MÉXICO,
D.F. (apro-cimac).- Las familias de las seis mujeres violadas,
asesinadas y cuyos cuerpos fueron abandonados en la vía pública por
César Armando Librado, El Coqueto, por fin tienen un poco de
tranquilidad, luego de conocerse la condena de 240 años de prisión
dictada contra el feminicida confeso.
Amparo Vargas, madre de Eva
Cecilia –una joven de 17 años asesinada por Librado Legorreta– dijo que
este caso despertó el interés de las mujeres mexiquense por organizarse
para denunciar las irregularidades del sistema de justicia.
El
pasado miércoles 12, el juez Juan Arturo Velázquez Méndez sentenció a
240 años de prisión a El Coqueto por violar y asesinar a cada una de sus
víctimas: Cireni Dayana, Blanca Elia, Eva Cecilia, Fernanda, Patricia, y
una mujer aun no identificada.
Dayana tenía 23 años y era madre
de dos niños; Blanca Elia era una abogada de 28; Fernanda contaba con
20, y Patricia se desempeñaba como cocinera y madre de tres hijos.
Al
conocer la resolución, Amparo Vargas aseguró que en comparación con las
madres que llevan años buscando a sus hijas desaparecidas o exigiendo
cárcel para los asesinos, ella se encuentra tranquila con este fallo.
Durante
el receso del juicio oral que se realizó ayer, las familias de las
víctimas se reunieron para expresar su pesar y recordar a sus hijas. En
ese encuentro algunas de las madres coincidieron en la necesidad de
seguir denunciando la mala impartición de justicia en el Estado de
México.
Sin embargo, la sentencia por feminicidio contra Librado
Legorreta –delito tipificado en el Código Penal mexiquense desde marzo
de 2011– no es un signo de justicia, sino revela la inacción de las
autoridades, replicó la madre de Eva Cecilia.
Amparo deploró que
El Coqueto haya tenido que matar a seis mujeres para que las autoridades
mexiquenses hicieran algo, toda vez que cuando las madres denunciaron
la desaparición de sus hijas, se toparon con la indiferencia de los
agentes del Ministerio Público.
Con coraje, la mujer aseguró que
las madres fueron quienes aportaron todas las pruebas para que se
localizara y se detuviera al asesino, ya que la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México (PGJEM) “nunca se preocupó por hacer su
trabajo”, acusó.
Pero lo que más indignó a las madres es que las
autoridades las ignoraran y al asesino confeso en cambio hasta le
pagaran una operación por las lesiones que sufrió en la columna
vertebral y en la pierna derecha, luego de caer desde un tercer piso
cuando intentó fugarse de las oficinas de la Subprocuraduría mexiquense,
ubicadas en Tlalnepantla, el 27 de febrero anterior.
Proceso tortuoso
Sin
dar nombres, la madre de Eva Cecilia narró el vía crucis que vivió para
encontrar a su hija, una estudiante de 17 años que desapareció el 26 de
noviembre de 2011.
El 27 de diciembre, después de un mes de salir
todos los días a las calles a pegar volantes, preguntar en oficinas
públicas e insistir en el MP para que le informaran sobre la situación
de su hija desaparecida, Amparo fue a la PGJEM y empezó a gritarles a
los agentes que la atendían.
Ese día, en una oficina del MP de
Tlalnepantla, la mujer exigió hablar con alguien que sí pudiera
investigar, se metió a la fuerza a la Unidad de Homicidios y habló con
un licenciado, quien al ver su enojo la dejó revisar los expedientes de
mujeres asesinadas.
Eran cinco expedientes –recordó Amparo–; el
primero que observó describía a una occisa de entre 18 y 20 años, quien
vestía sudadera azul, mallas negras, short de mezclilla y botas, la
misma ropa con la que su hija desapareció un mes antes.
El cuerpo
de Eva Cecilia fue encontrado el 24 de diciembre, pero fue tres días
después que Vargas se enteró de que su hija estaba muerta. Como una
broma macabra, todavía el 26 de ese mismo mes los servidores públicos le
dijeron que “no había nada” sobre la adolescente.
Situaciones
similares vivieron las otras cinco familias y, de no ser por su
determinación para encontrar al asesino, la sentencia de 240 años nunca
se hubiera dado y Librado Legorreta seguiría matando mujeres ante la
inacción de las autoridades.
Caso emblemático
María de la
Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del
Feminicidio (OCNF), destacó que este caso es emblemático, ya que refleja
que la justicia llega tarde y que el asesinato doloso de mujeres no se
investiga.
El OCNF fue la primera organización civil en denunciar que en los primeros cinco años de la administración del entonces gobernador del Estado de México y ahora presidente de México, Enrique Peña Nieto, se cometieron 922 casos de feminicidio.
Desde
entonces, la gestión peñista negó que hubiera una ola de asesinatos de
mujeres, y rechazó que se decretara una Alerta de Violencia de Género
para poner en marcha medidas de protección urgentes para las
mexiquenses.
Ante la presión social, Peña Nieto envió al Congreso
estatal una iniciativa para tipificar el delito de feminicidio, la cual
fue aprobada en marzo de 2011 y desde entonces el artículo 242 bis del
Código Penal estatal castiga este crimen con penas de 40 a 70 años de
prisión.
Estrada señaló que lo más preocupante en este caso es que
se estuviera asesinando mujeres con el mismo modus operandi, en una
zona determinada y con una frecuencia inaudita sin que las autoridades
hicieran algo para frenar esos homicidios.
Según los cruces de
información de las familias, en sólo dos meses Librado Legorreta mató a
cuatro mujeres sin mayor problema, y todavía se dio el lujo de arrojar
sus cuerpos en un radio de menos de tres kilómetros.
“¿Realmente
se hizo justicia?”, cuestionó Estrada al apuntar que fue necesario que
una mujer salvara la vida para que las autoridades pusieran atención
sobre este fenómeno, es decir, esto es preocupante porque sólo así se
logró la sentencia de feminicidio.
Incluso fue Amparo quien señaló
que el captor de su hija podría estar en la Ruta 2 de microbuses que
corre del Metro Chapultepec a Valle Dorado, trayecto que la joven abordó
la última vez que se le vio con vida, justo cuando se despidió de su
novio para ir a casa después de ir a patinar.
Pero los agentes, a
quienes Amparo tachó de irresponsables y corruptos, no tomaron con
seriedad este indicio y solo consideraron hasta que la joven que
sobrevivió a las agresiones del feminicida decidió denunciar y señalar a
su agresor.
Amparo adelantó que algunas de las madres de las
víctimas se organizan para conformar un grupo que promueva la prevención
y denuncie las desapariciones de otras mujeres, con el fin de que las
familias no tengan que pasar por la misma situación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario