DISPUTA EN PUNTA ARENA, BCS

Disputa en Punta Arena

La manzana de la discordia son 960 hectáreas.

La posesión de un predio ganado al mar, se convierte en motivo de enfrentamiento entre un grupo de ejidatarios y el desarrollador “Península de los Sueños”. Todo por demostrar la propiedad de estas tierras que adquirieron plusvalía, a raíz de la construcción de un campo de golf, residencias, condominios y villas para extranjeros en dicha zona turística.

Alejandro Acuña

Punta Arena, Baja California Sur.-  Un extenso terreno ubicado a 35 kilómetros al sur de la ciudad de La Paz se ha convertido en la manzana de la discordia entre un grupo de tres ejidatarios y el desarrollador “Península de Los Sueños”.

La extensión en disputa, de aproximadamente 960 hectáreas y localizada dentro de un predio de 5 mil 320 hectáreas en una zona conocida como “Punta Arena”, adquirió plusvalía ante los ojos de los ejidatarios, cuando las sociedades mercantiles “Punta Arena de la Ventana, S.A. de C.V.”, “Boca de la Salina, S.A. de C.V.” y “Cihuata, S.A. de C.V.”, comenzaron a invertir y construir un complejo con campo de golf, residencias, condominios y villas para extranjeros, como parte de un proyecto de inversión que despejaría turísticamente esta zona.

Sin embargo, el proyecto se estancó cuando los socios de esas compañías, entraron en un conflicto que derivó en denuncias penales, hasta llevar a prisión a uno de los ex socios, de nombre Kerry Roger Lee, por presuntos malos manejos y ventas fraudulentas, y quien según datos recabados por ZETA, venía huyendo de Nevada, después de que el Tribunal de Distrito del Condado de Clark girara una orden de arresto porque se negó a devolver una isla en Belice, propiedad del estadounidense William Brady, un ex camionero de la mencionada entidad que habían comprado los títulos de propiedad de ese islote.

Todo este conflicto legal entre los inversionistas fue aprovechado por algunos hijos de los ejidatarios que a sabiendas de que sus padres habían vendido la propiedad el 7 de noviembre de 1969, invadieron y se metieron dentro del predio, reclamándolo como suyo y colocando cabañas de madera, sillas y algunos cercos y postes.

Según la escritura 8 mil 859, expedida por el Notario Público No.1, Armando Aguilar Paniagua, la señora Margarita Terrazas de Natalí, en su calidad de apoderada legal del señor Álvaro Torreblanca Otaduy, habría comprado la propiedad hace 32 años por cien mil pesos a los ejidatarios Héctor Yee Molina y su esposa Santana Salvatierra de Yee; Remigio Geraldo Hirales y su esposa Belem Lucero de Geraldo; José Geraldo Contreras y su esposa Lagarda Lucero de Geraldo; José Geraldo Lucero y su esposa Ángela Lucero de Geraldo; Antonio Geraldo Contreras y su esposa Leonor Hirales de Geraldo; Largada Geraldo de Lucero y su esposo Cristóbal Lucero Monge; Antonio Lucero Mendoza y su esposa Georgina Lucero de Lucero; Eduardo Geraldo Lucero y su esposa Georgina Geraldo de Geraldo; Manuel Búrquez Lucero y su esposa Josefina Geraldo de Búrquez; Andrés Hirales Lucero y su esposa Aurora Lucero de Hirales; José Lucero de la Peña y su esposa María Antonia Hirales de Lucero; Adolfo de la Peña Gama y su esposa Beatriz Rochín de la Peña, así como José Vidal Geraldo Geraldo.

