Lo primero
que le detectaron fue la infidelidad.
Estableció
relaciones pasionales con una mujer de la oficina de Presidencia Municipal. Se
enviaron hartos mensajes que de lo amoroso, pasaron a la transgresión de las leyes
y la buena administración pública.
Después,
investigando los ilícitos ya encontrados, se reveló que había utilizado a
cercanísimos familiares para otorgar en concesión contratos de obras a sus
amigos, compadres y conocidos, siempre a cambio -por supuesto- de una comisión
de los millonarios convenios.
Siguiendo el hilo de
la mala administración, el alcalde malversó fondos públicos, y hubo quien desde
la Iniciativa Privada y en la tramitación de permisos, lo denunció por
extorsión. Para colmo, también le detectaron fraude fiscal en las cuentas y
contratos firmados por el Municipio.
Si la historia le
suena conocida, es probable que Usted sea residente de Tijuana y haya leído los
periódicos en los últimos tres años -particularmente en el último mes-, que dan
cuenta de ese tipo de excesos en la administración municipal del XX
Ayuntamiento de Tijuana -finalmente y gracias a la Ley, concluye el 30 de
noviembre-, a cargo de Carlos Bustamante Anchondo.
Pero no, la historia
que relato al inicio de esta columna, es la de Kwame Kilpatrick, quien como
alcalde de la ciudad de Detroit, cometió esos delitos, por los que hace unos
meses fue condenado a 28 años de prisión.
La primera ocasión
que me enteré del final de proceso legal de Kwame, fue en Reno, Nevada, donde me
encontraba invitada por la Universidad de Nevada en Reno, y la Escuela Reynolds
de Periodismo. En uno de los actos organizados, mis anfitriones invitaron a uno
de los periodistas que develó el affair del alcalde de Detroit, Michigan.
Cuando comenzó su plática,
enumerando las acciones consideradas ilícitas por parte del ex funcionario
norteamericano, la historia también me sonó conocida. Compartí con el
periodista los hechos que sucedieron en Tijuana durante los últimos tres años:
los contratos del alcalde para sus compadres en obras públicas, más asfalto que
cemento en manos de sus amigos, las comisiones que le dio a otros amigos por
“conseguirle” fondos federales, los 19 millones de pesos que pagó para endeudar
más a la ciudad con un cuestionado refinanciamiento de la deuda pública
municipal; las jóvenes que metió en la nómina y posteriormente basificó, las
juntas de gabinete donde funcionarios atestiguaron la presencia del hijo del
alcalde en la toma de decisiones, el millonario y fallido convenio para cambiar
todas las luminarias que hoy están a oscuras.
Sorprendido, por las
similitudes entre las acciones de un alcalde y otro, el periodista de Detroit
lo estuvo más cuando supo que en México, no se lleva a juicio a los
funcionarios por abusar del poder, de la nómina y de los recursos públicos.
Después de todo, el ex alcalde de Detroit lo pagará con 28 años de cárcel,
mientras lo más seguro es que en Tijuana, a Bustamante solo le esperan tres
años de ignominia.
Hace unos días, en
su derecho y fundamentados en la Ley, regidores del Partido Acción Nacional en
lo que ha sido el XX Ayuntamiento, demandaron al Órgano Fiscal Superior
investigar a fondo las tropelías de las que acusan a Bustamante, como las aquí
señaladas. Sin embargo, ese mismo ORFIS trucó documentos para aprobarle las
cuentas públicas que no pasan una auditoría privada al saliente alcalde.
Hoy, dicen que es
intención del Gobierno del Estado de Francisco Vega de Lamadrid, y del Congreso
del Estado, resarcir esos errores y reanalizar esas cuentas públicas, que dicha
acción, si se hace correctamente -aseguran-, sentaría las bases para enjuiciar
por lo menos en términos políticos a Carlos Bustamante.
De igual manera, la
futura Sindicatura Municipal del XXI Ayuntamiento, está dispuesta a investigar
las irregularidades señaladas públicamente durante los últimos tres años en
Tijuana; por eso no extraña que en los últimos momentos de su administración, Bustamante
quiso meter gol a la siguiente administración, restándole facultades al
síndico, entre ellas, la de iniciar investigaciones.
Son cosas de los
sistemas políticos, mientras en Detroit un presidente municipal que cometió
excesos y abusos del erario con amigos, familiares, es llamado alcalde corrupto
y paga con 28 años de cárcel, en México, los ex alcaldes, como es el caso,
quieren ser representantes diplomáticos… y en tiempos del PRI, cualquier cosa
puede suceder. Hasta eso.
Es una pena lo que
sucede en el país.
(SEMANARIO
ZETA/ ADELA NAVARRO DICIEMBRE 2, 2013 12:00 PM)
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