Villa Purificación,
Ecuandureo, Apatzingán… Catalogadas por el gobierno federal y los estatales
como “enfrentamientos” con el crimen organizado, masacres como las
recientemente perpetradas en esas localidades de Jalisco y Michoacán guardan
similitudes: ocultamiento o distorsión informativa por parte de las fuerzas o
autoridades implicadas, excesos cada vez más graves en el uso de la fuerza
–tipificables incluso como delitos de lesa humanidad– e impunidad sistemática.
En lo que respecta a Villa Purificación, Jalisco, una investigación de Proceso
ubica la cifra extraoficial de muertos civiles en 43, el doble de los
reportados de manera oficial. Y en todos los casos, la duda es la misma: ¿se
trató de enfrentamientos o de ejecuciones?…
VILLA
PURIFICACIÓN, Jal. (Proceso).- En esta población el mes de mayo se llevó la
quietud.
Hoy, tropas
militares sobrevuelan la zona y patrullan calles, carreteras y brechas; también
plantan retenes. Los uniformados de la Fuerza Única Rural (FUR) sustituyeron a
los municipales, quienes fueron detenidos por supuestos nexos con el
narcotráfico y liberados en masa una semana después.
Molestos por
la prepotencia de los soldados y agentes de la FUR, los comerciantes cierran
las puertas de negocios y sus casas. Un helicóptero de la Procuraduría General
de la República (PGR) maniobra en el aire y desciende para recoger a un
presunto detenido, herido u occiso. Luego vuelve elevarse…
Los
habitantes de este pueblo, plantado casi en el paraíso hace cinco siglos, viven
en la zozobra, temen enfrentamientos similares al del viernes 1, cuando
sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) tumbaron el helicóptero
Cougar EC725 al Ejército.
Veinte días
después de ese encontronazo, en la contraesquina del Palacio Municipal, a la
sombra del escaso arbolado de la plaza principal, a un costado de la parroquia,
se concentra una decena de personas. Son familiares de los muertos y
desaparecidos desde aquel viernes 1.
Algunos
vienen de municipios jaliscienses alejados; otros son de entidades vecinas.
Tardaron días en llegar. Y luego, tras horas de infructuosa espera, decidieron
regresarse, pues ninguna autoridad les dio razón sobre los 43 cuerpos que los
peritos del Servicio Médico Forense (Semefo) se llevaron al Instituto
Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) de Guadalajara.
Estarán
pendientes de los resultados del juicio de amparo (el número 666/2015)
interpuesto por su abogado, Javier Díaz, interpuesto en el Juzgado Quinto de
Distrito en Materia Penal para proceder a la identificación de los cadáveres,
dicen.
Sin embargo,
el instituto asegura que sólo podrá hacerlo si la Fiscalía Especializada en
Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) lo autoriza. Por el momento ni
siquiera puede entregar los resultados de las pruebas del ADN para saber sus
nombres.
(Fragmento del
reportaje que se publica en la revista Proceso 2012, ya en circulación)
(PROCESO/ REPORTAJE
ESPECIAL/ ALBERTO OSORIO M. Y FELIPE COBIÁN R./ 23 DE MAYO DE 2015)
No hay comentarios:
Publicar un comentario