domingo, 27 de noviembre de 2011

ALCALDE DE ENSENADA MALBARATA PREDIOS MUNICIPALES

Entre los beneficiados, Inmobiliaria Galibe, cuyos socios son José Galicot y Luis Francisco Serrano Lluch.

En su afán por salir del bache financiero y pagar deudas, el alcalde de Ensenada ha recurrido a la venta de tierras muy por debajo de su valor real, generando un desfase millonario al gobierno local.

Según el Registro Público de la Propiedad, uno de los terrenos dividido en dos partes de la Manzana núm. 249, quedó inscrito en un contrato de compraventa, el 13 de octubre de 2011 para la fracción A y el 1 de noviembre de 2011 para la fracción B.

La empresa que compró la propiedad es “Inmobiliaria Galibe, S. de R.L. de C.V.”, pero no aparecen los socios que la integran, mientras que en el registro de Inmobiliaria Galibe S.A. de C.V. en Tijuana, destacan Galicot Behar y Serrano Lluch.

Ricardo Meza Godoy
Las frágiles pero estables finanzas del Ayuntamiento de Ensenada que el ex Presidente Municipal Pablo Alejo López Núñez asegura haber heredado al ahora primer edil Enrique Pelayo Torres, ofrecen entre las pocas opciones para el equilibrio de los ingresos municipales, la venta de tierras.

Práctica que han venido realizando de manera habitual los últimos alcaldes para salir de los “baches” financieros y que sigue siendo aprobada ante el Cabildo.

Tan sólo en una de las últimas sesiones del Cabildo del XIX Ayuntamiento, el 23 de noviembre de 2010, el gobierno local para poder pagar deudas con proveedores desincorporó 79 mil 301.36 metros cuadrados de un predio en Bajamar identificado como AV-17, Manzana S/M, que había sido donado por la empresa Desarrollos Urbanos de Baja California, S.A. de C.V.

Este predio fue utilizado por el XX Ayuntamiento para pagar la deuda del gobierno local ante el Issstecali en un valor de 104 millones de pesos, pese a haberse contemplado en la Ley de Ingresos 2011, aprobada el 9 de diciembre de 2010, con un valor de 145 millones de pesos.

Los otros terrenos que serían vendidos en 2011, de acuerdo a lo estimado por el Ayuntamiento, son el predio de la Calle 11 y Avenida Reforma a un precio de 23 millones de pesos, donde permanecen las oficinas centrales del departamento de bomberos. Además, remató un lote ubicado en La Salina, a un precio de 27 millones.

El Presidente Municipal, basado en lo que dijo era la ley de oferta y demanda, vendió finalmente el terreno de 11 y Reforma, de 9 mil 779.786 metros cuadrados, en 17 millones de pesos. Lo que trajo un desfase de 47 millones de pesos para el gobierno local.

Dicho terreno dividido en dos partes de la Manzana núm. 249, quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC) en un contrato de compraventa, el 13 de octubre de 2011 para la fracción A y el 01 de noviembre de 2011 para la fracción B. La empresa que compró el terreno, registrada en el RPPC en Ensenada es “Inmobiliaria Galibe, S. de R.L. de C.V.”, sin embargo no aparecen los socios que la integran, mientras que en el registro de Inmobiliaria Galibe S.A. de C.V. en el municipio de Tijuana, destacan como socios activos José Galicot Behar, y Luis Francisco Serrano Lluch.

Sobre la propiedad de La Salina no se han dado a conocer datos de su venta ni de alguna modificación en su valor.

Acompañando los montos estimados el 9 de diciembre de los tres terrenos, Pelayo refirió en el Cabildo que “dependiendo de la procuración de los recursos federales extraordinarios, podremos estar en posibilidad de evitar estas enajenaciones”, algo que evidentemente no ocurrió pero sí continuó, pues el 15 de noviembre el Cabildo desincorporó 84 terrenos para venderlos en el 2012, mismos que  contempló dentro de la Ley de Ingresos 2012 del XX Ayuntamiento.

Las  estimaciones de Pelayo indican que habrá 230 millones de pesos a las arcas municipales luego de la venta de todos esos predios repartidos en las delegaciones de Maneadero, Francisco Zarco, San Quintín, Vicente Guerrero, La Misión, El Sauzal, San Vicente, Chapultepec y Ensenada. Esto de un total de ingresos por mil 301 millones de pesos para el próximo año.

No obstante, los cálculos del gobierno municipal para los 230 millones fueron hechos antes de someterlos a una revisión de la Comisión Estatal de Avalúos y desconociendo el monto base, colocando nuevamente a la administración de Enrique Pelayo en supuestos estilo Capulina, donde los precios pueden ser, a lo mejor, quién sabe o tal vez, mayores o menores, tal como ocurrió con el de 11 y Reforma.

Pese a ser una solución viable, la venta de terrenos tiene características apreciadas por los propios funcionarios que juegan en contra del gobierno local. Los terrenos son finitos y eventualmente dejarán de ser una opción de financiamiento, cuando el municipio se quede sin tierras para ofrecer.

