Los dos ataques
ocurridos la mañana del pasado 6 de enero en Apatzingán, con saldo de 16
muertos y de los cuales dio cuenta este semanario en su edición 2007, no fueron
obra sólo de la Policía Federal, como se creía. Al menos en una de las
agresiones participaron soldados de la XLIII Zona Militar, según se desprende
de testimonios incluidos en averiguaciones previas y declaraciones
ministeriales recabadas para el presente reportaje por la periodista Laura
Castellanos. La información es divulgada de manera simultánea por Proceso y el
portal Aristegui Noticias.
APATZINGÁN,
Mich. (Proceso).- En la matanza del pasado 6 de enero en esta ciudad, donde
habrían muerto al menos 16 civiles, no sólo participaron policías federales;
también intervinieron militares, según se desprende del “parte informativo y de
puesta a disposición” contenido en la causa penal 3/2015-I del fuero federal.
De acuerdo
con este documento así como con declaraciones ministeriales de soldados y
policías que aparecen en la averiguación previa AP/PGR/MICH/M-III/008/2015,
entre 100 y 110 efectivos del 30 Batallón de Infantería de la XLIII Zona
Militar (correspondiente a Michoacán) acudieron a las inmediaciones del Palacio
Municipal de Apatzingán tras recibir un “reporte ciudadano” que alertaba sobre
la presencia de personas armadas en el lugar.
En dicho
parte oficial los militares refieren que al llegar a la Casa Constitución,
frente al jardín central, encontraron que civiles disparaban contra agentes
federales, por lo cual “de inmediato intervinimos”.
Según el
documento, soldados y agentes detuvieron y consignaron a 44 personas y
aseguraron seis armas cortas, 13 armas largas y una granada de fragmentación.
La versión oficial es contradicha por declaraciones ministeriales de civiles
detenidos o heridos durante los hechos, contenidas en el mismo expediente
judicial.
De acuerdo
con estas declaraciones, a las 02:30 horas de ese día, un convoy de la Policía
Federal irrumpió por el costado sur del Palacio Municipal. Momentos después un
destacamento militar lo secundó por el costado norte. Dichos testimonios
describen una operación de pinza en la cual federales y militares dispararon al
plantón de 70 rurales y autodefensas que, armados sólo con palos, pernoctaban
en el sitio.
Según estas
declaraciones ministeriales, algunos militares o agentes iban encapuchados y
otros vestidos de negro, y participaron en el tiroteo, las golpizas, las
detenciones y la consignación de los 44 civiles desarmados, entre ellos dos
mujeres, a quienes acusaron de portación ilegal de armas de fuego y asociación
delictuosa.
Algunos de
los manifestantes pidieron auxilio por radiocomunicadores. Al llamado acudieron
varios “guardias civiles” que viajaban en una camioneta. Uno de ellos fue
Eugenio Flores Argueta, quien ante el Ministerio Público relató: “Al momento de
identificarnos como autodefensas, la Policía Federal y la militar nos
dispararon con sus armas de cargo. Nosotros caímos de nuestro vehículo y al
momento de que nos dieron la orden de pararnos me percaté de que un compañero
de los que iba conmigo ya estaba muerto por causa de los disparos de la Policía
Federal y de la militar”.
Los
manifestantes pertenecían al G-250, grupo creado por Alfredo Castillo,
excomisionado federal de Seguridad en Michoacán y actual titular de la Comisión
Nacional del Deporte, a fin de combatir a Los Caballeros Templarios.
Desde el 15
de diciembre tenían un plantón permanente en protesta por la intención de
Castillo de desarmarlos justo cuando, según ellos, enfrentaban nuevas
incursiones del cártel en sus comunidades. Los inconformes también eran parte
del grupo de Los Viagra, cuyos dirigentes han sido acusados de cometer abusos y
de formar un cártel, lo cual ellos han negado.
(Fragmento del
reportaje que se publica en la revista Proceso 2012, ya en circulación)
(PROCESO/ REPORTAJE
ESPECIAL/ LAURA CASTELLANOS/24 DE MAYO DE 2015)
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