Profunda
indignación ocasionó en la sociedad cajemense, pero especialmente al señor
Pedro Iván López Partida, la liberación del agente policiaco Cristian Rafael
Arenas Brena, quien fue sorprendido con una camioneta robada de su propiedad.
Mientras
tanto el alcalde Faustino Félix Chávez, luego de externar su molestia advirtió
que él no será “tapadera” de nadie; en tanto el secretario de Seguridad
Pública, Jesús Gutiérrez Lugo, reconoció que el policía sigue laborando, a la
espera de los resultados de la investigación.
Como
se dio a conocer en su momento, el novel agente municipal con apenas ocho meses
dentro de la corporación, que se encontraba comisionado en la Delegación
Náinari, fue detenido la tarde del 13 de octubre en poder de un vehículo tipo
pick up que contaba con reporte de robo desde el pasado 27 de mayo, que fue
sustraído del estacionamiento de conocido supermercado a la salida norte de la
ciudad.
Sin
embargo, elevada controversia causó el hecho de que el oficial implicado había
sido liberado al no existir flagrancia ni tampoco había sido separado de sus
labores dentro del cuerpo policiaco, lo que además generó profunda indignación
en la parte afectada, Pedro Iván López Partida, quien mediante breve entrevista
exigió que se haga justicia y que se cumpla la ley.
El
joven afectado tildó de lamentable el hecho de haberse enterado por los medios
de comunicación y no por las mismas autoridades de la recuperación de su
vehículo, una camioneta de la marca Chevrolet, línea Silverado, modelo 2003,
color blanco.
Asimismo,
manifestó que la unidad había sufrido bastantes modificaciones, quizá en un
intento por parte de los delincuentes por hacerla pasar desapercibida,
señalando que al momento de la desleal acción ejercida en su contra el vehículo
contaba con caja tipo California, cristales polarizados, equipo de sonido y
rines de lujo.
Igualmente,
fustigó el hecho de que aún no le ha sido entregada, desconociendo de momento
si tiene algún faltante u otras modificaciones.
Al
respecto sostuvo una reunión con el secretario de Seguridad Pública Municipal,
Jesús Gutiérrez Lugo, quien de manera pública dio a conocer que ese tipo de
elementos no deberían existir dentro de la corporación, “somos los primeros que
tenemos que poner el ejemplo y no podemos con malos ejemplos reprender o
sancionar a la ciudadanía”, señaló el jefe de Policía y Tránsito.
Sobre
los señalamientos vertidos respecto a que el oficial señalado había sido dejado
en libertad, Gutiérrez Lugo fue enfático al indicar que su función, comprendida
en la detección, detención de la persona y objeto del robo, así como su
correspondiente presentación, fue evidente, sin embargo no es facultad de la
institución ni de los policías sancionar o dictaminar el delito, “lo que nosotros
hacemos es ponerlo a disposición del agente del Ministerio Público y ahí es
cuando culmina la función de nosotros. La Policía no lo dejó ir”.
También,
expresó que a pesar de no tipificarse flagrancia, se le tiene que dejar ir,
pero se continúa con las averiguaciones y de comprobarse que hay relación con
el delito se actuaría en consecuencia y si resulta una orden de aprehensión se
volvería a poner a disposición.
Sobre
su estado laboral, el director de Seguridad Pública pronunció que mientras no
se dictamine su estado actual, se encontrará desempeñando servicios fijos en
oficina, dándose a conocer de manera extraoficial que fue comisionado al área
de celdas durante el turno matutino, sin embargo Asuntos Internos ya está
tomando conocimiento del caso y a su vez será turnado a la Comisión de Honor y
Justicia.
Por
su parte, la recién designada delegada de la Procuraduría General de Justicia
en el sur del Estado, licenciada Claudia Indira Contreras Córdova, manifestó
necesario que quepa la prudencia, considerando inconveniente dar tanto detalle
de una averiguación porque podría entorpecerse.
Sobre
la versión en la que se mencionaba que el agente del Ministerio Público del
sector uno, licenciado Sergio Ernesto Piña, indicaba al afectado que Arenas
Brena jamás había sido presentado, Contreras Córdova declaró que el afectado
acudió a las instalaciones y le planteó una serie de inquietudes y a raíz de
ello acudió al Centro Integral de Procuración de Justicia con el representante
social para verificar el expediente, en el que efectivamente corroboró que no
existía flagrancia, ya que los hechos por los que se implicaba al oficial
ocurrieron el mes de mayo, por lo tanto esa persona no podía estar en calidad
de detenida, se le tomó declaración como lo marca la ley y fue puesto en
libertad.
