MANAGUA
(apro).- En el tercer día del juicio oral y público que se desarrolla
en Nicaragua en contra de 18 mexicanos, acusados de tráfico
internacional de estupefacientes y lavado de dinero, entre otros
delitos, el representante del Ministerio Público se sacó un as de la
manga: cinco nuevos peritajes, que solicitó fueran incorporados como
“pruebas sobrevenidas”.
Los cinco nuevos peritajes, con fechas del
10 y 12 de diciembre, están relacionados con un reporte de
documentoscopía, que consta de 38 folios y que comprende un análisis
sobre la autenticidad de los pasaportes que utilizaban los 18 mexicanos,
capturados desde el 24 de agosto del presente año, transportando de
forma ilícita un total de 9.2 millones de dólares.
Otro de los
documentos que el representante del Ministerio Público, Giscard Moraga,
pidió al juez Edgar Altamirano que fuera admitido en el juicio oral y
público se refiere a un reporte sobre las llamadas telefónicas que
realizó la presunta cabecilla de la banda mexicana, Raquel Alatorre.
Este documento consta de dos folios.
Un tercer reporte es un
análisis que practicó la Dirección de Investigación de Delitos
Económicos de la Policía Nacional, con apoyo de la Dirección General de
Aduanas (DGA), sobre los movimientos migratorios relacionados a cada una
de las camionetas incautadas, las placas referidas, los conductores,
etcétera. El informe comprende desde 2008 hasta 2012.
Un cuarto
informe de peritos corresponde al Instituto Nicaragüense de Estudios
Territoriales (Ineter), de 26 páginas, referido a un análisis de la
información contenida en los equipos de posicionamiento global (GPS),
que portaba cada una de las Van que se movían impunemente por
Centroamérica y Panamá, bajo la cobertura de pertenecer al gigante
mexicano Televisa.
“Son pruebas completamente necesarias, por ello
pedimos que la autoridad judicial (el juez Altamirano) las admita y que
nos permita incorporarlas como pruebas sobrevenidas”, de acuerdo con el
artículo 306 del Código Procesal Penal de Nicaragua.
Asimismo,
con la incorporación de las pruebas, se solicitó que intervengan como
nuevos testigos los peritos que elaboraron los documentos.
Defensores se resisten
La
solicitud del representante del Ministerio Público, Giscar Moraga, y
respaldada de inmediato por el representante de la Procuraduría General
de la República (PGR), quebrantó la quietud con que transcurría la
tercera audiencia del juicio oral y público contra los 18 mexicanos.
Luego
de un receso de 15 minutos, el coordinador del equipo defensor José
Ramón Rojas Urroz se opuso tenazmente a la admisión e incorporación de
las documentos, basándose en que los mismos no eran “novedosos”, es
decir, no eran nuevos elementos de prueba, ya que los actos de
investigación fueron solicitados desde el 24 de agosto, día en que los
18 mexicanos fueron oficialmente detenidos y presentados públicamente.
Rojas
Urroz indicó que los pasaportes están bajo el resguardo de la Dirección
de Auxilio Judicial de la Policía Nacional desde el 20 de agosto,
cuando permanecían retenidos los indiciados, por tanto en su opinión “no
hay nada nuevo en esa pericia que se ha practicado”, ya que no ha
surgido del juicio oral y público.
“Que haya un olvido, que no les
llamó antes la atención en un inicio, no es responsabilidad de los
acusados ni nuestra, y usted como garante debe velar por el correcto
proceso”, dijo Rojas Urroz, jefe del equipo de abogados defensores.
Asimismo,
indicó que las seis camionetas Chevrolet, año 2011, permanecen en poder
de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional desde el 20
de agosto, por tanto, no debe admitirse el informe pericial elaborado
por los especialistas de Ineter, sobre la información recabada de los
GPS.
De igual manera, y con la misma beligerancia, se opuso a la
admisión e incorporación de las otras “pruebas sobrevenidas”,
solicitadas por la Fiscalía y por la Procuraduría General de Nicaragua.
“No tienen nada de novedoso, no deben ser incorporados, no veo cuál es el interés de la Fiscalía en presentarlos”, insistió.
Sobre
el reporte relacionado con las llamadas telefónicas realizadas por
Raquel Alatorre, desde el 25 de julio al 24 de agosto del presente año,
Rojas Urroz dijo que esa información tampoco es novedosa, ya que se ha
difundido a través de los medios de comunicación, sobre todo en México.
“No
sé qué pretenden demostrar”, insistió. Al respecto, cabe recordar que
las versiones periodísticas apuntan a que Raquel Alatorre utilizaba
varios teléfonos celulares, y a través de éstos se comunicaba con un
contacto identificado como Amador Narcia Estrada, vicepresidente de
Información Nacional de Televisa. Sin embargo, esta versión ha sido
desmentida por la televisora mexicana.
Ramón Rojas dijo que
resulta “curioso” que todos los informes que se presentarán fueron
elaborados con fecha del 10 de diciembre, el mismo día que inició el
juicio oral y público.
“Son actos de investigación que no se
pudieron realizar en el tiempo establecido por la ley, así que no es
responsabilidad suya ni nuestra, subsanar estos errores”, insistió Rojas
Urroz.
Suspende juez audiencia
El juez Altamirano, del
juzgado noveno de Managua, decidió admitir las “pruebas sobrevenidas” y
llamar incluso a los autores de los documentos para declarar como
testigos.
Ante este inesperado giro, los abogados defensores
pidieron tiempo para estudiar los documentos y preparar su defensa. Por
tanto, el juez Altamirano ordenó suspender la audiencia y reprogramarla
para el martes 18.
Posteriormente, el juez Altamirano, acompañado
de todas las partes involucradas y de los periodistas, se dirigió a las
instalaciones de Auxilio Judicial, donde hizo una inspección ocular in
situ de las seis camionetas incautadas.
Durante esta visita,
Alatorre se puso juguetona e incluso coqueteó ante las cámaras de los
fotógrafos y camarógrafos. Asimismo, tres de los 18 mexicanos detenidos
expresaron su interés en ser extraditados a su país natal.
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