Partidos acumulan delitos electorales; informe al
Senado
El uso de recursos públicos para apoyar
a un candidato, y que se castiga con nueve años de cárcel, fue denunciado por
el PRI y el PT en el caso de Sonora, donde señalan que el gobernador Guillermo
Padrés utiliza el aparato de gobierno para apoyar a Javier Gándara
CIUDAD DE MÉXICO, 26 de
mayo.- Además de la guerra sucia que involucra, hasta el momento, a 12 candidatos
en el actual proceso comicial, los principales partidos incurren en al menos
una decena de delitos electorales, según un análisis hecho por Margarita
Martínez Fisher y entregado al PAN en el Senado de la República.
Los delitos entre los que más
incurren las agrupaciones políticas son la entrega de despensas, cooptación y
compra del sufragio, condicionamientos para la entrega de recursos de programas
sociales y rebase en los topes de campaña, entre otros.
Según la legislación vigente,
las fallas implicarían encarcelamiento de tres y hasta nueve años.
El estudio cita algunos
ejemplos, como en el caso de Sonora, donde partidos señalan al gobernador de la
entidad, Guillermo Padrés, de apoyar ilegalmente al candidato panista Javier
Gándara.
ABUNDAN DESVÍOS, LODO, DESPENSAS...
Al menos diez de los ilícitos
que se han denunciado en las actuales campañas ameritan encarcelamiento.
Además de la guerra de lodo
que involucra hasta el momento a 12 candidatos, en el actual proceso electoral
se denuncian públicamente al menos 10 delitos electorales que implican cárcel,
como es el caso de los candidatos que se aprovechan de fondos públicos, como
los legisladores que no pidieron licencia y mantienen sus dietas y apoyos
económicos.
Con base en el catálogo de
delitos que contiene la Ley General en Materia de Delitos Electorales,
aplicables para elecciones federales, estatales y municipales, en esta campaña
son recurrentes las denuncias públicas de la comisión de 10 tipos de delitos,
todos ellos implican encarcelamiento, de tres y hasta nueve años de cárcel.
Las campañas sucias están
prohibidas por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y
ésta faculta al Consejo General del INE y a la Sala Regional del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación a sancionarla con la cancelación
de su difusión y con multas económicas.
Sin embargo, tanto el PAN
como el PRD fueron multados por esta falta y 12 candidatos son sujetos de
campañas difundidas en redes sociales donde se habla de sus trayectorias y sus
actividades políticas, desde una óptica que los muestra como excesivos,
corruptos y mentirosos.
En diferentes estados se
denuncia la entrega de despensas, delito que está castigado con tres años de
cárcel; a decir de los mismos partidos políticos; el PRD y el PAN acusan que el
PRI y el Partido Verde distribuyen despensas en estados como Veracruz y Quintana
Roo.
En un análisis hecho por
Margarita Martínez Fisher y entregado al PAN en el Senado, dice que “en la
delegación Miguel Hidalgo opera una política social incorrecta, no solamente se
trata de un diseño equivocado, la Protectora, ahora denominada Empleadora para
la campaña de David Razú, es en realidad un mecanismo de cooptación; el diseño
como programa social no se ajusta a los criterios determinados por el
EvalúaDF”.
Otro delito electoral es el
que realizan la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en
Guerrero (CETEG), al intentar impedir el proceso electoral, incluso con la
persecución a los funcionarios electorales; la Ley castiga con seis años de
cárcel los intentos de obstrucción del proceso.
Uno más es la amenaza con la
suspensión de la entrega de programas sociales si no se vota por un candidato
en específico. Desde ayer circula en las redes sociales y en volantes en las
calles de la Delegación Miguel Hidalgo una advertencia de que la candidata del
PAN Xóchitl Gálvez es la responsable de la suspensión de la entrega de las
ayudas sociales y llaman a los ciudadanos a votar por el PRD para evitar que se
cancelen estas ayudas; este delito se castiga con hasta tres años de cárcel.
La compra de votos, que se
castiga con hasta seis años de cárcel, ha sido denunciada por todos los
partidos; el PRI mostró un video en el que promotoras del voto por el panista
Jorge Luis Preciado piden la credencial para votar y ofrecer un vale, a cambio
del voto por el panista.
Coaccionar a los trabajadores
para votar por un candidato es un delito. Los panistas aseguran que eso ocurre
en el estado de Veracruz; los priistas y los petistas afirman que eso sucede en
el estado de Sonora.
El uso de recursos públicos
para apoyar a un candidato, y que se castiga con nueve años de cárcel, fue
denunciado por el PRI y el PT en el caso de Sonora, donde señalan que el
gobernador Guillermo Padrés utiliza el aparato de gobierno para apoyar a Javier
Gándara; los panistas hicieron lo mismo con la priista Ivonne Álvarez en Nuevo
León y el gobernador Rodrigo Medina.
También se castiga con nueve
años de cárcel el que un candidato aproveche “fondos, bienes o servicios” de
una institución; en este proceso electoral hay 20 diputados federales y la
senadora Layda Sansores, que no solicitaron licencia de sus cargos y, a pesar
de ser candidatos, reciben su dieta mensual del Poder Legislativo.
Con esos mismos años de
cárcel se castiga el hecho de que las autoridades de cualquier nivel de
gobierno desvíen recursos en beneficio de un candidato o el propio servidor
público haga la promoción; el Tribunal Electoral acaba de sancionar al PRD,
porque David Razú y Víctor Romo utilizaron recursos públicos para promocionarse
e incluso incurrieron en adelanto de campañas.
Y el décimo delito electoral
más denunciado y que es motivo de la anulación de elecciones es el rebase en
los topes de gastos de campaña; Jorge Luis Preciado, en Colima es señalado de
gastos excesivos.
TRIBUNAL ELECTORAL REVOCA FALLO DEL INE
La Sala Superior del TEPJF
revocó la resolución emitida por la Comisión de Fiscalización del INE,
relacionada con las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de
la revisión de los informes de precampaña de los ingresos y gastos de los
precandidatos a los cargos de diputados federales, correspondientes al proceso
electoral federal 2014-2015.
El pleno estimó que la
autoridad vulneró los principios de certeza, objetividad, legalidad,
proporcionalidad y debido proceso, porque dejó de considerar que los
precandidatos son responsables solidarios junto con los institutos políticos en
la rendición de informes de ingresos y egresos, relativos a las precampañas
electorales.
(DOSSIER POLITICO/ Leticia Robles de la
Rosa / Excelsior/ 2015-05-26)
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