La operación de compraventa fue consolidada a petición de los representantes legales de los ejidatarios, Marcelo Gaume Dumas, Arturo Cazares Nicolín y José Enrique Valerio Ortega Romero, en su calidad de albacea de la sucesión de bienes de Félix Justino Ortega Núñez, y cuyo dinero fue pagado de la siguiente manera:

1.- 68 mil 200 pesos para Marcelo Gaume Dumas, Arturo Cazares Nicolín y José Enrique Valerio Ortega Romero en representación de los ejidatarios Héctor Yee Molina, Remigio Geraldo Hirales, José Geraldo Contreras, Adolfo de la Peña Gama, Antonio Geraldo Contreras, Antonio Lucero Mendoza, Eduardo Geraldo Lucero, Manuel Búrquez Lucero, Andrés Lucero Lucero y José Lucero de la Peña, con el consentimiento de sus cónyuges.

2.- 31 mil 800 pesos para el resto de los ejidatarios José Geraldo Lucero, Largada Geraldo de Lucero, Largada Geraldo de Lucero y José Vidal Geraldo Geraldo, con el consentimiento de sus esposas

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Sin embargo, esta operación no fue reconocida por hijos de 3 de los 12 ejidatarios, y que responden al nombre de Rodrigo Rochín, Sergio Geraldo Búrquez y Joel Lucero, y quienes durante una entrevista, desconocieron las escrituras y dijeron que las firmas que aparecen en el contrato de la operación de compraventa son falsas, porque “mucha de la gente que supuestamente vendió, ni siquiera sabía leer y escribir, mucho menos firmar”.

Los ejidatarios

Después de 32 años, los hijos de los ejidatarios de “Punta Arena” han decidido pelear por sus tierras, ya que aunque actualmente tienen la posesión de tres parcelas, reclaman la propiedad de las 12 que dicen pertenecían a sus padres.

De entrada, y como medida de presión, el 1 de noviembre bloquearon la carretera que va de Agua Amarga hasta Ensenadas de Los Muertos en la delegación de San Juan de Los Planes, municipio de La Paz, atravesando una decena de pick ups sobre la carretera para interrumpir el libre acceso.

La inconformidad derivó del fallo judicial emitido por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur, a favor del grupo desarrollador “Península de los Sueños”, y en el cual, se ordenó el 27 de octubre, dar posesión material de los predios a dichos inversionistas de una zona conocida como “Boca de la Salina” en su pleito legal con el prófugo Kerry Rogers Lee y su grupo “Cihuata, S.A. de C.V.”.

Por este motivo, los inversionistas comenzaron a delimitar sus terrenos –una vez terminado el litigio de los predios— y excluyendo de este proceso los tres terrenos en manos de los hijos de ejidatarios.

El pasado 4 de noviembre, la inconformidad llegó a los golpes, cuando los ejidatarios, derribaron postes y cercos colocados por los inversionistas y discutieron por largas horas hasta que tuvo que intervenir la policía.

Eso no fue todo. El pasado 8 de noviembre, la violencia nuevamente se desbordó y los ejidatarios dejaron el bloqueo y los terrenos en paz para salir a las calles, hasta llegar al Congreso local, y solicitar la intervención de diputados, y de arranque, exigieron la cabeza de la alcaldesa de La Paz, Esthela de Jesús Ponce Beltrán, por haber ordenado extinguir del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, todas las claves catastrales de los predios en disputa, y haberlas reemplazado por las del grupo “Península de los Sueños”.

Durante una entrevista con ZETA, Sergio Geraldo Búrquez dijo que el abogado y representante legal de los inversionistas, Ramón Cota Gutiérrez, tuvo la indiscreción de decirles que no tenían por qué pelear la tierra si sus claves catastrales ya habían sido dadas de baja en el Ayuntamiento de La Paz.

El comentario generó mucha inconformidad, y por lo tanto, los afectados solicitaron una explicación a la administración de la alcaldesa priísta, a través de su asesor jurídico, Salvador Pérez Molina, y donde el director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de La Paz, Alejandro Davis Monzón, confirmó cambios en el registro de las claves catastrales, pero se negó a entregar mayor información, en tanto no fuera solicitado por escrito.