La venta de los terrenos municipales se convirtió en la opción central del ingreso para el 2012 en Ensenada, lo que es preocupante, según explicó el regidor del Partido del Trabajo, Armando Reyes Ledezma, quien refirió no estar de acuerdo en que al patrimonio municipal se le ponga para sacar de los problemas financieros que “por descuido o por negligencia, o falta de oficio, se vengan dando (en la administración)”, dijo.

Reyes Ledezma explicó que en administraciones pasadas se ha opuesto a la utilización del ingreso por la venta de terrenos para pagar deudas del gobierno, tal fue el caso en la administración de César Mancillas Amador, donde se entregaron al Issstecali 26 terrenos como abono de la deuda con dicho instituto.

Los 26 terrenos sumaron en ese entonces, el 28 de agosto de 2007 en sesión extraordinaria y extra urgente de Cabildo de carácter privada, la cantidad de 32 millones 846 mil 940.34 pesos para Issstecali, con predios ubicados en Los Encinos, Juan Diego Residencial II, Villa Residencial del Real 2da Etapa, Ventana al Mar, Villa Residencial del Sol, Villa del Real III Sección, Puerto Salina, La Escondida, Lomas de la Presa y Rancho La Fortuna. Un total de 100 mil 255.94 metros cuadrados.

Ese día César Mancillas refirió en el Cabildo: “Está bien porque de la deuda que teníamos nada más vamos a pagar la mitad, vamos a limpiar totalmente, y el próximo Alcalde podrá presupuestar todo el salario integrado, que no le vuelva a pasar lo mismo”.

La deuda ante ISSSTECALI con el siguiente alcalde volvió a surgir y creció. La desincorporación y venta de patrimonio municipal con Pablo Alejo volvió a darse. Actualmente el Issstecali posee formalmente ante el RPPC en Ensenada, 25 terrenos, todos registrados el 30 de agosto de 2010 bajo la partida 5219589, sin que destaque aún el predio de Bajamar en los registros.

Otros ingresos
Existen varias propuestas que regidores y Alcalde han referido pueden resolver la situación, sin embargo, ninguna de ellas es vigente y la mayoría se encuentra en procesos de análisis, factibilidad o en iniciativas, como la planteada por Reyes Ledezma, quien propone ante el Cabildo una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal para que Ensenada tenga los ingresos que le corresponden.

En otros de los rubros que se estimaron en la Ley de Ingresos 2012, se encuentra por ejemplo el cobro por uso de vía pública a la Comisión Federal de Electricidad, Teléfonos del Noroeste y Cablemás, aunque no ha sido definida una tarifa ni se ha realizado un conteo de postes o casetas telefónicas que estas empresas utilizan. Es decir el A-B-C jurídico y fiscal.

También estiman tener ingresos por la regulación de los salones de fiestas en Ensenada, que de acuerdo a estimaciones del director de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos, Rodolfo Mellado Pérez, ronda los 150 negocios.

A éstos se les cobraría por factibilidad 20 salarios mínimos; por apertura entre 100 y mil 200 salarios mínimos, dependiendo la ubicación, el cupo y los horarios; además de un cobro por revalidación anual del 5 por ciento del costo de apertura.

Estiman cobrar también a todo aquel que organice eventos masivos, conciertos con artistas foráneos (50 salarios mínimos), charreadas, rodeos, jaripeos (20 salarios mínimos), festejos y ferias populares (38 salarios mínimos) y peleas de gallos (50 salarios mínimos). Son las primeras estimaciones.

Ni el sector comerciante ni el restaurantero han sido enterados de estas medidas, entre las que se incluyen cobros adicionales a quienes tramiten permisos temporales de venta de bebidas con graduación alcohólica.

Para Elvira Romero Gutiérrez, Presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Ensenada, la nula información del gobierno local hacia el sector los deja “con tarea” para investigar de qué manera se harán estos cobros adicionales a quienes, como Canirac, organizan eventos masivos en el puerto.

Al menos 7 eventos masivos con un promedio de 5 mil asistentes los organiza la Canirac en Ensenada, principalmente para la promoción de los mismos restauranteros y con pocos ingresos, refirió Romero Gutiérrez. Por lo que sí se preocupa es que se cobre por algo en lo que habitualmente el ayuntamiento apoya: la activación del sector.

Misma postura de Carlos Travesí Bosch, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), quien explicó que de no hacerse de manera correcta, las medidas del gobierno municipal podrían desincentivar la realización de eventos, en una ciudad donde algunos promotores salen “tablas” con los ingresos de conciertos y otras actividades.

La reclasificación del valor de los terrenos en 7 colonias en Ensenada, entre las que se encuentran la colonia Independencia, Bustamante y Abelardo Rodríguez, es vista como una alternativa para incrementar los ingresos por recaudación municipal con el cobro del predial. Sin embargo el gobierno local tiene pendiente la modernización catastral. Mientras que los terrenos de colonias ya registradas suben de valor los nuevos fraccionamientos no registrados ni siquiera están pagando dicho impuesto.

En conclusión y con ingresos adicionales aún en cierne, la venta de predios del municipio es la principal apuesta del XX Ayuntamiento y el puerto mientras la deuda de ISSSTECALI comienza a subir de nuevo, cuando dicho adeudo debería ser pagado normalmente, al descontarse directamente del ingreso de cada trabajador municipal.

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