Gabriel
González Celestino, abogado de Hugo Alfonso Hernández Flores, acusado por la
Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de asesinar al policía Juan
Jáuregui, afirmó que llegará a las últimas instancias para que se castigue a
los responsables de la detención irregular.
En
conferencia de prensa, pidió al presidente municipal de Tijuana, Jorge
Astiazarán Orcí, la destitución inmediata de Alejandro Lares Valladares,
secretario de seguridad pública.
Además,
comentó que se solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)
el arraigo de los servidores públicos involucrados en el arresto de Hernández
Flores, en lo que se les investiga por los delitos de Privación de la Libertad,
Abuso de Autoridad, Coalición de Servidores Públicos, Tortura, Falsedad ante la
Autoridad y Asociación Delictiva.
Se trata de
los uniformados municipales Pablo Quiroz Hernández, Julio César Oliva y del
juez municipal, Marco Antonio Martín Armenta.
El abogado
agregó que también se ha identificado a otros tres oficiales: Julio César
Zepeda Anaya, Edmundo Arciniega García y Raúl García Hernández.
Aunado a la
representación legal que lleva a cabo González Celestino, solicita la
desaparición de la Unidad Especializada en Investigación Criminal de la SSPM,
por considerarla anticonstitucional, pues alega, corresponde solo a la PGJE la
investigación de los delitos.
Durante la
conferencia, Hugo Hernández Flores de 22 años, relató cómo policías municipales
ingresaron a la casa de su novia como a las 8 de la mañana del miércoles 20 de
mayo -día del homicidio del policía- para sacarlo a golpes. Recuerda que le
"pusieron la bolsa", le dieron toques eléctricos y lo obligaron a
confesar el delito que no cometió.
Posteriormente
le sembraron 15 envoltorios de cristal y lo consignaron por narcomenudeo, pero
la PGJE consideró la detención como irregular.
En la
investigación por homicidio, el joven que asegura se dedica a la albañilería,
salió negativo en la prueba de rodizonato de sodio, sus huellas no se
encontraron en el arma relacionada y las de su calzado no coincidieron con las
del lugar de los hechos en la colonia Mariano Matamoros. Las anteriores pruebas
fueron suficientes para que quedara excluido de la averiguación por el
asesinato.
González
Celestino refirió de manera extraoficial, que Alejandro Lares Valladares y los
tres servidores públicos identificados de inicio, solicitaron amparos contra
posibles acciones legales en su contra.
(SEMANARIO ZETA/
GENERALEZ/ Saúl Alejandro Ramírez / 26
de Mayo del 2015 a las 10:48:35)
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