Sin embargo, a través de terceras personas, conformaron la información, y entonces, salieron a las calles a protestar hasta que llegaron al propio Ayuntamiento de La Paz, y en donde, bajo presión, obtuvieron la información, por lo que dijo, presentaron una denuncia penal –y una ampliación– en contra de quien resulte responsable por haber extinguido sus claves catastrales.

El Ayuntamiento de La Paz

Sobre las acusaciones de los ejidatarios, el director jurídico del Ayuntamiento de La Paz, Manuel Arce Delgadillo, fijó su postura al respecto.

De entrada, reconoció que las claves catastrales, se habían extinguido del sistema del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de La Paz, por una resolución administrativa del director Alejandro Davis Monzón.

— ¿La decisión se tomó en base a la resolución de algún Juez?

“No. Es una decisión o resolución netamente administrativa, y tomada principalmente en la dirección del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, porque recibió una solicitud el 12 de mayo pasado de la empresa Península de los Sueños, entregando toda la documentación necesaria para demostrar la plena propiedad de las tierras y solicitan la declaración de inscripción de los registros y el procedimiento también se hace en catastro. No es una determinación que venga por orden judicial, sino una determinación administrativa tomada por la autoridad, basada en los antecedentes, no nada más en los que se exhibieron, sino los que obran en poder del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, todo basado en el artículo 2938 del Código Civil”.

El funcionario dijo que el hecho de que hayan extinguido las claves catastrales del sistema, no significa que hayan desaparecido los libros de registro, sino que “momentáneamente fueron dadas de baja, y así quedarán, hasta en tanto no haya un veredicto u orden de algún juez, respecto del caso, donde se diga lo contrario”.

— ¿No considera que se apresuraron a la extinción de las claves catastrales? ¿Por qué no esperaron la resolución de algún Juez?

“Bueno, lo que sucede es que la determinación fue previamente al conflicto, y sabemos que únicamente hay una controversia entre ellos, pero no un juicio. Ellos mismos lo han manifestado ante esta autoridad. No hay ni juicios civiles ni de amparos entre los ejidatarios y la empresa Península de los Sueños. Vamos, no hay ni un juicio inscrito ante una autoridad judicial que pudiera habernos emplazado y habernos ordenado que no moviéramos los registros catastrales”.

Los inversionistas

Sobre toda esta controversia, los inversionistas por conductor del vocero oficial, José Luis Antón Alvarado, dijo que lo único que han estado haciendo, es delimitar su propiedad desde que a finales de octubre, se falló a su favor, y comentó que en este procedimiento, no se están tocando las tres propiedades que –aseguran— invadieron 3 familias dentro de su predio en el año 2007.

— ¿Por qué no tocar esas tres parcelas?

“Lo que pasa es que estamos esperando que el Juez determine y emita una resolución de que esas tres familias, se metieron de forma ilegal a nuestra propiedad, y entonces, nos regrese legalmente la posesión.

Desde el año 2007, el grupo empresarial, presentó una denuncia por despojo en contra de esas familias por haberse metido de esa manera, cuando sabían que la propiedad, ya no les pertenece, ya que su familia vendió desde 1969.

Ya ganamos un juicio, y el pasado 27 de octubre, nos dieron posesión material del predio Boca de la Salina, y lo primero que hicimos fue delimitar nuestra propiedad para salvaguardar los terrenos y evitar otra invasión, porque venimos de una historia de despojo e invasión, y ya no queremos estar sufriendo este tipo de problemas que lo único que han hecho es detener nuestro proyecto de inversión, una y otra vez, porque no podemos terminar de desarrollar si no estamos teniendo certidumbre en la tierra”.

El vocero de la empresa afirmó que los hijos de ejidatarios ni siquiera tienen papeles de las tierras, por eso dijo que los definen como “invasores”, ya que no tienen documentos para afirmarse como propietarios; por lo cual no tienen por qué estar en un terreno que no es de su propiedad. Por el contrario, aseguró que tenían las escrituras, mismas que exhibió y de las cuales entregó una copia a ZETA.