudadanos como la señora María Monserrath Trasviña Meza, tuvieron que levantarse de su silla de la sala de sesiones e ir a increpar en su cara a todos los diputados, quienes salieron del recinto legislativo dejando sentada a toda la concurrencia, donde había decenas de estudiantes. Partieron a un edificio alterno y se metieron a sesionar secretamente a una sala conocida como “Armando Aguilar Paniagua”, donde sorpresivamente, la enfurecida dama ingresó y les dijo a rajatabla:
“Qué creen, ¿que somos sus pendejos?, ¿que vamos estar esperándolos a la hora que ustedes quieran y nos falten al respeto de esa manera, dejarnos sentados allá en la sala de sesiones para que ustedes se vengan acá a lo oscurito? No señores, ahorita mismo se regresan y hablan allá, lo que están hablando aquí, porque yo, como ciudadana, tengo derecho a saber lo que está pasando en mi estado, y no voy a permitir que una bola de zánganos, holgazanes y sinvergüenzas como ustedes, nos dejan allá sentados y se venga para acá, a ver qué arreglan”.
Las dudas
Lo que preocupa a los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos, es el tema del endeudamiento, que a decir de algunos legisladores, como la panista Jisela Páez Martínez, la experiencia del crédito anterior otorgado al Ayuntamiento de Los Cabos y contratado en septiembre de 2009, expone claramente que a la larga, los préstamos afectan la economía de los municipios.
Basta saber que de los 100 millones que recibió por el empréstito, actualmente y a la vuelta de 2 años, pagará 179 millones 824 mil 561 pesos; 80 por ciento más de lo que contrato, y cuya deuda pública pretende ser refinanciada por la administración del perredista José Antonio Agúndez Montaño.
Por eso y por algunas dudas, los legisladores tienen frenadas las intenciones del Bloque Opositor de autorizar los créditos a favor de los ayuntamientos, y que en el caso específico de La Paz, después de un estira y afloja, la administración de Esthela de Jesús Ponce Beltrán terminó por reducir de última hora la petición de crédito de 462 millones 600 mil pesos, a 376 millones 101 mil 123 pesos. Pero los diputados insisten en validar lo inicialmente solicitado, y por ende, 147 millones quedarían volando.
Por lo pronto, los ayuntamientos de La Paz y Los Cabos no podrán iniciar los trámites del crédito, hasta en tanto la sesión ilegal pueda ser validada o de plano anulada por acuerdo con los diputados del Bloque Opositor, para entonces reiniciar el trabajo legislativo y consensuar el caso de los créditos.
Todo esto es porque, en las condiciones en que fueron autorizados los créditos, carecen de validez jurídica, y ningún banco asumiría la responsabilidad de entregar el dinero si no existe un Decreto de Ley firmado por el presidente y secretario de la Mesa Directiva, además de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no podrá anotar los financiamientos en el registro de obligaciones y empréstitos de entidades y municipios por la sola presunción de ilegalidad en un acto fraudulento y viciado de nulidad.
Los pactos
En esta lucha es evidente el amasiato entre el PRI y el PRD, donde pareciera haberse cambiado el dinero de los créditos por la impunidad de personajes como la ex alcaldesa de La Paz, Rosa Delia Cota Montaño, e inclusive la eminente postulación del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño como candidato a senador de la alianza PRI-PVEM.
Hoy por hoy, es muy notoria la simulación de los perredistas que están terminando por cuajar una alianza de facto para respaldar la candidatura de Enrique Peña Nieto, a cambio de la candidatura del ex gobernador del PRD y recientemente afiliado al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
El desayuno público entre los alcaldes de Los Cabos, La Paz y Mulegé, José Antonio Agúndez Montaño, Esthela de Jesús Ponce Beltrán y Guillermo Santilla Meza, respectivamente, que tuvo lugar el 23 de noviembre en un restaurante de la localidad, habla por sí solo de lo que se viene y se anticipa. Inclusive estuvieron sentados en la mesa por 30 minutos José Antonio Agúndez Montaño, el ex candidato a gobernador y actual delegado del CEN del PRI, Ricardo Barroso Agramount.
Los movimientos que se pudieron percibir por analistas ya eran evidentes; a continuación el recuento:
1. El encuentro entre el alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño y diputados federales del PRI en el Palacio de San Lázaro en la Ciudad de México, con el pretexto de solicitar un aumento al presupuesto de ese destino turístico.
2. El destape de Narciso Agúndez Montaño como posible candidato del PVEM, y quien evidentemente, habrá de ir en alianza con el PRI.
3. La indiscreción del ex gobernador de Baja California Sur en una reunión en Comondú, donde anticipó que su hermano el alcalde perredista de Los Cabos, estaría renunciando a su partido en el mes de enero.
4. La afiliación del ex oficial mayor del gobierno de Narciso Agúndez Montaño, Garibaldo Romero al PVEM, y considerado como parte de una avanzada o migración de perredistas hacia ese partido.
5. La repentina aparición de José Antonio Agúndez Montaño en eventos del municipio de La Paz, como la coronación de la reina de las fiestas tradicionales de Los Barriles.
6. El surgimiento del Bloque Opositor Legislativo a favor de los créditos, integrado principalmente por el PRI y el PRD, donde sus diputados han tenido encuentros con los alcaldes de ambos partidos.
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