Sin
embargo, indicó que el que se encuentre en libertad no implica ciertamente
inocencia, por lo que el proceso sigue, dado que él señala que compró el
vehículo.
A
su vez, manifestó que en caso de existir un acto de corrupción dentro de las
pesquisas o se haya obrado a favor del indiciado, no dudará en darlo a conocer
de inmediato a la Fiscalía Anticorrupción, como lo sugirió la parte afectada.
Finalmente,
López Partida se mostró agradecido tanto con el secretario de Seguridad Pública
como con la delegada de la procuraduría por su intervención en el caso, al
estar realizando las labores correspondientes, así como a los medios de
comunicación por el seguimiento que se le está dando al suceso, expresando que
llegará hasta las últimas consecuencias y exige que se castigue al responsable.
“Aunque
no sea él quien se la robó, tiene que asumir su compromiso y que se haga
responsable de los gastos de las reparaciones que tiene que sufrir mi
camioneta”.
Al
acudir a la sede policial en busca de Arenas Brena, de manera inicial fue
negado que se encontrara laborando dentro de las instalaciones, sin embargo,
fuentes allegadas señalaron que había sido turnado al área de celdas del
Departamento de Barandilla, desempeñándose durante el turno de la mañana, con
horario de salida a las 14:00 horas.
Asimismo,
se corrió el rumor de que había sido reinstalado en el sector en el que fue
detenido junto con el vehículo materia del robo, por lo que al acudir a la
Delegación Náinari, el comandante Carlos Mancinas señaló que no se había
presentado a trabajar, ignorando su paradero, aunque se comentó que había sido
reconcentrado el área centro, versión que después fue desmentida.
Compañeros
dentro de la corporación expresaron su consternación ya que no consideran al
uniformado implicado como una persona conflictiva, más bien suponen que fue
víctima de su inexperiencia.
También
manifestaron que se encuentra afligido respecto a su situación actual,
permaneciendo a la espera de la decisión que tomen mandos superiores.
MOLESTO ALCALDE FFCH
Al
hacer pública la denuncia de corrupción por parte del dueño del vehículo robado
que manejaba un policía municipal, esto por parte de la Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE), el alcalde de Cajeme, Faustino Félix Chávez,
refirió que habría de reunirse con la delegada de la corporación, para conocer
el motivo por el que no se le dio seguimiento al caso.
Reiteró
que como Gobierno Municipal no servirán de “tapadera” de nadie, por lo que
señaló que el Ministerio Público debió actuar en consecuencia, y que sostendría
una reunión con la delegada de la PGJE.
“Voy
a tener una reunión con la delegada, porque no puede ser que si detectamos
infraganti a una persona, que además ocupa un cargo de Seguridad Pública, como
es un policía que acepta que trae un carro robado, se presenta al Ministerio
Público, y que lo suelte, eso no puede ser”, manifestó.
Ya
que, agregó, se trabaja en el interior de Seguridad Pública para brindar
seguridad a los cajemenses por lo que se siente indignado por el proceder de
los representantes de la justicia.
“Eso
de veras que me indigna, me da mucho coraje como ciudadano y sobre todo que da
al traste con todo el trabajo que estamos tratando de hacer por tener una
policía digna”, indicó.
Por
otra parte, la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública en el Cabildo de
Cajeme, Sandra Montes de Oca, informó que no podrán ejercer algún tipo de
acción en contra del servidor público hasta que se demuestre su culpabilidad.
Aclarando,
además, que lo que puede hacer es solicitar sólo alguna sanción del tipo
administrativo, o en su caso, de comprobarse el delito, exigir la baja
definitiva de la corporación del implicado.
“Tiene
que hacerse un análisis, no me aventuro a hacer una acusación mientras no tenga
los elementos probatorios en mano para solicitar una baja o una sanción
administrativa porque ahorita no tengo los elementos en mano”, anotó.
Aunque
en su experiencia como servidora pública, dejó claro que los favores en ese
tipo de casos son muy recurrentes
“Eso
es una realidad, se tapan los unos a los otros, he tenido algunos casos donde
han puesto quejas en la Procuraduría y no le han dado seguimiento, ahí sería
hacer un señalamiento al Gobierno del Estado por ser dependencia suya”,
subrayó.
Por
lo que al consultar el área legal ante un abogado, éste señaló que por el tipo
de delito, al momento de su detención, pudiera haberse descartado alguna
flagrancia por parte del elemento.
“El
Ministerio Público debió en su caso, ponerlo en libertad con las reservas de
ley, o sujeto a un procedimiento, pero no lo puede nomás soltar así”, declaró
Agapito Zazueta.
(DIARIO
DEL YAQUI/ Francisco Romero y Enrique Delgadillo/ 16 DE OCTUBRE 2015)
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